Iquique: El origen de la furia

En la capital regional de Tarapacá se dio un cóctel perfecto para que la rabia contra los venezolanos explotara: tomas y deterioro de espacios públicos, un Estado burocrático, autoridades que reaccionaron tarde, miedo al extranjero pobre, odio esparcido por redes sociales y una marcha que nunca tuvo responsables.




Para Yuly Guevara, vivir así ya no valía la pena. Sin poder terminar la carrera de Criminalística porque no tenía para pagar los cuadernos o los lápices, comiendo solo en los almuerzos, sin encontrar pañales para sus cuatro hijos y obligada a vestirlos con trapos. Cualquier cosa era mejor que eso. Por eso salió de Valencia, en el estado de Carabobo, con su marido, en 2019. Ella, entonces, recién tenía 23 años. Primero terminó en Chimbote, Perú, arrendando una pieza y pagándola haciendo aseo. Y luego, cuando asumió Pedro Castillo como presidente, sus amigos le dijeron que era mejor arrancar, porque Castillo no quería a los venezolanos.

-Todos nos hablaban de Chile, pues —dice ella—. De la economía, que era mejor, que había trabajo. Yo veía fotos de Chile. Eran bonitas. Pero las fotos son engañosas.

Guevara y su familia demoraron un mes en hacer los cerca de dos mil kilómetros que los separaban de Iquique. Se subieron a buses, les pagaron a coyotes, cruzaron un río y caminaron dos días por el desierto en la frontera entre Bolivia y Colchane, muchas veces durmiendo en la tierra, con la idea de empezar, eventualmente, una vida en Santiago.

A principios de septiembre, ya en Tarapacá y luego de autodenunciarse en la PDI, que es el protocolo que deben seguir quienes ingresan de manera irregular al país, además de completar la cuarentena en un albergue de Iquique, Yuly Guevara y los suyos se instalaron donde muchos otros venezolanos también terminaban: la Plaza Brasil del centro de la ciudad.

Yuly Guevara, migrante venezolana.

-No conocíamos a nadie. Vimos que había varios venezolanos, preguntamos cómo era, si podíamos dormir ahí mientras reuníamos la plata para el pasaje a Santiago y ya. Tuve que salir a vender chocolates para poder comprarme una carpa y tener comida y pañales para mis hijos- cuenta.

Eso duró hasta el viernes 24. Ese día, desde temprano, un grupo de carabineros vino a desalojar a todos los migrantes de la plaza que llevaba meses siendo ocupada como un campamento improvisado. Esa misma tarde fueron a instalarse a la playa, frente al Colegio Inglés de calle Prat. Ahí los encontró la marcha de los iquiqueños contra la migración irregular. Yuly Guevara estaba durmiendo cuando carabineros les pidieron que se marcharan porque la muchedumbre venía cerca.

-Empezamos a correr y no pudimos llevarnos nada. Dejamos la carpa y las cosas. Fuimos a escondernos en un monte y una señora allá, donde nos escondimos, me dijo que me fuera. Que iban a decirles a los de la marcha que estábamos ahí, escondidos.

Demonstrators burn the belongings of Venezuelan migrants at a makeshift camp in a public square during a rally against the migration in Iquique, Chile, September 25, 2021. REUTERS/Alex Diaz NO RESALES. NO ARCHIVES TPX IMAGES OF THE DAY

Jason González (21), Daniel Lugo (26) y Alejandro Salazar (23) también corrieron. Lugo, de hecho, lo hizo recordando algo que le habían dicho en Perú, que fue la primera escala de su viaje que comenzó en Caracas: “Que los chilenos eran racistas”.

La estampida de venezolanos huyendo de la marcha del mediodía alcanzó todas las calles del centro. En el cruce de Lynch con Serrano un reportero gráfico local, que prefiere no decir su nombre, estaba en una casa de cambio, junto a una familia de migrantes que cambiaba dólares, cuando llegó la turba:

-Los empezaron a insultar y a escupir. Les gritaban váyanse de acá, venezolanos ladrones, cochinos, tienen la cagada en la ciudad. Los dueños fueron a bajar la cortina mientras los niños lloraban. Era tanto el odio que le gritaban a esta familia, que el papá se sentó en vez de proteger a su familia y rompió en llanto. Recién cuando llegaron los carabineros, los manifestantes se fueron.

El fotógrafo Alex Díaz también estaba cubriendo la marcha. Vio a un manifestante que usaba una mascarilla con el escudo nacional robarle el saco de dormir a un migrante, a mujeres mayores gritándoles a los venezolanos que se fueran y a un grupo que encendió una fogata en la ex Petrobras de Rosas con Av. Aeropuerto, donde también había otro campamento improvisado.

-Los manifestantes empezaron a romper carpas, a desarmarlas y a amontonar todo en un lugar. De repente veo que tiran esas cosas a la fogata. Yo fui a hacer fotos allá, cuando vi a un tipo con la camiseta de Chile agarrar un coche. Rápidamente lo enfoqué y disparé una ráfaga de siete cuadros. En uno de esos se ve al tipo lanzando el coche a la fogata - cuenta Díaz.

La imagen dio vuelta al mundo y mostró algo que los migrantes sabrían después: todas sus pertenencias habían sido quemadas.

Alejandro Salazar perdió el teléfono y algo de dinero que tenía para pagar un arriendo.

Daniel Lugo, su carpa, su partida de nacimiento y la cédula de identidad, igual que Jason González. Yuly Guevara perdió ropa, su carpa y unos panes que les habían regalado. Cuando volvió a encontrar sus pertenencias hechas cenizas, dice que ni siquiera sintió rabia. -Sólo lloré y lloré- admite.

Todas las autoridades salieron a condenar los hechos. El alcalde, el delegado presidencial, también el gobierno central. Por redes sociales los usuarios especularon con neonazis infiltrados en la muchedumbre, porque en Tarapacá la gente no era así. Pero Alex Díaz, que estuvo ahí, lo cuenta de otra forma:

-Muchos dicen que fueron personas de ultraderecha. Yo te puedo decir con certeza que había gente de todos lados. De izquierda, de derecha y gente aburrida de lo que estaba pasando aquí.

Lo que había, en el fondo, eran iquiqueños.

El chancho y el afrecho

Concejal Domingo Campodónico.

Domingo Campodónico maneja su jeep por la costa.

—¿Los ves? Ahí están.

Apunta su dedo hacia una plaza, a un grupo de venezolanos tendidos sobre el pasto, y hace otra pregunta:

—¿Por qué en vez de estar de guata en la plaza no trabajan?

Domingo Campodónico no tiene una respuesta. El concejal RN, que mucho antes agarró fama por ser el arquero de Deportes Iquique que subió a Primera División en 1979, en cambio, sí tiene una teoría.

—Estos tipos se paran en las esquinas para limpiarte los vidrios. Una vez les dije, ¿no entendís, weón? Te digo que no. Y cuando dice uno que no, el que está al otro lado pesca su trapo y te ensucia el vidrio. La gente estaba chata con eso.

En el trayecto, Campodónico recuerda que los vecinos le reclamaban por la ocupación de la Plaza Brasil.

—Ya sacaron a esos weones. Pero, te digo, el olor a meado era impresionante. La delincuencia, el puterío, porque las gallas hacían eso. Hay una pileta que usaban como baño. No había ningún profesional ahí. Veías puros bandidos. Muchas veces pasé por ahí. No es que me diera miedo conversar con ellos, pero llegaron a hacer daño.

Campodónico estaciona su jeep en el barrio Renovación El Morro. Ahí el presidente vecinales Nelson Sepúlveda:

—Como en marzo pasado, autoricé que algunos venezolanos se instalaran en los miradores de Playa Bellavista. Les llevamos leche, pan, pañales. Pero después de abril empezaron a llegar 200 diarios. Doscientos venezolanos deambulando por Iquique, que es una ciudad chiquitita. Frente a la municipalidad se me instalaron todos los migrantes. Nos quemaron el pasto y en la muni no podían regar. Anoche hubo una pelea aquí a cuchilla limpia entre ellos. Mira.

Nelson Sepúlveda muestra un video en su teléfono. En la pantalla se ve a dos hombres morenos. Uno sin polera y el otro, vestido, amenazándolo con un cuchillo.

—En este mirador también intentaron instalar sus carpas. Hubo que venir con palos poco menos y decirles no pos, este no es un lugar para venir a dormir.

A makeshift camp housing Venezuelan migrants are seen in a public square in Iquique, Chile, September 27, 2021. REUTERS/Alex Diaz NO RESALES. NO ARCHIVES

Los nuevos visitantes no sólo estaban en las plazas, frente al mar y detrás de los arbustos. También colmaban los hostales baratos del centro, que cobraban $ 20 mil diarios por una pieza de 10 m2 con baño compartido. Esa sensación de invasión, de perder el propio espacio fue lo que asustó primero a los iquiqueños.

—Empezamos a ver a mucha gente en las calles pidiendo limosna, vendiendo dulces. También llevaban a los niños para causar lástima. Nosotros los veíamos y temíamos que fueran a radicarse en la plazoleta 21 de Mayo. Si eso pasaba, los íbamos a ir a sacar —cuenta Betty Terrazas, dirigente del barrio Baquedano.

La narrativa que se repetía era esa, que Nelson Sepúlveda explica ahora, mirando el atardecer:

—Los primeros venezolanos que llegaron a Chile eran buenas personas. Llegaron a aportar a nuestra sociedad. Pero los siguientes vinieron a ofrecerte el coñac, a pedir la moneda. Y pensaron aquí la plata es fácil, porque los chilenos somos solidarios y no xenófobos.

Sepúlveda dice que pronto empezó a escuchar historias de vecinos asaltados por migrantes. Que el centro de noche era complicado, porque en cada esquina había venezolanos parados. También hubo otras historias. Como la de un niño con trastorno autista, que fue asaltado y golpeado por un hombre venezolano.

La Fiscalía de Iquique dice que ese robo ocurrió. Pero que no se sabe si el asaltante era venezolano. Lo único que se sabe, según el testimonio de la familia, es que el delincuente “tenía un acento extranjero”. A eso suman estas cifras. Entre 2020 y lo que va de 2021 hubo 14.974 imputados conocidos en la Región de Tarapacá. De ellos, 81,53% son chilenos y 2,32% venezolanos.

Nada de eso importó el 24 de septiembre, cuando se desalojó la Plaza Brasil. Ese día lo importante era recuperar ese espacio y el saldo que informó Carabineros, que parecía justificar la mala imagen de los nuevos vecinos: 10 migrantes detenidos por desórdenes, dos por maltrato de obra a uniformados, uno por agresión con arma cortante a un vecino del sector y una última persona por lanzamiento de elemento incendiario. Lo mismo que la incautación de varias bicicletas, cuya procedencia no pudo ser avalada.

Al día siguiente fue la marcha que nació desde las redes sociales.

Domingo Campodónico, Nelson Sepúlveda, Betty Terrazas y cinco mil de los 197 mil vecinos de Iquique llegaron hasta la Plaza Prat al mediodía.

Sepúlveda desplegó una gran bandera chilena y un cartel contra Miguel Ángel Quezada, el delegado presidencial en la región: —La marcha no era contra los migrantes, sino contra las autoridades incompetentes — asegura—. Gritábamos: ‘Fuera la ONU, fuera el delegado presidencial, el culpable es Piñera’.

Tanto Sepúlveda como Terrazas y Campodónico dicen que se fueron de la manifestación antes de que comenzaran los incidentes. Que vieron que el ánimo estaba caldeado y que había algunos azuzando a los vecinos con megáfonos. Todos, por supuesto, condenan la violencia. Pero hay cosas que les molestan.

—Les quemaron las pertenencias a los venezolanos —explica Sepúlveda—. Pero ¿viste las imágenes de televisión del día siguiente? Estaban llenos de mercadería. Con carpas nuevas y bolsas de ropa y comida. Entonces nosotros mismos estamos alimentando al chancho. Y la culpa no es del chancho, sino que del que le da afrecho.

Oficios y burocracia

La rabia podría haberse frenado antes: el 21 de abril, para ser exactos, cuando la Municipalidad de Iquique le informó a la Gobernación Provincial de Tarapacá sobre la ocupación de la Plaza Brasil. Tres semanas después el municipio pidió la restitución del lugar y ahí comenzó la trenza de la burocracia. El 18 de mayo la gobernación le pidió al municipio proporcionar ciertos antecedentes y le enfatizó al municipio que la administración de los bienes de uso público le correspondía al municipio.

El 3 de junio CGE, empresa que tenía una oficina con accesos por la plaza, le envió una carta a la Municipalidad de Iquique. Señalaban que desde el 17 de mayo, cuando la ciudad pasó a Fase 2, reabrieron sus puertas. Pero que se encontraron con varios problemas en ese inmueble. Mencionaron basura, cocinas de leña y gas en la plaza, espacios públicos usados como baños, además de orina y desechos humanos en los accesos. El escrito explica que “nuestros clientes manifiestan temor a transitar por estos lugares” y “solicitamos regularizar la situación”.

El primer día de julio la gobernación ordenó restituir la plaza. Al día siguiente, la municipalidad designó un ministro de fe para el cumplimiento de esa orden. Sin embargo, el 7 de julio al municipio le requirieron entregar un documento que acreditara que la Plaza Brasil era un bien de uso público y demostrar que los ocupantes no tenían autorización para estar ahí. También les pidieron realizar un catastro de quienes acampaban ahí.

Venezuelan migrant take down their tents in a public square during their eviction by the police in Iquique, Chile, September 24, 2021. REUTERS/Alex Diaz NO RESALES. NO ARCHIVES

La municipalidad respondió cinco días más tarde. En el terreno había 68 migrantes: 23 menores y 45 adultos. De ellos, 39 eran venezolanos, cuatro ecuatorianos y dos colombianos. La mayoría de los adultos, 33 de 45, llevaban entre uno y tres meses en Chile. Veintisiete de ellos no tenían redes de apoyo en el país. Por lo mismo, el municipio insistió con una vieja solicitud que le habían requerido al gobierno central en febrero: un albergue temporal para esas 68 personas. En el documento que enviaron a la gobernación enfatizan: “Hasta la fecha, dicha medida no se ha concretado” y se preguntan “¿qué pasará con las personas que actualmente ocupan la Plaza Brasil?”.

Dos meses y dos semanas más tarde, cuando la población de la plaza había aumentado a unas 150 personas, vino el estallido antimigratorio de Iquique.

Miguel Ángel Quezada, delegado presidencial en Tarapacá, quiere responder con cifras. Dice que este año han sacado a más de 20 mil personas que han llegado por espacios irregulares. Que el 65% de estos migrantes termina su viaje en la Región Metropolitana. Que el 25% va de la Sexta Región al sur del país y un 10% se queda entre Antofagasta y Coquimbo.

—Los migrantes no venían a Tarapacá —dice Quezada—. El escenario de la Plaza Brasil nace porque al frente teníamos una residencia transitoria donde había familiares que entraban antes, hacían su cuarentena y después esperaban afuera a que salieran sus otros parientes.

Después, el delegado presidencial agrega algo:

—El espacio público es de responsabilidad municipal. El alcalde Mauricio Soria se tardó mucho en pedir la solicitud de desalojo y al final terminamos haciéndolo nosotros.

Mauricio Soria no piensa igual. —El decreto de desalojo de la plaza estaba firmado desde julio. Pero yo no soy el que activa a carabineros, ni les doy órdenes. Eso lo hace el delegado presidencial. Yo me enteré del desalojo esa misma mañana. ¿Por qué lo hicieron el viernes? Porque al otro día la marcha partía a tres cuadras de ahí.

Marcela Tapia, académica del instituto de estudios internacionales de la Unap, ve en ese tipo de discusiones el origen del problema. No sólo tiene que ver con que, en su opinión, el gobierno no ha entendido que, más que migración, lo que se ve todos los días en Iquique y Colchane es desplazamiento forzado transfronterizo. Y que esta diáspora venezolana a Chile sólo responde a las promesas incumplidas de visas de responsabilidad democrática o de reunificación familiar. Lo principal, cree Tapia, es que acá ha habido mala gestión.

—A nivel local eso fue alimentando la legítima molestia de los vecinos. Al no haber un albergue de tránsito, la gente cae en situación de calle y se cobija donde puede. Plaza Brasil fue uno de esos lugares. Podríamos decir que fue un campamento de refugiados autogestionado, pero sin ningún apoyo, ninguna red. Y la gente estuvo ahí lo que pudo, generando problemas de convivencia. Porque, evidentemente, a nadie le gusta tener a gente en esas condiciones.

Miguel Ángel Quezada, sin embargo, no tiene reproches.

—Si pudiera volver el tiempo atrás —dice— no haría nada distinto.

Odio digital

Incluso antes de la marcha, la molestia en Iquique empezó a ebullir por distintos lugares. Se escuchaba en los autos, se leía en los celulares.

—Las redes sociales y las radios locales hace rato que reproducen información que no siempre es cierta. La semana pasada iba en mi auto y escuché que los venezolanos arrendaban a sus niños para salir a mendigar —dice la investigadora Marcela Tapia.

Uno de esos lugares es la cuenta en Instagram Tarapacá 24/7. El perfil partió hace dos años y fue creada por cinco amigos, para informar sobre accidentes en las calles de Iquique. Pero luego, con el estallido social, la cuenta giró hacia las denuncias ciudadanas. Uno de los administradores dice que son personas “comunes y corrientes”, con posiciones distintas sobre la migración. Que en el grupo hay alguien que hace Uber, otro que es taxista, un vendedor de seguros y un guardia de seguridad.

—Nosotros no somos una prensa formal —explica—. No vamos a terreno. Todo lo que subimos son videos y fotos que nos manda la gente anónimamente.

En el último tiempo, muchos de esos videos tenían que ver con venezolanos. El 27 de septiembre, por ejemplo, subieron un video de una pelea con arma blanca en la Remodelación El Morro. La lectura dice: “Pelea de extranjeros con cuchillos en el Morro. PD: están practicando para los juegos olímpicos en esgrima”. Dos días después postearon un video de un venezolano en Colchane, que se quejaba porque en el albergue recibía solo una comida diaria. El primer comentario dice: “¿Y qué quieren? Si están ingresando de manera ilegal. Esto es el mundo al revés”. El contenido sigue. Video tras video, foto tras foto y, a veces, con errores.

—Nos hemos caído —cuenta un administrador—. Una vez subimos una foto de un asalto de venezolanos que había sido en Perú. Pero la tiramos como si hubiese sido en Alto Hospicio. Nos hicimos los locos no más.

Tarapacá 24/7 tiene 58,4 mil seguidores. En las calles de Iquique esas historias se siguen escuchando. La más reciente tiene que ver con la utilización de los hijos de los migrantes para dar pena cuando salen a mendigar.

—Yo entiendo que eso se puede ver como un aprovechamiento de los padres —dice Lorena Zambrano, vocera de la ONG Migrante Ampro—. Pero entre dejar en la carpa solo a un niño de nueve años o menos, y que le pase algo, o que esté con sus dos padres mientras piden plata, ¿qué es más cruel?

La otra narrativa es que no quieren trabajar. Algo que Zambrano también matiza.

—Hay gente que ha trabajado desde las 7 am hasta las 22 y les han pagado cinco lucas el día. Y después se quejan de que estén vendiendo caramelos en las calles.

Por eso, agrega, están tratando de sacarlos. El problema es que los pasajes a Santiago, ante esta demanda, estarían subiendo demasiado. Actualmente están sobre los 45 mil pesos. Y eso, multiplicado por una familia de cuatro o cinco, muchas veces resultan inalcanzables.

Yuly Guevara, sin embargo, piensa que alguna organización podrá ayudarla a llegar a la capital. Sobre todo, porque uno de sus hijos comió algo malo y se intoxicó, y porque carabineros ya les ha dicho que no pueden seguir acampando en la playa.

Hay otra razón para querer irse: por redes sociales anunciaron otra marcha.

Si no consigue pasajes, a Yuly Guevara no se le ocurre qué hacer.

El problema sigue siendo el mismo desde que dejó Venezuela:

—No tengo para dónde irme.

FOTO:CRISTIAN VIVEROS/AGENCIAUNO

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