La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se apresta a cumplir cuatro meses en el poder, en medio de crecientes dudas sobre el futuro del régimen y las perspectivas reales de un cambio político en ese país. Cuando el 3 de enero pasado, en un operativo sorpresa, fuerzas de Estados Unidos capturaron y extrajeron de Venezuela a Nicolás Maduro, las expectativas de una inminente transición democrática crecieron no solo entre los habitantes de ese país, sino también entre los más de cinco millones de venezolanos que viven actualmente en el exilio, obligados en su mayoría a emigrar por las duras condiciones de vida impuestas por el régimen chavista.

Muy luego quedó claro que la caída del dictador venezolano no implicaría un cambio inmediato. Tanto el Presidente de Estados Unidos como su secretario de Estado aterrizaron las expectativas. El jefe de la diplomacia estadounidense habló entonces de tres etapas, recuperación, estabilización y transición. Y el Presidente Trump, sostuvo incluso que Washington se haría cargo de recuperar y comercializar el petróleo venezolano para estimular así la colapsada economía del país y mejorar las condiciones de vida. Pese a ello, las expectativas de que en un plazo breve se definiera un cronograma para una transición a la democracia seguía presente en los primeros días.

Casi 120 días después, sin embargo, aún no existe un horizonte claro para iniciar un proceso de transición, y lo que se ha visto es un régimen, encabezado ahora por Rodríguez, que sigue enquistado en el poder y decidido a permanecer. Si bien el artículo 233 de la Constitución venezolana, impulsada por Hugo Chávez, establece que en caso de muerte, renuncia o destitución del Presidente se deben convocar a elecciones dentro de los siguientes 180 días, el régimen se ha amparado en el hecho de que el texto no considera una captura internacional para dilatar ese llamado a elecciones, que finalmente debe ser decidido por la Asamblea, controlada por el hermano de la presidenta.

Estados Unidos, por su parte, no ha dado mayores señales de presión al régimen para acelerar el proceso de transición, aunque ha logrado la aprobación de una nueva ley de hidrocarburos y otra de minería que favorece la llegada de capitales extranjeros para la explotación del petróleo. Además, ha entregado una serie de licencias a empresas norteamericanas para invertir en Venezuela, junto con reabrir su embajada en Caracas y nombrar a un nuevo representante diplomático. No está claro aún en qué etapa de las tres señaladas por el secretario de Estado se encuentra actualmente el país.

Así, más que avanzar hacia un verdadero proceso de transición todo apunta a que el régimen intentará mantenerse en el poder. La designación como nuevo ministro de Defensa de quien fuera dos veces jefe del Sebin, el servicio de inteligencia del régimen, es una señal de ello. Hasta ahora poco más de 650 presos políticos han sido liberados y no cinco mil como dice el régimen, y el propio Jorge Rodríguez, líder de la Asamblea, dejó claro que María Corina Machado no cumple con los requisitos para ser amnistiada. Todo ello plantea más dudas que certezas sobre el rumbo que está tomando el régimen venezolano y el compromiso real de EE.UU. con la democratización del país.