Desde un primer momento el Presidente José Antonio Kast definió que su gobierno sería de “emergencia”, a partir de lo cual se estructuró un diseño que apuntaría a privilegiar políticas destinadas a enfrentar la crisis de inseguridad -con un combate frontal al crimen organizado y la inmigración irregular-, reactivar la economía, hacerse cargo de un desempleo que en el trimestre móvil terminado en marzo alcanzaba al 8,9%, y abordar una serie de urgencias sociales, como las listas de espera en salud. Al cabo de estos primeros seis meses de esta administración, el balance de cómo se han gestionado estas emergencias no parece ser especialmente satisfactorio, lo que no solo se refleja en la evaluación crítica de la ciudadanía respecto de la gestión del Mandatario y del propio gobierno, según coinciden distintos estudios de opinión -cuadro que además se ve agudizado por una baja generalizada en cuanto a las expectativas hacia el futuro-, sino también por la preocupación que han externalizado sectores del propio oficialismo, que resienten la ausencia o la lentitud con que marchan algunos de estos planes de emergencia, particularmente en materia de empleo.

Ciertamente la tarea que la nueva administración tenía por delante era exigente, y aunque el gobierno confío en que su solo advenimiento bastaba para un cambio de expectativas, la realidad ha terminado siendo muy distinta: la economía crecerá menos de 1% este año -según indican las más recientes estimaciones del Banco Central- y el desempleo ha escalado al 9,5%, donde en el caso de algunos sectores del país dicha variable ya ha superado los dos dígitos.

En los primeros meses el gobierno utilizó como excusa el vaciamiento de las arcas fiscales ocurrido bajo la administración anterior –“no hay plata”-, y el severo estancamiento que arrastraba la economía, además de un desempleo estructural que se había anclado en tasas superiores al 8%. Ese discurso -que por supuesto no era del todo infundado- rindió frutos por un tiempo, pero ya parece evidente que la ciudadanía está empezando a traspasar la responsabilidad del cuadro actual al Presidente Kast: los datos de Criteria muestran que el 38% opina que los problemas en materia de empleo, seguridad y economía son responsabilidad del actual gobierno, superando por primera vez a quienes lo atribuyen a una herencia de la administración anterior. Fue el ministro de la Vivienda quien con toda crudeza lo expresó esta semana: “Estoy consciente de que el problema que tenemos (en la economía) es real, no es culpa del gobierno anterior y, si fuera culpa da lo mismo. Nosotros tenemos que arreglarlo”. Más allá de que posteriormente el secretario de Estado intentó matizar sus afirmaciones, lo cierto es que expresaron un sentir que resulta difícil de ocultar.

Es un hecho que en estos primeros seis meses el gobierno sí ha desplegado intensas agendas, primero en materia de reactivación económica -logrando en tiempo récord la aprobación del proyecto de ley de Reconstrucción Nacional-, y ahora presentando una batería de propuestas en materia de seguridad, con lo cual en parte se subsanó el grave error en que incurrió el diseño original, donde sorprendentemente pese a ser una emergencia priorizada en campaña no había ninguna agenda estructurada.

Frente al exiguo crecimiento que exhibe el país, el problema con que se enfrenta el gobierno es que el proyecto para reactivar la economía solo comenzará a dar sus frutos a largo plazo, apostando por una fuerte reactivación de las inversiones, todo ello potenciado por el rol más proactivo que ha tenido el Comité de Ministros, el cual ha destrabado proyectos por más de US$ 17 mil millones. Siendo todo ello positivo para el país, en lo inmediato está la interrogante de si los planes que ha anunciado el gobierno para abordar los efectos de la baja actividad en el corto plazo, particularmente en empleo, estarán a la altura de la emergencia.

El gobierno todavía no parece calibrar los efectos de tasas de desempleo que se acercan a los dos dígitos, entre otras razones porque de prolongarse es previsible que comenzarán las presiones de sectores políticos para aplicar medidas de corte populista, tal como ocurrió en su momento con los retiros. El Ministerio del Trabajo, que debería ser la punta de lanza en esta materia, ha estado concentrado en el diseño de una agenda para modernizar nuestro mercado laboral, algo sin duda indispensable y cuyos primeros lineamientos muestran que va en la dirección correcta. Sin embargo, se trata de una batería de medidas pensadas para el largo plazo, siendo urgente generar empleos ahora. Para estos efectos se creó la Mesa Interministerial por el Empleo, la cual tiene entre sus objetivos la creación de unos 120 mil puestos de trabajo, donde la primera etapa contempla 50 mil al mes de octubre. Dado que actualmente cerca de un millón de personas están desempleadas, los partidos de Chile Vamos alertan sobre la necesidad de agilizar las iniciativas de corto plazo e incluso introducir un nuevo subsidio al empleo. Hay sectores del oficialismo que resienten el deslucido rol del ministro del Trabajo en este empeño, porque se ve como una señal equívoca que no aparezca tan abocado a las urgencias inmediatas, lo que desde luego requeriría una activa gestión política de su parte, que hoy no se observa.

En materia de seguridad, aun cuando la nueva agenda del gobierno es robusta, sorprendentemente se ha visto entrampada producto de las reformas constitucionales que ha propuesto el gobierno, y que ante las excesivas facultades que el Presidente de la República pretende concentrar incluso ha sido objetada desde el oficialismo. Es extraño que el gobierno haya privilegiado un diseño que solo distrae de la urgencia de contar cuanto antes con medidas concretas que, por ejemplo, permitan aumentar la presencia policial en las calles, refuercen la persecución penal o incrementen las tecnologías para prevenir delitos. Con todo, sí se han logrado avances importantes en la disminución de homicidios -al cierre del primer semestre hubo una caída del 11% respecto de igual período del año pasado, consolidando una tendencia que ya venía del gobierno anterior-, lo que sí es consistente con la noción de una emergencia, pero que no basta para aplacar las críticas por la falta de resultados más concretos en la vida diaria de los ciudadanos.

En fin, más allá de logros puntuales en estos ámbitos críticos -también hubo avances en materia de listas de espera oncológicas-, lo cierto es que, atendido el descontento ciudadano con la marcha que lleva el país, es claro que el gobierno debe agilizarse para acelerar las medidas de emergencia, recuperando lo que fue el espíritu con que partió esta administración.