Los recientes procesos de licitación de casinos en Iquique, Coquimbo, Viña del Mar, Pucón y Puerto Varas han sido decepcionantes, ya sea porque fueron declarados desiertos -fue el caso de Viña y de Iquique-, porque solo se registró un solo oferente o bien debido a que, según la autoridad, no se cumplieron con los requisitos establecidos en las bases. Estos resultados -que se dan en un contexto donde desde febrero no hay un titular en la Superintendencia de Casinos- deberían ser mirados con atención, porque probablemente están sugiriendo problemas de orden más estructural, esto es, los diseños de las licitaciones parecen estar respondiendo a contextos que hoy son diametralmente distintos a los que existían hace algunos años.

Los operadores de casinos atribuyen estos fallidos procesos a las gravosas condiciones que se están exigiendo en las licitaciones, donde por ejemplo se mencionan los desmedidos requisitos de algunos municipios, los cuales estarían solicitando una serie de obras conexas y desarrollo de infraestructura que pasaría a propiedad fiscal, sin las debidas compensaciones; asimismo, también se ha mencionado que en algunos casos el pago mínimo requerido por algunos municipios sería desproporcionado. Pero también se ha hecho ver la competencia desleal que implica la industria de apuestas en línea -que de acuerdo con algunas estimaciones en 2025 movió del orden de US$ 650 millones en Chile-, la que opera al margen de toda regulación y sin las cargas y obligaciones con que deben cumplir los casinos establecidos.

La realidad de la industria de los casinos es muy distinta a la que se observaba hace algunos años. Así, por ejemplo, los ingresos en el primer cuatrimestre de este año cayeron 20% en relación con igual período de 2019, mientras que el número de asistentes bajó en 30%. Una de las interrogantes que se abre es si acaso hay menos interés de las personas por el juego y las apuestas, algo que parece discutible si se toma en cuenta el explosivo crecimiento del mercado de las apuestas en línea; así, es posible que la caída en la asistencia e ingresos responda a una combinación de factores, donde posiblemente un aspecto que ha resultado muy incidente es justamente la masividad del juego en línea.

Si bien de momento las apuestas “online” operan de manera ilegal en Chile -según lo han determinado una serie de fallos judiciales-, el camino no es prohibirlas, sino regularlas tal como ya ocurre en diversos países del mundo. En el Congreso ya se tramita un proyecto de ley con ese objetivo, lo que debería permitir que cuando menos los distintos actores operen con reglas similares. Lo cierto es que parece evidente que llevar a cabo una licitación mientras los operadores en línea funcionan en forma desregulada resulta problemático, más aún cuando la autoridad ha decidido comenzar a cobrar IVA a dichos operadores sin esperar la ley, profundizando el cambio de facto que ha ocurrido en la regulación, generando incertidumbre ante las dificultades para predecir los ingresos.

Al margen de estas consideraciones, la experiencia con las recientes licitaciones debería motivar a que la autoridad revise con realismo las bases de las futuras licitaciones, lo que entre otros aspectos supone contar con diseños flexibles ante la masividad del juego en línea.