SEÑOR DIRECTOR:

Se ha instalado una idea peligrosa en el debate público: llamar “valentía” a la renuncia y “madurez política” a la adaptación retrospectiva. Bajo ese prisma, el 12 de noviembre de 2019 no habría sido una claudicación del Estado, sino una decisión prudente; no una inhibición de la autoridad, sino una jugada inteligente para evitar males mayores. Es una narrativa tranquilizadora. Y profundamente falsa.

Ese día el Estado chileno no fue derrotado por la violencia: se retiró ante ella. No porque careciera de medios legales o materiales, sino porque optó por no ejercerlos. Todo lo que vino después —los argumentos sobre derechos humanos, presión internacional o escenarios catastróficos— opera como justificación ex post. Sirve para aliviar conciencias, no para describir la realidad. El mensaje implícito fue claro: si la violencia escala lo suficiente, la institucionalidad cede.

Aceptar esa lógica como prudencia equivale a legitimar el chantaje. Ese daño no se repara con relecturas más finas del “clivaje” ni con reconfiguraciones discursivas.

Resulta revelador, además, el intento de caricaturizar como “testosterona” la exigencia de orden público. Defender la ley no es un problema de temperamento ni de bravata: es el deber mínimo de cualquier gobierno que aspire a llamarse tal.

Hoy se pide que quienes advirtieron esto desde el comienzo “aprendan” del proceso. Pero la historia política es menos complaciente: muchas veces, quienes pierden primero no se equivocan; simplemente se niegan a llamar virtud a la renuncia.

Una política que sólo actúa cuando no hay riesgo no gobierna: administra el miedo. Y eso, por definición, no funda nada que merezca ser defendido.

Álvaro Ferrer Del Valle