En la mente de Lefort: los análisis psicosociales de los 310 días en prisión del “zar de la luz”

Marcelo Lefort, el principal imputado por millonarios sobornos a funcionarios públicos en el negocio de las luminarias led, ha presentado dos informes periciales al tribunal para intentar acreditar su arraigo social y familiar, además de lo mucho que le ha afectado su estadía en la cárcel, y así poder sustituir la medida cautelar que lo ha tenido casi un año privado de libertad. Según los documentos, hoy destina su tiempo a "diseñar proyectos y a replantearse temas vitales" en medio del encierro en el anexo Capitán Yáber. En febrero fue la sexta y última vez que intentó -sin éxito- cambiar su medida cautelar.


“Durante toda su historia de vida familiar, social y laboral presentó un desempeño intachable, de modo que se le evalúa como un ciudadano que desde siempre ha aportado constructivamente a la sociedad”.

Esta es una de las conclusiones del informe pericial encargado por la defensa del dueño de Itelecom, León Marcelo Lefort Hernández (54). El ingeniero está en prisión preventiva desde el 9 de mayo de 2020. ¿La razón? Su empresa es investigada por la fiscalía por el presunto pago de millonarias coimas a al menos 11 municipalidades a cambio de adjudicarse millonarias licitaciones de luminarias led. Su situación actual es muy diferente a la que vivía previo a que se destapara el mayor escándalo de corrupción que investiga hoy el Ministerio Público. Antes, cuando el negocio era un éxito y su empresa se había adjudicado las principales licitaciones de cambio de luminarias led, se hablaba de la época de oro de Lefort, quien era nombrado por sus competidores como “el zar de la luz”. Hoy, muy lejos de ese auge, el empresario urde formas de poder sustituir la prisión preventiva y dejar atrás los 360 días que ya lleva privado de libertad en el anexo Capitán Yáber.

Lefort ha intentado seis veces cambiar su suerte y que un juez modifique su medida cautelar. La última vez que trató fue en febrero pasado. Pero su estrategia judicial no ha tenido los resultados esperados. En uno de los tantos intentos fallidos, el 15 de agosto de 2020, sus abogados Miguel Chaves y Rosita Díaz presentaron a la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, un informe de Lefort realizado por un perito social judicial. Su objetivo era informar sobre su arraigo familiar, social y laboral para optar a penas sustitutivas. Lo mismo hicieron ante el Juzgado de Garantía de San Carlos, el 26 de agosto.

El documento realizado por el asistente social de la Universidad de Chile Manuel Canales Silva en base a entrevistas a Lefort y su familia, analiza su historia en diversos ámbitos. En él se lee que su grupo familiar está compuesto por su esposa desde hace 18 años y sus tres hijas. Oriundo de San Miguel y residente en Peñalolén, es el menor de seis hermanos. La dinámica de su familia de origen fue generalmente “armónica, sin conflictos de relevancia”, y sus padres -según el peritaje- le entregaron “valores tales como privilegiar los estudios como vía de profesionalización y mejoramiento de los estándares de bienestar y de movilidad social”. Se graduó de ingeniero civil en electricidad en la Universidad de Santiago.

Al terminar sus estudios se desarrolló en distintas actividades laborales “hasta conseguir tener sus propias empresas con una gran cantidad de empleados, como es el caso de Itelecom”. Agrega que “la mayor parte de su vida laboral la ha dedicado a proyectos de ingeniería, creación y sustentabilidad de empresas dedicadas fundamentalmente a obras para el sector municipal y otros”.

Según el informe, la estadía de Lefort en la cárcel ha tenido un impacto altamente negativo, tanto para él como especialmente para su esposa y sus tres hijas, “todas afectadas por enfermedades mentales en el mayor de los casos producto del impacto sicológico que les ha significado la situación del imputado, como depresión y otros, con severas consecuencias en la familia, gran consumo de antidepresivos y ansiolíticos, etc.”.

De hecho, detalla que “el impacto se ha extendido al colegio de las hijas, quienes han debido soportar, inicialmente, bullying de parte de sus pares escolares. De este modo, se evalúa que la familia se encuentra profundamente afectada por la privación de libertad del esposo. Este hecho tiene efecto negativo en el señor Lefort, quien también presenta un precario estado de salud”.

Por la pandemia, Lefort estuvo meses sin poder recibir visitas hasta hace un tiempo que se flexibilizaron las medidas y empezó a ver a su esposa cada tres semanas. Pasa sus días estudiando su caso judicial a través de documentos del expediente que le llevan sus abogados y arma minutas que puedan servir para su defensa. En su tiempo libre juega fútbol junto a otros compañeros de prisión.

“Una verdadera tortura”

Pese a la difícil situación, Lefort -dice el informe- cuenta con una gran red de apoyo familiar, tales como sus hermanos, “lo que da cuenta de la existencia de un sólido arraigo familiar”. Según el perito, considerando sus condiciones de salud y el contacto con su familia es urgente que se revise su prisión preventiva y la sustitución de una modalidad de menor intensidad tipo domiciliario.

“El señor Lefort ha desplegado una gran capacidad de resiliencia tanto respecto de su condición personal como la actual de su familia, teniendo siempre la convicción de que se le concedan beneficios cautelares que le permitan atenuar los problemas de salud de su esposa y de sus tres hijas. Presenta un gran sentido de empatía hacia su esposa e hijas, quienes sufren también consecuencias por las imputaciones”, dice el documento.

En el ámbito económico, Lefort percibía $ 8 millones de sueldo hasta la fecha de su detención “en su calidad de socio de Itelecom y otros negocios del rubro”. Con ese dinero pagaba un dividendo de $ 940 mil para su casa en Peñalolén. Hoy todas esas bonanzas económicas quedaron atrás.

Luego, en octubre pasado volvió a presentar un nuevo informe pericial al tribunal para intentar cambiar su medida cautelar. “Se aprecia un estado emocional decaído, sobre todo al evocar el ámbito familiar ante la preocupación por la subsistencia de su familia, siendo por siempre el sostenedor y único proveedor del grupo familiar”, dice el documento realizado por la perito y asistente social Marcela Norambuena.

En relación a su estado de salud, detalla que tiene diabetes mellitus, por lo que su esposa le ingresa quincenalmente Glaformil y Omeprazol. En agosto, la enfermería de Gendarmería le diagnosticó hipertensión arterial, debiendo tomar a diario Losartan de 50 mg. Y en mayo se contagió de Covid-19 probablemente en Santiago Uno, donde supuestamente debía hacer la cuarentena por su ingreso al penal.

Lefort dice que su estadía en la cárcel ha sido “‘una verdadera tortura’, tanto por la falta de humanidad vivida de parte del sistema, debiendo llevar a cabo largos trayectos entre Santiago y el norte de Chile y luego hacia el sur del país, con horas sin comer, sin poder ir al baño, con frío, lo que culmina al ser contagiado con coronavirus en el penal de Santiago Uno”.

A fines de junio fue trasladado al anexo Capitán Yáber tras estar 20 días hospitalizado por Covid. Dijo que ese periodo fueron “meses terribles, pero de los cuales logra sacar una experiencia, habiendo destinado dicho tiempo a escribir o diseñar ideas-proyectos, como a replantearse temas vitales”.

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