SEÑOR DIRECTOR:

Desde hace meses se discute en el Congreso una reforma al sistema político (Boletín 17253-07, refundido con otros) que, entre otras medidas, contempla la pérdida del escaño para quienes renuncien a su partido.

La medida puede sonar razonable en abstracto, pero no debemos olvidar que las leyes no operan en el vacío, sino que se aplican a casos concretos. Y ahí es donde debemos poner atención.

Hace pocos días, la DC sorprendió al apoyar públicamente a una candidata del PC. Más allá de la evaluación política que uno tenga de esa decisión, lo relevante aquí es otra cosa: ¿qué pasa si un diputado de ese partido no comparte dicha alianza? ¿Si considera que se ha vulnerado un principio identitario de su colectividad? ¿Y si piensa que, siendo responsable con su electorado, no puede seguir siendo parte de esa tienda?

Hoy, ese parlamentario puede renunciar al partido sin problemas, en coherencia con sus convicciones. Pero si la nueva norma estuviera vigente, perdería su escaño automáticamente. Es decir, quedaría atrapado entre la coherencia y la obediencia.

No se trata de defender el transfuguismo, pero sí de comprender que a veces la lealtad al ideario se puede ver trastocada por decisiones colectivas. En esos casos, la renuncia partidaria no es un cálculo, sino un acto de consecuencia.

Es verdad que la reforma constitucional dice que el escaño no se pierde, si la renuncia se funda en un cambio sustantivo en la declaración de principios del partido. Pero en este caso en particular, la DC no ha cambiado ni una coma de su declaración. Por tanto, no se podría invocar esta causal.

Es bueno tener estos antecedentes en cuenta, al momento de legislar. Porque lejos de ser casos ficticios, ya están ocurriendo. Y si la norma no los contempla, el riesgo no es menor: podríamos terminar sancionando a quienes actúan con integridad.

Roberto Munita

Director de Administración Pública UNAB