Tras lo detectado por la Contraloría General de la República hace un año en el sector público en cuanto a un abuso respecto de licencias médicas, donde miles de beneficiarios del permiso laboral aparecían viajando fuera del país -vicios que luego también se detectarían en el sector privado, a raíz de fiscalizaciones llevadas a cabo por la Superintendencia de Seguridad Social-, la Corte Suprema hizo lo propio respecto de sus funcionarios, abriendo 104 investigaciones en el caso de los jueces. De acuerdo a lo informado por la presidenta del máximo tribunal, dichas indagatorias concluyeron con la apertura de un cuaderno de remoción en 56 casos -entre los cuales figura el polémico juez de garantía Daniel Urrutia-, todo lo cual, aseguró, persigue resguardar la fe, la confianza pública de la sociedad en el Poder Judicial. La decisión implica que los afectados tienen 5 días hábiles desde su notificación para presentar sus descargos y la Corte de Apelaciones respectiva para informar, luego de lo cual se dictará la resolución sobre el futuro del magistrado.

Era esperable que luego de que la Contraloría detectara un gran número de casos irregulares, en el Poder Judicial también se descubrieran situaciones por el estilo. Sorprende, sin embargo, el alto número de jueces que han sido sorprendidos en una potencial falta, lo que resulta particularmente complejo porque se trata de quienes precisamente están para hacer cumplir las leyes e impartir justicia, por lo que su actuar debería ser ejemplar. El paso que dado la Corte Suprema debe por lo mismo ser valorado, pues se ha entregado una importante señal en cuanto a la transparencia que debe prevalecer en el Poder Judicial, investigando y haciendo público sus resultados, así como la disposición para incluso destituir a aquellos magistrados que no han observado un recto actuar -un signo de que esta vez no parece haber disposición para la impunidad-, lo que supone un apropiado entendimiento de que lo que aquí está en juego, esto es, la confianza pública en la administración de justicia y en el estándar de integridad que se les debe exigir a quienes la imparten, algo que excede lo que es propiamente la disciplina judicial.

Es un hecho que el Poder Judicial ha estado muy golpeado en el último tiempo a raíz de una serie de situaciones escandalosas, donde ministros de la propia Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones de Santiago han aparecido implicados en graves irregularidades, que en algunos casos dio pie para destituciones. Son pasos necesarios para afianzar la confianza en la justicia -en la última encuesta CEP la confianza en el Poder Judicial solo llegó al 24%, algo mejor que la anterior medición, (16%), pero aún muy lejos de lo que se consideraría óptimo- y por cierto este proceso no habría estado completo de no haber mediado una investigación sobre el uso de las licencias médicas y con la señal de que el máximo tribunal está dispuesto a aplicar sanciones ante conductas que afectan la credibilidad e imagen del sistema.