Un nuevo capítulo se abre en la batalla que mantienen en la justicia dos actores de la industria de los espectáculos en vivo en Chile, las productoras Swing Booking & Management y Bizarro Live Entertainment.

El pasado jueves 17 de julio, la primera compañía -encabezada por el promotor Carlos Lara y que se ha enfocado en artistas latinos como Luis Fonsi, Marco Antonio Solís o Cristian Castro- interpuso una demanda contra la firma que lidera Alfredo Alonso y que se encarga desde 2019 de producir el Festival de Viña del Mar, además de los más relevantes números hispanohablantes de la actualidad, como Bad Bunny.

¿La razón? Competencia desleal. En la acción judicial presentada en el 9º Juzgado Civil de Santiago, Swing acusa que Bizarro ha incurrido en un abuso de posición dominante de mercado precisamente a partir del certamen de la Quinta Vergara, lo que afecta la libre competencia en la industria nacional de música en vivo.

Bizarro respondió el 5 de agosto a través de su gerente, Daniel Merino, quien interpuso una querella criminal por el delito de injurias graves con publicidad en contra de Lara, ya que considera que este último difundió una serie de imputaciones falsas que -según recalcó Bizarro en su momento en un comunicado- “han dañado gravemente la honra personal y profesional” de Merino.

La arremetida judicial fue interpuesta ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago y se origina por expresiones vertidas en la demanda civil presentada por Lara, en la que acusa a Merino de haber actuado con mala fe al contactar directamente para el Festival de Viña a representantes del grupo Il Volo y otros artistas con supuestos fines desleales, sin respetar relaciones contractuales previas.

Según dicen desde Bizarro, la acción judicial busca que se sancione penalmente al querellado y se restablezca la honra del afectado, “en resguardo de los principios de dignidad y respeto consagrados por la Constitución”, según dijeron desde Bizarro.

El pasado 28 de agosto, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella contra Carlos Lara, estableciendo que se admite a tramitación y se acepta la orden judicial. También se cita a una audiencia de procedimiento de delito de acción privada para el próximo 2 de octubre, a las 9.00 horas, en el mismo tribunal.

El documento también dice que Lara debe comparecer al lugar.