La discusión de la Ley de Reajuste del Sector Público 2026 ha estado marcada por una fuerte polémica, producto de los denominados “amarres” que el gobierno pretende dejar a la próxima administración. Junto con el guarismo de reajuste, el Ejecutivo ha presentado una iniciativa extraordinariamente extensa, con más de un centenar de artículos, que incorpora materias que exceden ampliamente el propósito original de la ley. No es la única dificultad que presenta: si bien el reajuste de remuneraciones correspondiente a un promedio de 2,8% durante el año podría considerarse prudente, lo mismo que su costo fiscal (US$ 1.700 millones), han surgido serias dudas sobre su financiamiento.

La ley de reajuste, por su carácter permanente y su tramitación expedita, ha sido históricamente utilizada por el Ejecutivo para incorporar una serie de materias misceláneas que requieren cambios legales y que, por sí solas, no justificarían su inclusión en una única ley. Sin embargo, es un hecho que en esta oportunidad se ha desbordado todo lo razonable, con más de 100 normas de carácter misceláneo, insistiendo en una práctica altamente desaconsejable como son las leyes tipo “ómnibus”. Se trata ciertamente de un despropósito, que en este caso no solo desnaturaliza por completo el debate sobre el reajuste, sino que incorpora tal cantidad de materias que hacen imposible poder siquiera debatirlas.

Varios de sus contenidos son de hecho altamente complejos, que requerirían un debate propio y profundo, como los cambios de giro en Correos de Chile -empresa que ha enfrentado numerosas dificultades- y en Enap, ambos asuntos de quórum calificado. A ello se suman los “amarres” para funcionarios a contrata, modificaciones en las condiciones de empleo para funcionarios de más de 75 años y el adelantamiento del cronograma de implementación de los controvertidos Servicios Locales de Educación, entre otros.

Resulta poco serio que el gobierno, en sus postrimerías, presente una ley de este tipo al Congreso, sin haber despejado previamente las dudas más básicas que se exigen de cualquier proyecto de ley, en particular la identificación clara y transparente de su fuente de financiamiento. Y, al mismo tiempo, incorpore indicaciones misceláneas de último minuto en materias trascendentes, que bien pudieron y debieron discutirse en profundidad durante los cuatro años de su mandato.

Todo ello sin considerar que en lo que se refiere al reajuste mismo, sigue habiendo una serie de interrogantes no despejadas. Cabe recordar que durante la discusión de la Ley de Presupuestos ya se había abierto un debate sobre el financiamiento, dado que el Ejecutivo decidió no reajustar el gasto en personal por la inflación esperada para este año, tal como sí se hizo con el resto de las partidas presupuestarias. Con ello, se asumía implícitamente que el reajuste del sector público sería nulo. Sin embargo, la autoridad confirmó posteriormente que sí habría un reajuste, lo que reabrió de inmediato las interrogantes sobre su financiamiento. El ministro de Hacienda ha insistido en que el financiamiento existe, aludiendo, entre otros mecanismos, a reasignaciones presupuestarias, y si bien ello podría ser factible, está trasladando el problema a la administración siguiente, lo cual hace aún más inaudito que un asunto de tal envergadura se discuta en una “ley ómnibus”.