SEÑOR DIRECTOR:

Las irregularidades en el ingreso de niños haitianos a Chile no terminan en el debate político del Congreso, en los sumarios de Contraloría, ni en la investigación penal de la Fiscalía. Terminarán —o deberían terminar— en una pregunta incómoda: ¿cómo el Estado autorizó el ingreso de cientos de niños y hoy no puede asegurar dónde ni con quién están?

Las conductas individuales y fallas institucionales deben investigarse. Las responsabilidades administrativas, penales y políticas que correspondan deben aplicarse, proceso que debe darse sin apresuramientos ni utilización política. Pero hay algo que esas investigaciones no pueden diagnosticar: una falla del propio modelo.

La reunificación familiar opera como cadena de competencias: el Sermig evalúa vínculos y requisitos migratorios; la DGAC supervisa condiciones del transporte; la PDI controla el ingreso; y los organismos de infancia intervienen ante vulneraciones o denuncias. Cada una puede haber cumplido formalmente su función. Pero ninguna es responsable del resultado final: la materialización de la reunificación con quien la solicitó. No se trata de una omisión menor, sino de una debilidad estructural. Un sistema diseñado para autorizar ingresos, pero no para verificar resultados.

Los actores públicos enfrentan hoy una disyuntiva: seguir disputándose responsabilidades o asumir que reunir a un niño con su familia es un acto de Estado, del que debe responder de principio a fin. Mientras esa lógica no cambie, el próximo caso ya está en camino.

Rodrigo Sandoval

Académico U. Central y ex jefe de Extranjería