La discusión legislativa de la Ley de Presupuestos 2026, que debe ser despachada por el Congreso Nacional a más tardar el próximo 30 de noviembre, se desarrolla en un contexto de estrechez fiscal y de llamados a controlar el gasto, lo que a la par ha llevado a que desde distintos sectores hayan surgido voces declarando que los fondos asignados a determinadas áreas del Estado no son suficientes para responder adecuadamente a sus funciones. Dentro de ellas, ha llamado especialmente la atención el tenor de lo planteado por los comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas en la instancia legislativa, en que si bien la propuesta del Ejecutivo considera un incremento de 0,3% en el presupuesto castrense para 2026, han hecho ver una situación actual especialmente delicada.

Aunque no es primera vez que los representantes de las Fuerzas Armadas han hecho ver una situación presupuestaria ajustada -también hubo un importante debate para los presupuestos de los años 2022, 2023 y 2024-, ha resultado sin duda inusual escuchar frases como “estamos salvando el año a costa de consecuencias graves”, o bien que se trata de un “presupuesto de continuidad”. Particularmente llamativos han resultado los dichos del Comandante en Jefe del Ejército, en orden a que “no estamos en condiciones de cerrar el 2025”.

Sin perjuicio de que la realidad de las finanzas públicas no muestra holguras, de modo que los recursos de todas las instituciones del Estado y sus partidas deben ser observadas con atención para determinar dónde pueden hacerse ajustes en pro de una mayor eficiencia, lo que se ha relevado tiene un cariz distinto, por cuanto hay una mayor exigencia de actividades de las instituciones armadas -como por ejemplo el despliegue en la frontera de la zona norte y en la macrozona sur-, sin que correlativa ni oportunamente se asignen los recursos necesarios para ello, situación que reviste especial complejidad atendidas sus funciones. Se trata de una realidad que perfectamente se puede profundizar por el despliegue que deberán hacer estas instituciones en las próximas semanas con motivo de las jornadas electorales, y que también demandan importantes recursos.

No es que las Fuerzas Armadas no puedan abordar distintas funciones dentro del rol que les asigna la Constitución, pero es relevante que para ello el Estado disponga de los recursos adecuados y las instituciones no se vean forzadas a comprometer fondos propios asignados a otras tareas y que producto de ello se puedan ver resentidas sus capacidades materiales y profesionales, que son las que finalmente constituyen el factor de disuasión y cuyo deterioro a la larga resulta muy costoso de revertir.

Es por ello que llama la atención que se sigan sumando propuestas como la reforma recientemente anunciada por el gobierno, en orden a que el Presidente de la República pueda disponer por decreto el despliegue de las Fuerzas Armadas en las fronteras, o que reiteradamente se sigan renovando los estados de excepción, sin que de por medio exista una discusión presupuestaria que asegure poder cumplir con esas operaciones. En ese orden de cosas, sería un avance importante que cuando el Presidente de la República dicte o renueve un estado de excepción, ello venga acompañado de un informe financiero del Ministerio de Hacienda, para de esa forma evitar comprometer recursos inexistentes.