SEÑOR DIRECTOR:

La política fiscal enfrenta un problema clásico de inconsistencia intertemporal: quien gobierna tiene incentivos a expandir el gasto hoy y postergar los costos de ajuste. Para evitar esto, los países han ido estableciendo reglas. Según la base de datos del FMI, de los 123 países analizados, en los años 90 casi ninguno tenía reglas, mientras que en el 2000 ya un tercio contaba con alguna de balance o de deuda. Las reglas de gasto o de ingreso seguían escasas. El año 2024, más del 80% de los países poseía regla de balance o de deuda, y la regla de gasto se elevó al 50%.

Todas buscan evitar que primen los incentivos al desvío. Ahora bien, aunque ayudan, todas las reglas requieren algo básico: que se cumplan. Y es aquí donde surge una falla en el diseño. Cuando la variable que determina la restricción presupuestaria depende en última instancia del mismo agente que decide el gasto, la regla se debilita como mecanismo creíble de compromiso, y termina siendo una recomendación más que una restricción.

El incentivo del desvío se acrecienta con parámetros que son menos observables—como las elasticidades, recaudaciones de reformas, o base imponible—ya que pueden encubrir la responsabilidad del incumplimiento. La fragilidad es menos evidente cuando los ingresos son altos, pero cuando caen o cuando los gastos deseados son mayores a los factibles, queda al descubierto.

En un contexto de bajo crecimiento y mayores presiones de gasto, el diseño institucional vuelve especialmente sensibles los supuestos macroeconómicos y los parámetros utilizados en la estimación de ingresos. Una posible mejora pasa por separar claramente a quien define la restricción de quien decide el gasto, de modo que la disciplina fiscal sea una regla institucional y no una estimación del propio regulado.

Félix Berríos Theoduloz

Economista