Un reportaje publicado por este medio dio cuenta del enorme volumen de niñas, niños y adolescentes (NAA) que son atendidos en alguno de los programas del servicio Mejor Niñez -continuador del ex Sename-, lo que se refleja en que se registra un promedio diario de 429 ingresos, una cantidad que de acuerdo con los registros del propio servicio ya supera los nacimientos que en promedio se registran en las distintas maternidades, algo que viene sucediendo desde 2024 y que marca un punto de inflexión.

Al examinar más en detalle las cifras, se observa que la gran mayoría de los recién nacidos que tuvieron que ingresar a programas de protección lo hicieron por abandono, negligencia, abuso u otro tipo de vulneración grave -solo un porcentaje menor corresponde a cesión voluntaria para un proceso de adopción-, aspectos que permiten dimensionar el drama que muchos de estos menores viven a temprana edad.

Pese a los avances que se han registrado en los últimos años para brindar mejores condiciones de vida a niños y adolescentes, aún se advierte una realidad muy compleja en materia de infancia. Desde luego, se sigue observando una dramática realidad en materia de violencia, tal como lo reflejó la segunda encuesta Nacional de Polivictimización, según la cual la violencia hacia los NNA por parte de sus cuidadores principales pasó de un 35% en 2017 a 39% en 2023, donde ha sido notorio sobre todo el aumento de casos de violencia psicológica.

En materia de pobreza, a partir de la actualización metodológica que propuso la comisión asesora presidencial para la actualización de la medición de la pobreza se concluye que 1 de cada tres menores vive en situación de pobreza, superando la estimación vigente que la sitúa en torno al 10%.

Estos crudos datos deberían ser suficientes para que el país tomara conciencia sobre la importancia de contar con un robusto sistema de protección a la infancia vulnerada, pero lamentablemente ello dista de ser así. Las denuncias de abusos sexuales, maltratos e incluso fallecimientos registrados en hogares administrados por el Estado han remecido al país, y por ello se buscó a través del servicio Mejor Niñez -implementado en 2021- subsanar estos problemas. Sin embargo, la repartición ha registrado graves falencias desde su puesta en marcha, con hogares hacinados, listas de espera, niños con y sin antecedentes policiales mezclados o residencias cerradas, una situación ciertamente escandalosa porque en parte se siguen repitiendo las fallas que se buscó dejar atrás. Estas vergonzosas condiciones se dan justamente cuando Mejor Niñez enfrenta crecientes requerimientos de atención, y que no está en condiciones de cumplir.

Esta realidad ciertamente contrasta con lo que se declara en el discurso público, donde políticos y autoridades proclaman que la protección de la niñez debe ser un asunto de primer orden, pero ello no se refleja al momento de asignar las prioridades. Es necesario tomar conciencia que al naturalizar situaciones de vulneración de la infancia no solo se está produciendo una situación profundamente injusta, sino que el país también está incubando graves problemas sociales que repercutirán en el largo plazo. La campaña presidencial debe ser la oportunidad para que estos temas refloten y existan compromisos concretos al respecto.