El ministro de Seguridad Pública ha señalado por estos días que esta administración recibió un país en condiciones muy críticas desde el punto de vista de seguridad, y va a dejar uno “normalizado” cuando termine el mandato. Así, el ministro hizo ver que no solo la administración anterior, sino el sistema político en su conjunto, no fueron capaces de ver los problemas que se estaban incubando en materia de inmigración ilegal, violencia en la Macrozona Sur, aumento de homicidios y la manera cómo se expandió el crimen organizado, entre otros.

Las aseveraciones del ministro ciertamente contrastan con lo que la ciudadanía percibe a diario en materia de seguridad, donde probablemente la visión de la mayoría está muy lejana a cualquier atisbo de “normalización”. Por de pronto, la idea de que nos vamos acercando a una cierta estabilidad es totalmente incompatible con lo que se observa en el debate político, donde las principales candidaturas presidenciales han concordado en que uno de los mayores desafíos -si no el principal- será enfrentar precisamente la inseguridad, haciéndose eco de lo que los propios chilenos demandan como una dimensión prioritaria no solo de este gobierno, sino también del que vendrá. Asimismo, los niveles de temor en la población frente a la posibilidad de ser víctima de un delito siguen siendo altísimos, lo que ha llevado a muchos compatriotas a modificar sus hábitos de vida, por ejemplo reduciendo las salidas nocturnas, o bien invirtiendo cada vez más en seguridad para sus hogares.

Es difícil imaginar un ambiente de normalización cuando prácticamente a diario se informa de asesinatos en plena vía pública -en la mayoría de los casos producto de disparos-, donde si bien la mayoría de estos podrían atribuirse a ajustes de cuenta o disputas territoriales, no borran el hecho de que semejantes actos, además de poner en gravísimo peligro la integridad de la población, también dan cuenta de un cuadro de violencia extendida. Con preocupación se advierte un incremento de fenómenos como los “turbazos” -donde locales comerciales u hogares son asaltados por delincuentes actuando en manada-, y es la propia Fiscalía la que ha alertado sobre el inquietante aumento de los delitos de secuestro. En materia de homicidios los datos oficiales indican que a partir de 2023 se logró quebrar la tendencia al alza que estos delitos venían mostrando desde 2018, pero los más de 1.200 asesinatos registrados en 2024 y una tasa de homicidio de 6 personas por cada 100 mil habitantes continúan estando entre los niveles más altos de nuestra historia. El crimen organizado, por su parte -posiblemente la mayor amenaza que enfrenta el país en materia de seguridad- es un fenómeno en plena expansión, donde recientemente el país ha sido testigo de cómo sus tentáculos han ido penetrando en distintas instituciones.

Lo anterior no es incompatible con la noción de que el gobierno, la Fiscalía y las policías han logrado anotarse una serie de éxitos desarticulando peligrosas bandas, disminuyendo el número de ataques en la Macrozona Sur o conteniendo los homicidios, pero hablar de que el país está en vías de ser “normalizado” no solo resulta un diagnóstico que no se condice con la realidad, sino que muestra poca empatía con la situación de inseguridad que a diario viven miles de chilenos.