Ha sido sin duda una bochornosa semana para nuestra política, luego de que diputados del oficialismo decidieran incumplir groseramente con el compromiso que el gobierno y la oposición habían adoptado para destrabar la moción que establece multa a quienes no sufraguen en los próximos comicios presidenciales y parlamentarios.

El acuerdo, que se había alcanzado con los comités de oposición, buscaba congeniar los distintos intereses que hay en juego. El gobierno, por una parte, está empecinado en restringir el voto de los extranjeros -en la idea de que la Presidencia debe ser resuelta solo por ciudadanos chilenos-, para lo cual el ministro del Interior incluso llegó a condicionar el proyecto de la multa por no sufragar si es que no se avanzaba en el voto de los extranjeros. La oposición, en tanto, ha sido reticente a la idea de cambiar en este momento los requisitos para que voten los extranjeros, como también a la idea de eximir a estos de sanción, pero con tal de asegurar que estas elecciones contemplen multa accedió a que esta se aplique solo a los ciudadanos chilenos, consintiendo en romper con la regla seguida hasta ahora, que multaba a todos los electores. Así, y luego de arduas negociaciones, se acordó que el oficialismo respaldaría la multa solo a los chilenos, a cambio de que también se tramitara una reforma constitucional para endurecer los requisitos bajo los cuales pueden votar los extranjeros.

Inexplicablemente los diputados oficialistas rechazaron la multa, con lo cual el proyecto pasó ahora al Senado desprovisto de su núcleo central. El gobierno ha asegurado que el compromiso se cumplirá -ello incluso fue ratificado el viernes por el propio Mandatario-, de modo que la multa será repuesta en la Cámara Alta, pero al margen de ello es evidente que lo sucedido marca un punto de inflexión en nuestra política, no solo por lo inédito de que un acuerdo político sea súbitamente desconocido, sino además por las implicancias que ello tiene para el sistema político.

Resulta evidente que si el gobierno no es capaz de disciplinar a sus propios parlamentarios y los acuerdos pueden ser caprichosamente desestimados, entonces la propia política entra en un callejón sin salida, porque esta actividad descansa justamente sobre la base de que los acuerdos suscritos entre la oposición y el oficialismo se cumplirán, debilitando además el rol del Congreso, que es la instancia por excelencia para los acuerdos políticos y de esa forma permitir que el país avance.

Lo sucedido no solo ha dejado a la vista los problemas del gobierno para alinear a sus propias fuerzas -todavía no se ha entregado una explicación plausible de por qué se desconoció el acuerdo-, sino que deja abierta la interrogante de si futuros acuerdos podrían ser también desechados en función de lógicas individualistas o de intereses particulares de los parlamentarios, lo que de confirmarse profundizaría el desprestigio de los partidos, el gobierno y el Congreso, lo que constituiría un golpe directo a nuestra democracia.

Las negativas implicancias que conlleva desconocer los acuerdos políticos ya se manifiesta en la propia actividad legislativa, pues los senadores de oposición, a modo de presión, han optado por ausentarse de la sala cuando se han abordado proyectos de ley presentados por el Ejecutivo. Esto por supuesto que ha de generar desconcierto en la ciudadanía, y lo que cabría esperar es que cuanto antes se pueda subsanar, pero es la consecuencia inevitable de un ambiente enrarecido producto del deterioro de nuestra política.

Si bien el desconocimiento de los acuerdos políticos es sumamente grave, no deben pasarse por alto otras anomalías que han quedado a la vista en el episodio que ha rodeado la multa en caso de no sufragio, y que también resultan muy dañinas para nuestra democracia. Desde luego, resulta preocupante la liviandad con que el gobierno y sus parlamentarios asumen sus obligaciones constitucionales, toda vez que la instauración de una multa por no sufragar es algo que mandata la propia Carta Fundamental, de modo que el haber despachado desde la Cámara un proyecto que no la contempla -más allá de que se busque reponerla en el Senado-, o su excesiva dilación -es inaudito que faltando poco más de dos meses para los comicios la multa aún no haya sido zanjada- dan cuenta de este desapego. Más aún, el que existan sectores que aparentemente no les preocupe que el voto obligatorio no vaya aparejado de multa -con lo cual en los hechos el sufragio pierde su obligatoriedad- también es otra muestra de cómo se ha debilitado el cuidado por cumplir con las obligaciones institucionales.

Por cierto que también cabe un fuerte reproche al gobierno, porque no cabe duda de que las gestiones de Interior y la Segpres con sus propios parlamentarios fueron débiles -lo que lleva a preguntarse por el verdadero peso político de estos ministros-, pero es un hecho que el empecinamiento por tramitar ahora una reforma constitucional que cambie los requisitos para el voto de los extranjeros solo ha enrarecido aún más el ambiente en el Congreso, haciendo presumir que lo que subyace de fondo son motivaciones electoralistas. Peor aún, el que se haya insinuado que se condicionaría la instauración de la multa a que se apruebe ahora la reforma a los extranjeros resulta un mecanismo de presión del todo indebido, porque un mandato constitucional no puede ser utilizado como moneda de cambio o sencillamente quedar en suspenso.

El debate de hasta dónde extender los derechos políticos a los extranjeros es legítimo, pero es un asunto que debe ser examinado en su mérito, considerando todos los pros y contra. Abordar este complejo asunto en la antesala de una elección -sin perjuicio de que sus efectos regirían para la siguiente elección-, no solo atenta contra el objetivo de poder sostener una deliberación en profundidad, sino que inevitablemente enturbia el ambiente electoral.