SEÑOR DIRECTOR:

Leí con atención la columna del exministro Jaime Mañalich, titulada como esta carta, sobre la nueva ley de protección de datos y me quedó la sensación de que leímos leyes distintas.

Afirma que se exigirá “consentimiento explícito” para cualquier tratamiento de datos de salud. Pero ese concepto no existe en la ley chilena, que habla de consentimiento inequívoco o, en ciertos casos, expreso. Ese término aparece en traducciones de otras legislaciones, no en la nuestra.

Más de fondo: la ley funciona al revés de lo que se plantea. Su artículo 16 bis establece un detallado estatuto para facilitar el tratamiento de datos de salud, dejando en la práctica el consentimiento expreso como una excepción. Autoriza tratar datos sin consentimiento en varias hipótesis: fines científicos, estudios o investigaciones de interés público o en beneficio de la salud humana, y desarrollo de productos o insumos médicos que no podrían desarrollarse de otra manera. Precisamente los casos que la columna da por bloqueados.

¿Las tareas administrativas de hospitales y aseguradoras, como gestionar camas o auditar costos? El mismo artículo exceptúa del consentimiento la gestión de sistemas y servicios de asistencia sanitaria. ¿La vigilancia epidemiológica? También está resuelta: los datos de salud tratados en una alerta sanitaria tampoco requieren consentimiento.

En suma, se pide postergar un año una ley por problemas que la propia ley ya resolvió.

Queda mucho por aprender y desmitificar sobre la protección de datos. Falta, es cierto, la Agencia que debió estar funcionando en mayo y que aún esperamos. Por eso importa que en cada ámbito, incluida la salud, aprendamos que la protección de datos no es un obstáculo: es un derecho que protege la dignidad de todos.

Marcelo Drago Aguirre

Abogado