10 años de la ley de Divorcio: la tormenta que no fue

LA CITA era todos los lunes en una oficina del Centro de Estudios Sociales, en calle Esmeralda 636. Siempre con té, café y galletas. Era 1994 y un grupo de diputados trataba de elaborar un proyecto para introducir el divorcio vincular por primera vez en la legislación chilena y cambiar la Ley de Matrimonio Civil vigente desde 1884. Hasta entonces ninguna iniciativa de ese tenor había logrado ni siquiera entrar al Congreso.

Después de la vuelta a la democracia, en el Parlamento se conversaba sobre la necesidad de actualizar las leyes de la familia. Ya se había dado un paso con el proyecto de Ley de Filiación, que terminó con la diferenciación entre hijos legítimos e ilegítimos. "El paso obvio que debíamos dar era el divorcio", sentencia el entonces diputado José Antonio Viera-Gallo.

No por obvio fue fácil. La discusión parlamentaria se alargó por nueve años. El divorcio fue satanizado en el Congreso, en los medios de comunicación y en los sermones de las iglesias. El proyecto, se suponía, era un misil contra el matrimonio y a los parlamentarios patrocinadores les decían, por lo bajo, "rompe familias". Finalmente, el objetivo tuvo que esperar la llegada del siglo XXI y en mayo de 2004 se promulgó una nueva ley que convirtió a Chile en el penúltimo país en el planeta en contar con una ley de divorcio. Sólo antes que Malta, país profundamente católico y conservador que hace un mes aprobó una ley que permitirá la unión civil y la adopción para parejas homosexuales.

En el Chile de los 90 este era un tema delicado, pero en lo que sí estaban de acuerdo promotores y detractores del divorcio es que no podía seguir el régimen de la nulidad. Hasta antes de 2004, era el camino que habían encontrado las parejas que se querían separar para legalizar una ruptura. La anulación era "una mentira institucionalizada". Se argumentaba que el domicilio declarado al momento de la unión por uno de los contrayentes no correspondía a la circunscripción del oficial del Registro Civil. Es decir, que uno se había casado en la comuna equivocada y por lo tanto el oficial no tenía competencia para realizar el acto y se declaraba nulo el matrimonio. Como si nunca hubiera existido. Eso sí, los hijos mantenían su categoría de "legítimos".

Con los años, la nulidad se volvió insostenible. Aunque permitía a las parejas volver a casarse, la tuición de los hijos y las pensiones de alimentos no quedaban reguladas. Además, era un mecanismo muy desigual: las Corporaciones de Asistencia Judicial no lo tramitaban y por lo tanto sólo podían anularse los que podían pagar un abogado. Eso explica por qué, según datos del estudio "Divorcio en Chile. Un análisis preliminar tras la nueva Ley de Matrimonio Civil", de la socióloga y economista de la Universidad Católica Loreto Cox, las tasas de nulidad eran en promedio ocho veces mayores en las comunas de mayor nivel socioeconómico. "Las parejas que no podían pagar la nulidad, con suerte iban a la notaría y repartían los bienes a través de un acuerdo civil o de palabra. Las mujeres tenían que aceptar y quedaban en una situación desventajosa", dice Verónica Gómez, académica del Centro de Estudios y Gestión Social del Maule, de la U. Autónoma de Chile.

Además, ambos tenían que estar de acuerdo en seguir el proceso: la oposición de uno bastaba para que la separación legal se dilatara por años o no se concretara. Así, en 2002, de un total de seis millones de personas casadas, más de medio millón vivía separada de hecho, según datos del Censo. Era tan conocida la farsa de la anulación que algunos tribunales empezaron a rechazar solicitudes, porque desacreditaba la labor de los oficiales del Registro Civil y los interesados empezaron a peregrinar de tribunal en tribunal en busca de un juez que acogiera la causa.

Anularse, además, en muchos sectores tenía una fuerte sanción social. "Mis papás lo hicieron en un tiempo donde muy poca gente lo hacía y el estigma hacia mi mamá fue grande. Incluso se alejó de su propia familia", cuenta Juan Carlos Muñoz (50) sobre la historia de sus padres, que anularon su matrimonio en 1976. Agrega que su madre tampoco estaba muy informada de los trámites. "Ella no sabía que podía alegar por una pensión alimenticia. Por eso no se llevó nada y de mi papá no supe más. Nadie me explicó por qué se separaron ni por qué mi papá se fue".

Seguir escondiendo esa realidad debajo de la mesa era insostenible, comenta Mariana Aylwin (DC), una de las promotoras del proyecto de ley junto a Ignacio Walker (DC), María Antonieta Saa (PPD) y Viera-Gallo (PS). Por eso congregaron a un grupo de parlamentarios y abogados especialistas en derecho civil para hacer una ley bien consensuada. "Elegimos con pinzas a los más liberales de la derecha", dice Saa. Arturo Longton, Eugenio Munizaga y Carlos Cantero. Los abogados convocados fueron la socialista y ex ministra secretaria general de la Presidencia, Paulina Veloso; el rector de la UDP Carlos Peña, que en ese tiempo asesoraba a la ministra Soledad Alvear; el RN Gastón Gómez y Andrea Muñoz, ligada a la DC y quien hace dos meses asumió como ministra de la Corte Suprema. "No teníamos nombre como grupo, pero seguramente nos decían 'los divorcistas' o 'los terroristas de la familia'", comenta Saa.

Se demoraron más de un año en tener lista la bomba. "Nosotros construíamos un relato y los abogados lo articulaban", resume Longton. El tema más conflictivo fue la posibilidad de que existiera divorcio a petición de una de las partes. "Sin divorcio unilateral era como volver a la nulidad", dice Viera-Gallo, quien también reconoce que por otra parte un proyecto muy transgresor habría terminado como otro saludo a la bandera más. "La clave estaba en conquistar los votos de la DC", dice.

En noviembre de 1995, el proyecto ingresó a la Cámara de Diputados. Lo que pasó de ahí en adelante, especialmente en la discusión en la sala antes de la votación, "fue como una Guerra Santa o las Cruzadas", dice Longton. "Había tanta carga valórica que se hacía imposible hacer entender a la gente que las rupturas matrimoniales no tenían nada que ver con la existencia de una Ley de Divorcio", dice Cantero. Tanto Mariana Aylwin como María Antonieta Saa se acuerdan en particular de la explicación que dio Servando Jordán en el Congreso: "Lo que pasa es que las mujeres desde que trabajan se van a la hora de almuerzo a los moteles con los compañeros de trabajo...". Jordán era ni más ni menos que el presidente de la Corte Suprema. "Hoy día si un presidente de la Corte Suprema asiste a una comisión de la Cámara y dice una cosa así tiene que dejar el puesto", dice Mariana Aylwin.

En la vereda de los opositores al proyecto estaba la UDI y una parte significativa de RN. La DC también estaba dividida. La Iglesia Católica se hizo sentir desde el inicio de la discusión parlamentaria, pero con matices. Una de las visitas más recordadas a la comisión fue la de monseñor Juan Luis Ysern, obispo de Ancud, que fue en representación de la Conferencia Episcopal. Primero leyó la postura oficial de la Iglesia, pero después en el diálogo informal mostró una postura mucho más abierta. "Había sacerdotes que nos apoyaban por detrás, sin atreverse mucho. Eso dejaba la sensación de que se podía correr el cerco, un cerco cerrado todavía, pero algo se podía hacer", recuerda Mariana Aylwin. Tiempo después, Ysern le contó a la ex diputada que había sido llamado por el Vaticano a dar cuentas por sus palabras.

Una de las organizaciones que ayudó a articular la postura en contra fue la Red Por la Vida y la Familia, liderada por el entonces asesor del diputado Carlos Bombal y abogado, Jorge Reyes. Él apostaba por que se siguiera aplicando un régimen de nulidad, similar al que contempla la Iglesia Católica.

El día de la votación en la sala (1997), los parlamentarios estaban atrincherados por bandos y las tribunas ardían. "Fue una cosa increíble. Me acuerdo que el cura (John) O'Reilly les tiraba 'torpedos' a la gente de la UDI desde las tribunas para que argumentaran en contra", dice Longton, quien admite que pagó costos por su apoyo y recuerda que en Villa Alemana lo encaraban en las calles por "rompe familias". Cantero, a su vez, dice que le quitaron varios aportes de campaña. Y, según Mariana Aylwin, el divorcio no era un tema popular entre los votantes, lo que cree que puede haber afectado su reelección. "Habiendo sido uno de los rostros que impulsó esa campaña, en la elección parlamentaria del año 97, perdí".

Quienes se oponían también se quejan. "Era una discusión muy ideologizada y abanderizada. Nos caricaturizaban como los conservadores, los retrógrados y los anticuados", dice el abogado Jorge Reyes. Incluso en las intervenciones en la sala los parlamentarios contrarios al divorcio se sentían apuntados con el dedo porque los trataban de fundamentalistas y les decían que no conocían la realidad de las familias en Chile. "Exijo el mismo respeto y que no se caricaturice ni ironice a los muchos chilenos que pensamos que una ruptura matrimonial no necesariamente 'deshace' la vida o que sí la 'deshace', no necesariamente se 'rehace' con la posibilidad de un segundo o un tercer matrimonio civil", dijo en la Cámara la entonces diputada Marcela Cubillos en 2004.

Pese a la incredulidad de los propios patrocinantes, el proyecto se votó a favor y pasó al Senado. "No podía creer que ganamos", dice Saa. La ex parlamentaria cuenta que cuando el proyecto llegó a la comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado pasó un tiempo largo guardado en el cajón del presidente de esa instancia, Hernán Larraín, hasta que el Presidente Lagos se decidió a darle el apoyo en el discurso del 21 de mayo de 2001, lo que reimpulsó el tema.

Un año antes de la promulgación de la ley, la Iglesia se jugó una de sus últimas cartas: propuso que, al momento de casarse, los católicos pudieran optar por un matrimonio indisoluble e irrenunciable. La moción no tuvo respaldo. Pocos meses después vino el capítulo más polémico de la participación de la Iglesia: el spot televisivo que Mega y Canal 13 transmitieron en septiembre de 2003. En él se decía que los hijos de matrimonios rotos tenían alto riesgo de caer en drogadicción, alcoholismo y violencia intrafamiliar. Los datos provenían de estudios realizados por el asesor del ex Presidente George Bush, Peter Fagan, miembro del Programa para la Familia de la Heritage Foundation, uno de los centros de estudios más conservadores e influyentes de Estados Unidos.

Dos años antes, Fagan había venido a Chile invitado por la Universidad Finis Terrae a presentar un libro sobre el divorcio. En esa ocasión fue contactado por el vicario de la Familia, Jaime Fernández, responsable de la campaña. El spot dividió a la misma Iglesia. El obispo de Temuco, Manuel Camilo Vial, dijo que él jamás lo habría difundido. Felipe Berríos les pidió perdón a los hijos de padres separados en una carta. El mismo cardenal Errázuriz, que no vio el spot antes de ser emitido, reconoció el error.

Para ese entonces, según una encuesta del CEP de 2002, un 77% de los chilenos consideraba que el divorcio era la mejor solución cuando una pareja no era capaz de resolver sus problemas y el 78% pensaba que la ley debía autorizar el divorcio cuando lo solicitaba cualquiera de los dos cónyuges.

La normativa finalmente se aprobó y consideró tres fórmulas de divorcio: unilateral -en la que uno de los contrayentes demanda el divorcio, pero debe esperar tres años desde el cese de la convivencia-, por culpa -cuando hay maltratos graves, por ejemplo- y el mutuo acuerdo, para lo cual la pareja debe acreditar un año de término de la vida en común, mediante una escritura pública.

La nueva ley también se hizo cargo de uno de los vacíos de la nulidad. Con el concepto de "compensación económica", el cónyuge que no trabajó por dedicarse al cuidado de los hijos o al hogar común tiene derecho a que se le compense "el menoscabo económico". Esto busca beneficiar especialmente a las mujeres. "Si uno sigue el modelo convencional de que el marido es el proveedor y que la mujer se dedica a la casa, hay que considerar qué pasa con la mujer y cómo se integrará al mercado laboral pagado. Por ejemplo, si tiene una profesión y está desactualizada o si las generaciones que se le adelantaron hicieron carrera cuando ella cuidó a sus hijos", dice Alejandra Ramm, socióloga de la U. Diego Portales.

Luego de la implementación de la ley, mucha gente que en la práctica estaba separada y que incluso tenía nuevas parejas aprovechó para sincerar su estado civil. A una hora de la entrada en vigencia de la ley, el 19 de noviembre de 2004, ya habían ingresado 14 demandas en los tribunales. Ese primer día se calcula que se presentaron más de 50 solicitudes a nivel nacional. Era un síntoma de lo que vendría.

"Al día siguiente me fui a dar una vuelta al Juzgado de Familia de la calle San Antonio, donde están los cuatro juzgados, y me topé con un mar humano de gente", cuenta Alejandro Solís Guzmán, abogado de la Universidad de Chile. Las audiencias se fijaban de un año para otro. De hecho, él presentó 20 demandas ese año, y no consiguió audiencia para ninguna. Ese colapso duró tres años y el peak de divorcios se produjo en 2009 con 53.555 casos. Desde entonces las cifras se han estabilizado y en 20013 hubo 44.449, el número más bajo en los últimos cinco años.

El divorcio tampoco impactó en el matrimonio. En 1985, la tasa de nupcialidad era de 7,5 (de cada mil personas en el país, ocho contraían matrimonio) y la tendencia llegó a su punto más bajo coincidentemente en 2004 (3,3 matrimonios por mil habitantes). De ahí en adelante tuvo un repunte: 3,5 en 2010 y 3,8, en 2011.

El apocalipsis no llegó. "Se dijo que esto era casi suicidio social y que sería un desastre. Una década después vemos que no fue así. La gente se casa incluso más que antes. Ya vimos cómo reaccionamos a esta ley y ahora se puede discutir con antecedentes en la mano alguna modificación, pero en 2004 no se sabía qué iba a pasar", comenta Verónica Gómez, autora de la investigación "Divorcio a la chilena: familia, género y ciudadanía en Chile, 1999-2004".

¿Por qué no se cumplieron los malos pronósticos? Simple: es una ley. Nada más. "La Ley de Divorcio regula una separación que iba a producirse de todos modos, con o sin ley, pero en ningún caso a causa de ella. Lo que sí cambió es que ahora, conociendo con mayor claridad las consecuencias patrimoniales y personales de estas rupturas, la gente se prepara de mejor manera", responde Alejandro Krausz, abogado de Aguayo, Ecclefield & Martínez y especialista en familia.

Según Alejandra Ramm, después de una década es tiempo de simplificar los plazos. "¿Por qué hay que esperar un año para divorciarse, si son personas adultas y los tiempos personales son complejos? Y si no existe acuerdo, ¿hay que esperar tres años? Esta ley trata a los que están casados como inmaduros. Es un paternalismo". Para Rodrigo Moya, director de la Corporación de Asistencia Judicial, se puede considerar conservador tener que acreditar el cese de la convivencia para ponerle fin al vínculo, "pero es un buen control para divorciarse". En la vereda opuesta a Ramm, el abogado Jorge Reyes se pregunta: "¿Cómo es posible que el contrato más importante de la vida sea el más fácil de deshacer?".

La solicitud por mutuo acuerdo permite resolver el divorcio en una sola audiencia. "El usuario entra casado y sale judicialmente divorciado por la sentencia", explica Moya. Por eso, aunque algunas parejas hayan terminado la relación en malos términos, prefieren llegar a tribunales con un acuerdo "para hacer el trámite lo más rápido posible". Eso explica, en parte, que los divorcios de común acuerdo representen hoy el 63% de las separaciones en Chile.

Algunos divorciados sienten que los tiempos cambiaron. Cuando sus papás se anularon en 1976, Juan Carlos Muñoz vivió un proceso bien traumático: nunca más vio a su papá y nadie le dio explicaciones. Hace cinco años le tocó pasar por lo mismo, pero con su ex pareja llegó a un acuerdo en todos los puntos y visita a sus tres hijos regularmente. "Conversamos sobre separarnos un viernes en la noche en familia, porque hoy día los temas se conversan. No fue tan terrible como cuando yo era chico. Tampoco está ese peso social de ser hijo de padres divorciados".