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El exsubsecretario de Previsión Social salió del gobierno el 26 de mayo por denuncias de acoso y, casi dos meses después de ello, recibió un correo electrónico donde, en el marco del sumario administrativo que instruyó la ministra del Trabajo, se le citaba a declarar el 3 de agosto. Sin embargo, no fue a la instancia.

La demanda que presentó el exsubsecretario de Previsión Social contra el Ministerio del Trabajo por tutela laboral, revela un texto escrito por Larraín donde hace un análisis de la situación en la que se encuentra a dos meses de su salida del gobierno que ocurrió en medio de acusaciones de acoso. Allí, entre otras cosas, confiesa: "Mi mayor miedo es ver limitadas mis opciones de trabajo”.

El exsubsecretario de Previsión Social solicita $80 millones por violación al derecho al honor y valoriza el daño moral en otros $500 millones. La denuncia revela la cronología del día en que Larraín fue despedido por denuncias de acoso y que, casi dos meses después de ello, recibió un correo electrónico donde, en el marco del sumario administrativo que instruyó la ministra del Trabajo, se le cita a declarar el 3 de agosto.

Reyes, que viene a ocupar el cargo de Christian Larraín, ya había trabajado con la ministra durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet.

El reconocido abogado defenderá pro bono -es decir gratis- al otrora jefe de servicio que fue desvinculado tras una acusación de acoso. Las vías legales que se estudian van desde solicitar la intervención de Contraloría hasta presentar querellas por injurias en sede penal donde la exautoridad buscará defender "su honra y dignidad".

El reglamento rige para el organismo desde el 26 de septiembre de 2019 y establece que al recibirse una denuncia, la autoridad podrá darla por recepcionada o, en caso contrario, podrá desestimarla, fundamentalmente en un plazo de tres días.

El titular de Hacienda valoró este martes el trabajo que hizo la exautoridad en el marco de una de las reformas emblemáticas del gobierno, lo que generó ruido en el oficialismo debido al contraste que se evidenció respecto de los dichos de la ministra Jara. Pese a todo, en Hacienda descartan que haya sido una defensa hacia el ingeniero comercial por sus acusaciones de acoso sexual. Su intervención, dicen en la cartera, fue para que el proyecto no pierda apoyo.

"Lo que operó en este caso es una decisión en virtud de estos antecedentes que eran, como les digo, reportes y reclamos. Hasta ese momento no se habían oficializado denuncias por los canales que dan lugar a sumarios", afirmó la jefa de gabinete.

La idea consideraba que no hubiese cuentas nocionales. En cambio, apuntaba a que un 3% de la cotización extra se destinara a cuentas individuales aplicando previamente un mecanismo redistributivo. Esos recursos se sumarían a la actual cotización que va a cuentas individuales, y sería gestionado por los IPP o el IPPA, según definiera cada afiliado. El 3% restante se destinaría a financiar los mismos seguros sociales que propone el gobierno actualmente, pero Larraín evaluaba una fórmula distinta a la del proyecto para administrar dichos recursos.

El exministro y exdiputado, declaró que "el gobierno no entiende que los logros duran hasta que se comete alguna torpeza", por lo que la situación en el Ministerio del Trabajo estaría eclipsando la aprobación del salario mínimo.

Según señalan fuentes conocedoras, la propuesta de Larraín consideraba que no hubiese cuentas nocionales. En cambio, apuntaba a que un 3% de la cotización extra se destinara a financiar los seguros sociales que propone el gobierno, y que el otro 3% fuera a cuentas individuales. Eso sí, en este último 3% la idea es que primero se aplique un mecanismo redistributivo de ingresos altos, a medios y bajos.

En el ministerio aseguran que la titular del Trabajo ha recibido nuevos antecedentes de "actitudes" del ingeniero comercial. Sin embargo, la secretaria de Estado, quien ha tenido que salir a dar más de una explicación, no ha detallado cuándo llegaron las denuncias, quién las recepcionó, cuántas son y cuál es su contenido.

Desde la cartera indicaron que el decreto comenzó a tramitarse el lunes 29 de mayo, mismo día en que "funcionarias afectadas" formalizaron denuncias en contra de la exautoridad. "Como la renuncia estaba en proceso, dichas denuncias sí permitieron instruir un sumario antes de cerrar el proceso”, destacaron.

En el ministerio aseguran que la titular del Trabajo ha recibido nuevos antecedentes de "actitudes" del ingeniero comercial. Sin embargo, la secretaria de Estado, quien ha tenido que salir a dar más de una explicación, no ha detallado cuándo llegaron las denuncias, quién las recepcionó, cuántas son y cuál es su contenido.

El titular de Justicia sostuvo que si la investigación administrativa en contra del ahora exsubsecretario se inició antes de su renuncia, "se puede seguir instruyendo".