Penas que van de los cinco años y un día hasta los 10 años de cárcel, para quienes porten u oculten armamento, es una de las indicaciones que el gobierno ingresará al proyecto de ley de control de armas.

Esta iniciativa, además de endurecer las sanciones, contempla elevar los requisitos para quienes pretendan adquirir armamento, entre ellos, la obligación de someterse a exámenes sicológicos y el impedimento de que personas condenadas obtengan este tipo de elementos.

Durante una actividad realizada ayer en el Depósito Central de Armas de Carabineros, el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, enfatizó que "la persona que sea sorprendida en tenencia; es decir, con un arma en su casa o que porte un arma hechiza en la calle, tendrá prisión efectiva a partir de una pena de cinco años y un día hasta 10 años".

El jefe de gabinete agregó que aquellas "personas que porten armas no hechizas, ya no van a tener (que pagar) una multa como regularmente se utiliza, sino que tendrán prisión efectiva de 541 días en adelante".

Entre las modificaciones legales que impulsa el Ejecutivo se encuentra entregar la facultad a jueces para requisar armas de personas imputadas por delitos de violencia intrafamiliar.

Otro de los anuncios efectuados por el ministro Peñailillo fue el aumento que sufrirán las penas para quienes entreguen armas autorizadas a menores de edad, delito que pasará de una multa a una sanción de entre 61 a 540 días.

En el caso de las armas de fogueo y las ballestas, se planteó la obligatoriedad de que sean inscritas ante la autoridad fiscalizadora. "(Las) indicaciones son bastantes duras y esperamos salgan del Congreso como ley, lo antes posible", añadió Peñailillo.

Las medidas anunciadas por el secretario de Estado fueron bien recibidas en Carabineros. El director de Control de Armas y Seguridad Privada, general Christian Fuenzalida, aseguró que "las medidas son una herramienta muy útil para ayudar a la seguridad pública. Es fundamental para hacer frente a la delincuencia, ya que nos permiten hacer un control más estricto de las armas en manos de particulares".

Entre los aspectos que considera el plan antidelincuencia impulsado por el gobierno, se encuentra, según un documento presentado a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, iniciativas para fortalecer el rol e inteligencia de la PDI y Carabineros a través de bases conectadas con el Ministerio Público.

El mismo plan contempla, además, realizar campañas de reinscripción de armamento, y asimismo, crear un registro de evidencia balística a cargo de las policías.