SEÑOR DIRECTOR:

La Ley 21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), abrió un proceso histórico: reconocer los “sitios prioritarios” que contarán con resguardos legales reforzados. El listado preliminar considera 99 sitios, mientras que más de 230, ya identificados en estrategias nacionales y regionales, serán incorporados en etapas posteriores.

Aunque esta gradualidad está prevista en la ley, la transición genera preocupación: ecosistemas valiosos siguen expuestos en un país que se cuenta entre los más vulnerables a la crisis climática y ecológica. Pérdida de suelos fértiles, degradación de hábitats y comunidades afectadas por eventos extremos muestran la urgencia de actuar. Reconocer y proteger estos sitios no es un gesto simbólico, sino una medida concreta de adaptación y resiliencia.

La diversidad ecológica y cultural de cada región exige una mirada territorial que integre la conservación en la planificación del suelo y del desarrollo. De ahí que la consulta ciudadana en curso sea clave: participar con antecedentes locales y científicos permitirá fortalecer este proceso y contribuir a que la biodiversidad sea la base sobre la cual se proyecte el desarrollo de los territorios, condición habilitante para nuestra propia sobrevivencia.

Claudia Soto Acuña

Geógrafa. Mg. en Planificación Territorial Rural