La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) ha hecho ver los beneficios que traerá el acuerdo alcanzado con la empresa WOM, en el marco de la disputa que enfrentaba a las partes por el incumplimiento de WOM para la puesta en marcha de la red 5G según los plazos previstos en la licitación, y la intención del Estado de hacer efectiva la respectiva garantía, por unos US$ 50 millones, algo que la empresa rechazaba, buscando que dicha garantía se ejecutara en forma proporcional al estado de avance de las obras.

Conforme la fórmula alcanzada, a la firma se le descontará en torno al 30% de la boleta de garantía -lo que supone un pago de aproximadamente US$ 14 millones-, en tanto que deberá asumir una compensación adicional por 950 mil UF, la que podrá ser integrada de manera gradual, ya sea en dinero en efectivo o bien mediante la construcción de infraestructura adicional, lo que será resuelto por la Subtel el próximo año. A su vez, WOM retirará las acciones que había emprendido ante el CIADI. La autoridad asegura que gracias a este acuerdo se mantiene en pie un competidor en esta industria, los pagos que en total compromete la empresa rondan los US$ 53 millones -desestimando que el incumplimiento haya quedado sin sanción- y asegura que las obras se podrán llevar a cabo.

Sin perjuicio de que el acuerdo fue validado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), es evidente que la fórmula alcanzada está sentando graves precedentes, haciendo discutible la afirmación de que con este paso el país claramente ha salido ganando. Por de pronto, es un hecho que aquí ha existido un incumplimiento de los plazos a los que voluntariamente la empresa se comprometió al participar de la licitación, y ante ello lo que habría correspondido era ejecutar las garantías en su totalidad, pues estas se han contemplado como una forma de compensar el incumplimiento de las obligaciones.

Es cierto que con esta fórmula la empresa comprometerá recursos que exceden el monto establecido en las garantías, pero para efectos de la institucionalidad lo que ante todo interesa es que las obligaciones se cumplan en los plazos convenidos. Por lo demás, estas facilidades no resultan justas para las otras empresas que participaron en las licitaciones para el desarrollo del 5G, y que pese a las adversidades han cumplido con los plazos.

Entre los expertos se ha abierto una controversia si acaso legalmente es factible que una garantía pueda ser fraccionada, y también cabe preguntarse qué ocurrirá si la autoridad resuelve que la compensación se haga con cargo a nueva infraestructura, porque en ese caso las nuevas antenas -que serán propiedad de WOM- serán financiadas con recursos que en el fondo pertenecen al Estado, lo que se asemejaría a una suerte de subsidio encubierto.

Es ciertamente complicado para la institucionalidad que se pueda abrir una puerta para que no se respeten los contratos, y en tal sentido se debe desincentivar cualquier atisbo que permita hacer ofrecimientos abultados para ganar una licitación, luego renegociar y así permanecer en el negocio. Asegurar la continuidad de una operación puede tener beneficios, pero si ello es a costa de perjudicar la institucionalidad entonces se dañan los intereses del propio Estado. Si se busca extender los plazos fruto de un incumplimiento, antes deben aplicarse las multas establecidas, porque de lo contrario se sienta un complejo precedente para los competidores.