El debate en torno a introducir cambios al estatuto de los expresidentes de la República se ha tornado intenso, al punto que en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados se acumulan once proyectos de ley destinados a dicho fin. En ellos se contienen las más diversas fórmulas, ya sea suprimir la actual dieta que recibe un exmandatario, reducir su monto o reemplazarla por una jubilación a partir de los 65 años, entre otras propuestas.

Es muy posible que este debate esté fuertemente cruzado por la situación particular del Presidente Gabriel Boric, quien dejará el cargo con 40 años y a partir de entonces recibirá esta dieta vitalicia -que actualmente llega a $7,3 millones mensuales brutos-, además de las asignaciones contempladas para traslación y gastos de oficinas, que ronda los $10 millones mensuales. Dado que estas son las reglas vigentes, establecidas por lo demás desde el año 2000, cuando constitucionalmente se instauró dicho estatuto, no corresponde personalizar en la figura del Mandatario este debate, sino que los cambios deben ser analizados pensando en horizontes de largo plazo y teniendo a la vista la institución de la Presidencia de la República. Con todo, resulta positivo que se abra este debate, porque permite reexaminar determinadas normas y recoger las experiencias de cómo ha funcionado hasta aquí dicho estatuto.

En esa óptica, la idea de que los expresidentes cuenten con algún tipo de dieta no resulta en sí cuestionable. Desde luego, desempeñar este alto cargo, pese al inmenso honor que representa, también tiene aparejados una serie de costos personales -es una forma entonces de no desincentivar el interés por desempeñarlo-, y es importante velar por que quien ejerza esta posición también cuente con el mayor grado de independencia posible, de modo que las decisiones que deba adoptar no se vean condicionadas a cómo enfrentará su futuro una vez que deje el cargo. Por otra parte, los expresidentes también pueden jugar un rol importante en los países, aprovechando su experiencia y la visión más de Estado que se esperaría de ellos, todo lo cual justifica algún tipo de reconocimiento.

Sin embargo, no parece razonable que la dieta deba ser vitalicia. Para efectos de asegurar que un expresidente tenga suficiente tiempo para reinsertarse laboralmente, podría ser suficiente que la dieta se extienda por dos períodos presidenciales, y cuyo monto desde luego responda a parámetros razonables. Por lo demás, los expresidentes generalmente pueden lograr ingresos por conferencias, clases, pertenencia a fundaciones u organismos internacionales, entre otras actividades.

Las asignaciones que reciben para contar con oficinas o personal sí deberían ser eliminadas. En la práctica lo que se ha visto es que con frecuencia dichas oficinas han terminado siendo utilizadas como plataformas electorales, considerando que, al menos hasta aquí, todos los expresidentes -con o sin éxito- han buscado reelegirse. Por lo demás, recientemente se ha tomado conciencia de que la reforma constitucional introducida en 2020 según la cual legisladores y expresidentes dejarían de percibir “todas las asignaciones” que corresponden a un ministro de Estado, dejó en la práctica un vacío legal en el caso de las asignaciones que reciben los exmandatarios -los parlamentarios siguen recibiéndolas en virtud de otras normas-, por lo que sería una oportunidad para eliminarlas.