La política fiscal del gobierno termina con un tercer incumplimiento de la meta de balance estructural y con una desviación que, sin mediar una crisis, es la más severa desde que rige la regla fiscal de balance estructural, lo que hace fundamental comprender las razones que hubo detrás de ello, así como el grado de responsabilidad que le cabe al gobierno.

Si bien es la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, junto con el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, quienes aparecen como las caras visibles de esta debacle, Grau solo ha estado en el cargo algunos meses, asumiendo luego de la inesperada renuncia de Mario Marcel en agosto pasado. Considerando que el exministro fue quien lideró la política fiscal durante casi tres años y medio, es él quien aparece como el principal responsable de este decepcionante resultado, sin perjuicio de los errores evidentes en que incurrió la Dirección de Presupuestos en una serie de estimaciones, sin perjuicio que la responsabilidad última recae en el ministro de Hacienda.

La principal razón de los incumplimientos de las metas autoimpuestas por el Ejecutivo fue una sobreestimación de los ingresos fiscales contra el presupuesto inicial de US$ 4.500 millones en 2024 y de US$ 7.400 millones en 2025. Difícilmente podría alegarse que no hubo forma de anticipar la magnitud de estas desviaciones, toda vez que los “errores” en dichas estimaciones fueron seguidos de reiteradas advertencias por parte del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) en orden a que las proyecciones de Hacienda no se cumplirían, lo que terminó confirmándose. El exministro Marcel atendió selectivamente las sugerencias del CFA en esta materia, lo que lo llevó a registrar tres incumplimientos de metas y, en más de una ocasión, a enfrentarse a los fundamentos del CFA.

La discusión del presupuesto 2025, iniciada en octubre de 2024, es ilustrativa del modo de operar del Ministerio. Marcel fue incapaz de reconocer a tiempo un evidente error en la estimación de los ingresos de 2024, a tan solo tres meses del cierre fiscal. Dos meses después, debió reconocer una desviación de US$ 3 mil millones en los ingresos, lo que obligó a corregir los ingresos para 2025, que a todas luces fue insuficiente. Ambas correcciones en ingresos fueron del orden de magnitud que anticiparon el CFA, los analistas y los parlamentarios durante la tramitación del presupuesto 2025. Este modo de operar se repitió en los meses de octubre y noviembre de 2025, durante la tramitación del presupuesto 2026.

Semanas antes de dejar el cargo, el propio Marcel presentó el Informe de Finanzas Públicas del segundo trimestre, reconociendo implícitamente que, aun ejecutando las medidas correctivas propuestas -que registraban un escaso avance-, el gobierno no lograría cumplir la meta comprometida para 2025 de alcanzar un déficit estructural del 1,6% del PIB. En otras palabras, antes de su renuncia el ministro ya tenía perfecta claridad de que el escenario central era el incumplimiento por tercer año consecutivo.

El CFA, por su parte, con el informe de ejecución de ingresos y gastos de julio de 2025 -el último publicado bajo la conducción de Marcel-, señaló que “para alcanzar la meta de ingresos establecida por la Dipres, la recaudación del segundo semestre deberá superar en 8,2% lo efectivamente acumulado durante el primer semestre. Cabe tener presente que, en los últimos 10 años (excluyendo el periodo de pandemia), la mediana de los ingresos fiscales del segundo semestre ha sido 1,7% inferior a la del primer semestre, lo que refleja un desafío significativo”. A la luz de dichas consideraciones, era evidente que resultaba imposible cumplir con la proyección de ingresos del Ministerio, lo que incrementaba el déficit fiscal previsto para 2025. Un mes después, Hacienda ajustó nuevamente la meta fiscal por este motivo.

Pese a ese cuadro, es insólito que el gobierno haya intentado instalar un relato de éxito al celebrar que “estabilizó la deuda pública”. La deuda es, por definición, el resultado de gastar más de lo que los ingresos permiten financiar, y lo que ocurrió en 2025 es que el mayor déficit obligó a incrementar la deuda. Que la razón deuda/PIB haya bajado hacia fin de año por el menor tipo de cambio o por un aumento del PIB nominal asociado al precio del cobre es, en esencia, un efecto contable. No es mérito de gestión; es un indicador que se movió debido a variables externas al control del Ministerio. Por lo demás, como forma de contener la deuda se echó mano a fondos de la Corfo y hubo un cuantioso drenaje de los fondos soberanos sin que mediara una crisis, lo que ratifica que no hubo mayor mérito en eso.

En Chile, el diseño constitucional es claro: el Presidente de la República administra el Estado, y el ministro de Hacienda es su brazo principal en la conducción fiscal. Por eso, una secuencia de incumplimientos de esta magnitud y gravedad no puede cerrarse con frases comunicacionales ni con explicaciones ex post. Si el país aspira a preservar la credibilidad de la institucionalidad fiscal, es clave hacer valer las responsabilidades políticas de las autoridades cuando ello así lo amerite, y será ahora labor del Congreso evaluar en profundidad si hubo incumplimientos de deberes legales o constitucionales en la conducción del erario, más allá de que Marcel ya no pueda ser acusado constitucionalmente porque el plazo para ello ya expiró.

Ante este escenario fiscal tan deteriorado, resulta evidente que el país no puede seguir soslayando esta realidad; en esa perspectiva, ya no cabe duda de que 2026 deberá ser un año donde un ajuste fiscal de envergadura se hará ineludible, y es importante empezar a prepararse para ello. El Presidente electo, José Antonio Kast, ha declarado una “emergencia fiscal”, lo que desde ya permite poner en perspectiva la magnitud del desafío que se viene por delante. Así, acertadamente el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha anunciado recientemente un primer ajuste de gasto por US$ 3 mil millones al asumir el cargo. Es de esperar que el actual oficialismo -futura oposición-, colabore en este propósito y no se transforme en un obstáculo para las tareas que el actual gobierno debió haber hecho hace tres años, y que por razones inexcusables no se hicieron.