SEÑOR DIRECTOR:

El proyecto tributario recientemente presentado busca apoyar a las pymes y a la clase media mediante la ampliación del régimen transparente, la creación de un “monotributo social” y opciones simplificadas de cumplimiento tributario. Estas medidas representan un esfuerzo por facilitar la formalización y aliviar la carga fiscal de sectores clave para la economía nacional.

La experiencia comparada en América Latina, recogida por organismos como la OCDE y el CIAT, muestra que los regímenes simplificados son herramientas valiosas para promover la inclusión formal. No obstante, también advierten sobre la necesidad de acompañarlos con políticas de desarrollo productivo y acceso al financiamiento y fortalecimiento institucional, para así evitar su efecto limitado en la recaudación y la formalización efectiva.

En el caso chileno, iniciativas previas como la renta presunta y el régimen ProPyme, evidencian que la simplificación tributaria, sin un enfoque integral, tiende a generar resultados acotados. Por ello, resulta clave asegurar que estas medidas se inserten en una estrategia coherente de desarrollo económico.

El diseño fiscal proyecta compensar su costo, cercano a US$ 1.000 millones anuales, mediante ajustes a los impuestos de altos ingresos y fondos de inversión. Esta compensación puede ser efectiva en el corto plazo, pero para mantener la sostenibilidad y la equidad fiscal, será fundamental resguardar una base tributaria amplia y progresiva.

Más que un alivio sectorial, se requiere un sistema coherente, simple y articulado con políticas públicas que impulsen el desarrollo empresarial. Este proyecto representa una oportunidad para avanzar hacia ese equilibrio, siempre que se acompañe de un compromiso sostenido por la formalización y la sostenibilidad tributaria a largo plazo.

Viviana Puentes

Directora de Escuela de Auditoría Universidad de Las Américas