En los últimos días han surgido una serie de denuncias alertando acerca de millonarios pagos pendientes del Estado hacia sus proveedores, lo que desde luego ha generado inquietud por sus potenciales implicancias.

Hace algunas semanas Clínicas de Chile, el gremio que reúne a las principales instituciones de salud privada en el país, alertó por el fuerte incremento que había registrado en el último tiempo la deuda que mantiene el Estado con dichas entidades por concepto de atención de pacientes que pertenecen a Fonasa. Pero el gremio ha sido ahora mucho más categórico, alertando que la situación se ha tornado “insostenible”, estimando que la deuda a septiembre asciende a unos US$ 440 millones; solo en un mes subió en US$ 37 millones. Se trata del nivel de deuda pública más alto desde que el gremio lleva registros, sin que esta situación pueda explicarse por algún evento catastrófico, como ocurrió por ejemplo con la pandemia.

A su vez, la Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud también ha hecho ver que el sector público arrastra una deuda que asciende a unos US$ 70 millones, con atrasos que en algunos casos han superado los 180 días. Esto ha tenido impactos concretos, porque algunas de estas empresas han caído en insolvencia, y en el caso de algunos hospitales públicos el acceso a insumos esenciales se ha visto seriamente restringido.

También ha sido objeto de amplia controversia el antecedente de que el Ministerio de Vivienda (Minvu) mantendría abultadas deudas con constructoras, inmobiliarias y proveedores del Plan Nacional de Emergencia, que algunos han situado en US$ 1.000 millones. El gobierno negó que tal cifra fuera efectiva, desestimando su fórmula de cálculo. Con el paso de los días, el ministro de la Vivienda reconoció que efectivamente existe una deuda, la cual cifró en unos US$ 130 millones, y que el plazo para pagar ya venció, pero que todo ello está en vías de ser subsanado. El Minvu anunció asimismo una auditoría de cuentas en el Serviu de la Región Metropolitana, donde se concentran los principales problemas.

Estos casos sin duda son graves, porque están revelando serios problemas de gestión por parte del Estado, trasladando hacia empresas y entidades de salud el costo de ineficiencias burocráticas, las que han dejado de percibir a tiempo los recursos que les corresponden por trabajos ya efectuados al sector público. Ello no solo está ocasionando serios problemas financieros a las entidades afectadas, sino que de no resolver prontamente esas deficiencias servicios que son esenciales para el país podrían eventualmente ver afectada su continuidad.

Resulta preocupante que la autoridad no aquilate las implicancias de arrastrar deudas y dejar de cumplir con sus compromisos, especialmente cuando hay normas expresas de que por regla general las entidades del sector público deben pagar a sus proveedores dentro de un plazo de 30 días, existiendo casos que pueden extender los plazos en la medida que se trate de situaciones debidamente justificadas.

Si bien resultaría desmedido sostener que el Estado generalizadamente es un mal pagador y que en todos los ámbitos existen situaciones abusivas, estos y otros casos que también se han reportado ilustran que existen espacios de incumplimientos y discrecionalidad de los cuales nadie parece hacerse responsable. Las autoridades han buscado bajarle el perfil a estas denuncias, asegurando que los recursos están disponibles y que en procesos complejos pueden producirse descalces temporales. Pero esas explicaciones claramente resultan insuficientes, porque la principal preocupación debería ser corregir cuanto antes las situaciones anómalas y asegurar que los plazos de pago se ajusten lo más posible al marco legal, o si se trata de casos que por sus procesos de verificación o conciliación requieren de tiempos mayores -como por ejemplo ocurre con los pacientes de Fonasa que son derivados al sector privado-, los tiempos para ello sean mucho más acotados.

En ese orden de cosas, no corresponde que el Estado aplique para sí estándares distintos de los que exige para el sector privado, el que también está sujeto a la ley del pago en 30 días, y donde los incumplimientos están afectos al pago de fuertes intereses, sin posibilidad de escabullir sus responsabilidades. Para el caso del sector público, los incumplimientos que no estén justificados dentro de las excepciones que contempla la ley además darán pie a exigir las responsabilidades administrativas que corresponda, pero no es claro que esto último ocurra, de tal manera que el Estado no parece sentir sobre sus hombros el peso del incumplimiento como tampoco los daños o falta de servicio que ello puede ocasionar en las prestaciones que recibe la ciudadanía. La vara debe ser la misma para todos los actores, sean estos públicos o privados.