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Dentro de las indicaciones más polémicas se respaldaron las propuestas de la derecha en torno a la exención en el pago de contribuciones, la objeción de conciencia y la reelección de autoridades.

En tanto, solo un 19% estaría por aprobar el texto que incluye las modificaciones que han realizado los miembros del Consejo Constitucional. Un 64% aseguró no haber escuchado de las enmiendas que se discuten en el consejo.

El partido que lidera Javier Macaya busca que republicanos desista de algunas de sus principales enmiendas hechas al borrador elaborado por los expertos. Al mismo tiempo, concientizar a los círculos de influencia y a las fuerzas que apoyaron el Rechazo sobre el riesgo que implica seguir con la misma Carta Fundamental.

Los consejeros están entrando a la recta final de su trabajo, a menos de 24 horas de cerrar las votaciones en las comisiones y con un cúmulo enorme de nudos críticos en los que aún no hay acuerdo con la derecha.

“La verdad es que el gobierno no comenta los temas que se discuten en el consejo constitucional, sobre todo cuando está un proceso de votación en marcha. El único dato que vale la pena consignar es que de la recaudación de impuesto patrimonial el 50% de esa recaudación viene de las comunas de Las Condes, Lo Barnechea, La Reina, Ñuñoa, son todas del barrio alto de Santiago”, dijo el secretario de Estado.

Pilar Cuevas (RN) se refirió a la ofensiva de las fuerzas de gobierno para impugnar la incorporación de nuevos capítulos al anteproyecto constitucional propuestos por su sector y republicanos.

El tribunal especial quedó integrado por la ministra Andrea Muñoz, quien ejercerá como presidenta; los ministros Jorge Dahm, Arturo Prado, Mario Carroza y la ministra María Cristina Gajardo. La Comisión designada tiene un plazo de dos días para emitir el fallo respectivo.

El documento, de 37 páginas y firmado por 14 consejeros de todos los partidos de izquierda, pretende impugnar la creación de nuevos acápites ya que, juicio de las colectividades de gobierno, esto implica una infracción a las reglas del procedimiento que rigen al Consejo Constitucional. La reclamación será alegada por el abogado William García.

En concreto, la titular de la Segegob se refirió a la enmienda que alude a la posibilidad de que condenados mayores de 75 años puedan cumplir su pena bajo detención domiciliaria; a las que aluden a no distinguir por género expresiones como "Presidente de la República", e indicó que se busca “constitucionalizar modelos que son debatibles como lo de las Isapres, las AFPs".

El jefe de la cartera de Justicia se refirió a la modificación para que personas mayores de 75 años o que padezcan enfermedades terminales cumplan condenas en sus casas.

El ministro de Justicia se refirió a las modificaciones que ingresaron las distintas fuerzas políticas al texto de la Comisión Experta, manifestando que, a su juicio, en algunas de las anunciadas se observa un retroceso en la discusión legal.

El jefe de la bancada republicana dentro del Consejo Constitucional dijo que desde la constitucionalidad, buscan establecer que "el que está por nacer tiene una protección, porque eso es vida humana" y que su colisión con la ley, deberá determinarse por los "operadores jurídicos", como jueces y abogados. También planteó que no hay tiempo para resolver las más de 1.000 enmiendas presentadas al proyecto de Carta Magna.