SEÑOR DIRECTOR:

Los datos presentados por la Subsecretaría de Prevención del Delito sobre homicidios consumados en Chile muestran que en el primer semestre de 2025 hubo 22 niños, niñas y adolescentes asesinados, frente a 37 en 2024. Aunque se trata de una baja significativa, cada vida perdida constituye una tragedia irreparable y recuerda la urgencia de mantener este tema en la agenda pública.

En este contexto, resulta positivo destacar que este tipo de informes comiencen a incluir un apartado específico sobre niños, niñas y adolescentes, pues permite visibilizar los casos que afectan a este grupo poblacional y orienta el diseño de políticas públicas a la medida. Esto ha permitido, por ejemplo, observar los niveles de riesgo a los que están expuestos los menores de cinco años, quienes son especialmente vulnerables en sus hogares.

El reporte de la Subsecretaría muestra que un 40% de los homicidios de niños, niñas y adolescentes registrados en lo que va de este año ocurrió en domicilios particulares. Un reciente informe del Ministerio Público sobre esta misma materia entrega resultados similares. En 2024, seis de las víctimas tenían menos de un año y un 20% de los casos se produjo en contextos de violencia intrafamiliar, cifra que en 2025 ha aumentado a uno de cada tres.

Estos hallazgos muestran la necesidad de adecuar y focalizar la respuesta estatal a las distintas expresiones del fenómeno. Con ese objetivo, el Grupo Intersectorial para la Prevención e Investigación de Homicidios de Niños, Niñas y Adolescentes, convocado en 2024 por Fundación Amparo y Justicia e integrado por 11 instituciones, culminó su fase diagnóstica y trabaja en propuestas concretas.

Esta iniciativa público-privada ha identificado desafíos críticos como la ausencia de protocolos comunes, barreras en el intercambio de información, insuficiente formación especializada y una mirada adultocéntrica que invisibiliza la gravedad de estos crímenes. Abordar estas brechas es vital para salvar vidas. Aunque los casos sean menos, el compromiso estatal con la niñez debe consolidarse como una prioridad nacional que trascienda los ciclos políticos y cambios de gobierno. Solo un esfuerzo sostenido permitirá avanzar hacia un país donde a ningún niño, niña o adolescente se le arrebate la vida.

María José Bowen

Subdirectora Legal y de Incidencia en Políticas Públicas

Fundación Amparo y Justicia