Eduardo Saffirio sobre la nueva Constitución:“Hay un riesgo de que se imponga un supremacismo moral, como lo vimos con los dichos de Jackson”

Abogado, exdiputado DC, hasta julio fue consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos. El fin de este organismo en la nueva Constitución es una de varias razones por las que votará Rechazo.


Desde 2016 hasta julio de este año, Eduardo Saffirio (63) jugó un silencioso, pero clave rol como uno de los 11 miembros del consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en tiempos difíciles, como el estallido social. Incluso, fue su reciente salida la que produjo un desbalance en el apoyo que tenía el presidente del organismo, Sergio Micco, provocando su bullada salida. El fin del INDHen la nueva Constitución es una de las varias razones por las que el abogado y exdiputado de la DC por La Araucanía votará Rechazo.

“La nueva Constitución cambia la institucionalidad en derechos humanos. Ya no habrá un organismo colegiado como es hoy el INDH, con 11 consejeros que definen su política. Habrá un organismo unipersonal llamado Defensor del Pueblo que, a mi juicio, tendrá problemas de pluralismo, de captura del cargo y de idoneidad de la persona, ya que prácticamente no se establecen requisitos”, señala.

¿Cómo se escogerá al “defensor del pueblo?

Por mayoría simple de la Cámara de Diputados y Diputadas y de la Cámara de las Regiones. Hoy, en cambio, los nombramientos en esta materia que hace el Congreso son por mayorías calificadas (4/7), justamente para garantizar el pluralismo y dificultar la captura. Además, esta persona podrá ser reelecta, y el querer asegurar su reelección puede ser un incentivo para perder autonomía frente a las mayoría políticas.

Saffirio, quien renunció a la DC en 2017 tras la fallida candidatura presidencial de Carolina Goic, continúa enumerando las que, a su juicio, son las grandes debilidades que tiene la propuesta constitucional en materia de derechos humanos y garantías de las libertades personales.

“No se consagra el derecho a la honra, lo que es un retroceso. Desaparece el recurso de protección, que será reemplazado por una acción de tutela en tribunales de primera instancia que, como han advertido muchos abogados, significará una sobrecarga de la jurisdicción ordinaria. Veo problemas en la libertad de enseñanza que pueden afectar a los establecimientos privados en todos los níveles de enseñanza.

Partidarios del Apruebo aseguran que el Sistema Nacional de Educación que se propone garantiza la libertad de enseñanza.

Es que la consagra, pero ya no está presente la garantía explícita de apertura y mantención de establecimientos privados. Esto rompe con una tradición en materia de sistemas mixtos de educación como los que hemos tenido desde el origen de la República. Los actores privados ligados al tema han planteado que, al desaparecer esta garantía, el Estado puede ser muy renuente a su financiamiento, es decir, se puede convertir la libertad de enseñanza en una declaración meramente retórica. El texto tiene una visión ideologizada, donde lo único que se ve como positivo es la educación estatal y se pone énfasis en que los contenidos deben ser de género, animalistas, ecologistas, que deben difundir el consumo responsable, la diversidad cultural, etc. Entonces, hay un riesgo de que se termine imponiendo una particular visión que muchas veces reivindica un supremacismo moral, como lo hemos visto esta semana con los desdichados comentarios del ministro Giorgio Jackson.

Algunas personas han advertido algunas dudas respecto del libre ejercicio de la religión.

Sí, hoy los límites al libre ejercicio de la religión son la moral, la buena costumbre y el orden público. Y aunque son conceptos relativamente indeterminados, hay una tradición ya de cien años para definirlos. El orden público, por ejemplo, lo definió el famoso jurista Luis Claro Solar. El nuevo texto señala que el libre ejercicio va a tener límites, según lo que se establezca en la Constitución, lo que me parece bien, pero se agrega: y también en la ley. Entonces aquí hay mucha preocupación por esto último, por lo que pudiera decir esta ley.

Pero Saffirio explica que la principal razón por la que se opone a la nueva Carta Magna, y que incluso solo le bastaría para votar Rechazo, son los cambios al sistema judicial.

“Se crea un Consejo de la Justicia copiado de Portugal, sin mirar que este mecanismo ha tenido una pésima experiencia de politización del Poder Judicial, de arriba hacia abajo, en democracias como la española y la italiana. Se habla de distintos sistemas de justicia, como el indígena, que tendría que resolver en última instancia una sala especial de la Corte Suprema. Esto, a mi juicio, rompe el principio de igualdad ante la ley”.

En su calidad de cientista político, dice él mismo, Saffirio afirma que un eventual triunfo del Apruebo en el plebiscito “favorecerá a las fuerzas ultristas de izquierda y de derecha en nuestro país”.

“Lo primero que hacen los populismos de derecha o de izquierda cuando logran llegar al poder es darles un golpe muy fuerte a los medios de comunicación y a la libertad de expresión. Luego, terminar con un Poder Judicial independiente. Y uno de los grandes problemas de este texto es que hay muchos conceptos indeterminados, por lo que se corre el riesgo de que la interpretación sea politizada por el famoso Consejo de la Justicia, que no solo verá lo que es la judicatura ordinaria, sino que se inmiscuye en la justicia electoral y constitucional. Lo que es inaceptable”.

Pero el abogado y profesor de Derecho en varias universidades del país advierte que esta, al igual que la versión original de la Constitución del 80, tiene cosas muy buenas.

“Hay una buena jerarquización de los tratados y principios del derecho internacional, con rango constitucional, como el límite a la soberanía. Se aborda muy bien el tema de la igualdad y la no discriminación, incluyendo a grupos con especial protección, como discapacitados, mujeres y migrantes. Sin perjuicio de que va a haber un largo debate sobre qué se entiende por igualdad sustantiva (acceso al mismo trato y oportunidades). También hay un amplio catálogo de derechos económicos, sociales y culturales, incluso con excesos, como el catalogar de derecho al ocio y al placer como un derecho sexual y reproductivo”.

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