82 días sin fiscal nacional: senadores cierran filas con Valencia y se profundiza “gallito” con La Moneda

A más de dos meses y medio de que Jorge Abbott dejara el cargo, continúa la vacancia en la cabeza de la Fiscalía Nacional. A pesar de que el Senado ya ha evaluado las credenciales de dos candidatos propuestos por el Presidente Gabriel Boric -primero las de José Morales y este lunes las de Marta Herrera-, La Moneda no ha logrado concitar el quórum calificado necesario para designar a quién presidirá el Ministerio Público por los próximos ocho años. Eso, en parte, porque un número importante de los senadores, tanto de oficialismo como de oposición, ya cerró filas con uno de los aspirantes: Ángel Valencia. Y no pretenden moverse de ahí, porque como han insistido, es hora de que Palacio elija a quien concitaría -a su juicio- el consenso más amplio.

Ya lo habían transmitido en reuniones sostenidas con el Ejecutivo, y por lo mismo -comentaron parlamentarios a La Tercera PM- les causó extrañeza que el Mandatario se inclinara por la actual directora de la Unidad Anticorrupción y Jurídica del Ministerio Público en su segunda selección. De hecho, en un encuentro que tuvieron con las ministras del comité político el domingo 11 de diciembre, los senadores presentes fueron enfáticos en que Herrera no generaba los apoyos necesarios para ser visada y que tanto Valencia como el fiscal Carlos Palma, de Aysén, sí lo hacían. Como crónica de una muerte anunciada, el presagio de los parlamentarios se materializó cuando Herrera sólo obtuvo 26 de los 32 votos que requería, menos incluso de los que sumó Morales.

Pero a pesar de que el escenario ha sido calificado como poco alentador por abogados y personeros oficialistas -por el daño que esto genera, a juicio de ellos, a la institución-, no son pocos los que desdramatizan, aseverando que la jornada de análisis de este lunes sirvió para insistir en que Valencia “sería el más adecuado”, como promueven grupos en la Cámara Alta. Sin embargo, en Palacio se sostiene que es el Mandatario quien tiene la palabra en este tema y que los senadores están actuando más allá de su rol en este nombramiento al presionar para que Valencia sea el elegido. Por ello, fuentes de La Moneda ven como la “última opción” al abogado, porque además de su vínculos con imputados en casos de abuso sexual, tiene importantes nexos con la política.

El abogado no solo es “compadre” del presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, sino que también actuó como representante de la hoy ministra Carolina Tohá (PPD) y del excanciller Heraldo Muñoz (PPD) en causas en las que eran protagonistas. Y además, como dan cuenta documentos a los que tuvo acceso La Tercera PM, en 2014 se desempeñó como asesor externo del Comité de senadores de Renovación Nacional, contrato de prestaciones que en su momento suscribió él y el entonces senador Alberto Espina.

Asimismo, durante la noche de este martes, la excandidata Marta Herrera insinuó en entrevista con CNN que Valencia también tendría vínculos con la UDI, y que supo de un encuentro que se desarrolló el mismo día en que ella fue promovida por La Moneda, el miércoles 14 de diciembre, con participación del exministro del Interior Andrés Chadwick.

“Supe de una comida con el candidato Valencia con gente vinculada al mundo de la UDI, pero no tengo mayores detalles”, dijo Herrera, aunque el abogado salió rápidamente a descartar que aquello tuviera relación con la elección de fiscal nacional. “El 14 de diciembre pasado hubo una comida de los profesores de la Universidad San Sebastián en la casa del decano (Andrés Chadwick), para celebrar la certificación por 6 años de la carrera de Derecho y el fin de año de académico. Fui invitado en mi calidad de profesor de planta, en las cátedras de Derecho Penal e Inteligencia Artificial. En la cena no estuvo presente ningún senador, de ningún partido político, sólo profesores de esa casa de estudios”, aseveró por medio de una declaración.

Desde el principio del proceso que algunos senadores, en particular los que integran la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, han manifestado su postura pro Ángel Valencia, pero ahora -dicen desde dicha corporación- les juega a favor que en medio de la discusión dada en esa instancia despejaron que éste no tiene inhabilidades para asumir como sucesor de Abbott, y que sólo habría reparos que en su momento expuso la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, quien alertó respecto de rol del abogado como defensor de imputados por delitos sexuales, como el exjuez Luis Barría.

Así lo señala el senador y presidente de dicha instancia, Matías Walker, quien si bien aprobó el nombre de Marta Herrera, también fue claro en que el profesional que representó a Rafael Garay y Bueno Villalobos en el pasado, cumple con todas las características para desempeñarse en el cargo. Eso, como argumentó, porque la misma ministra de Justicia, Marcela Ríos, informó: “El Presidente fue muy claro hace varias semanas en decir que el gobierno no tenía ningún veto. Para nosotros no es un obstáculo que una persona se haya dedicado al oficio de la defensa letrada en el sistema penal, en ningún caso”.

Por ello, Walker enfatiza en que “el nombre de Ángel Valencia no sólo genera un consenso mayor en el Senado, sino que también en la Corte Suprema, por algo se posicionó primero en la quina junto a José Morales. Por eso a mí me extrañó mucho que el gobierno no considerara ese amplio apoyo que tenía. En ese orden de ideas, fue muy importante dejar sentado en el acta de la Comisión de Constitución -porque va a servir de precedente para el futuro- lo que dijo la ministra de Justicia en el sentido de que nadie debe ser inhabilitado para postular a un cargo como este por haber ejercido la defensa letrada que establece la Constitución”.

Y en un tono más enfático, Fidel Espinoza (PS) expresa: “Es el momento de que elijan a la mejor persona de una vez por todas. Alguien que concite los apoyos. Pero simplemente la soberbia que ha tenido el gobierno de querer ellos imponer los nombres sin tener diálogo con las bancadas les ha pasado la cuenta. Ya basta de eso, el país necesita tener prontamente un fiscal nacional. La ministra Orellana ha tenido un doble estándar gigante, por un lado se declara feminista, pero nunca ha defendido a las mujeres que han sido sacadas del gobierno de manera violenta y cuestiona que un abogado defienda a ciertas personas. Eso es contradictorio y ella no puede tener un veto sobre este nombramiento”.

Consultado respecto de si ahora el gobierno debiera proponer a Ángel Valencia, Walker sostuvo que como hoy el proceso está en manos de la Corte Suprema, primero habrá que esperar ese pronunciamiento, ya que dicha instancia deberá definir cómo y con quién completa la quina entre la cual el Presidente Boric debe volver a hacer su selección. Aunque indicó: “Espero que se genere un amplio consenso entre los poderes del Estado”.

En el mismo sentido, el senador Pedro Araya (Independiente-PPD), también integrante de la Comisión de Constitución, manifestó que espera “que el gobierno sea capaz de escuchar con mayor finura y que las ministras tanto de Justicia como de la Segpres le transmitan de mejor forma al Presidente qué es lo que está pensando en el Senado respecto de quién debiera ser el próximo fiscal nacional”.

Por lo mismo, hizo presente que “ojalá que lo que dijo la ministra Ríos sea verdad y no un voladero de luces, porque eso sería lo peor que podría ocurrir. Toda persona tiene constitucionalmente derecho a la defensa jurídica, por muy atroz que sea el delito que haya cometido. (...) Valencia tiene los pergaminos suficientes, conoce la institución porque fue fiscal, conoce lo que es estar al otro lado como abogado querellante. Además, es un connotado académico”.

Otro de los integrantes de la citada instancia, el RN Rodrigo Galilea, por su parte, aseguró que “el gobierno tiene que socializar más con el Senado y la persona que vaya a elegir debe dar razonables garantías de que algo distinto se hará. Ese fue el tope con Marta Herrera, que era parte del círculo entre el cual se tomaban decisiones en la Fiscalía Nacional cuando tuvo los peores indicadores. El gobierno debe tomar nota y en base a eso socializar quién podría tener razonables posibilidades de cambiar el destino de la institución para bien”.

Respecto de los cuestionamientos que se le hacían a Valencia, indicó que, para él, se intentaba fijar un precedente que era “pésimo”. “Si defendiste a alguien culpable, tú eres culpable o una mala persona. Eso un precedente nefasto. A todos los abogados les ha tocado participar en causas difíciles o defender a personas que han sido condenadas, es parte del libre ejercicio de la profesión y un derecho constitucional. Espero que sean concordantes con lo que dijo la ministra Ríos para elegir de forma libre y que pueda ser una persona que genere mayorías”, detalló.

Aunque públicamente la mayoría de los consultados que aborda el asunto incluye a Palma como una opción viable, en privado lo descartan, porque su candidatura ha sido promovida por el diputado DC Miguel Ángel Calisto casi de manera “impresentable”, como indicaron. “Nos ha llamado prácticamente a todos los senadores y ha sido muy torpe, y termina perjudicándolo”, aseguró uno de los personeros.

Es conocida la molestia que ha generado en el Presidente Boric, en particular, pero también en su comité político este nuevo rechazo a la propuesta realizada a la Cámara Alta.

Lo que ha transmitido el Ejecutivo es que ven como una irresponsabilidad el accionar de los senadores, de quienes -acusan- están dispuestos a rechazar a cualquier nombre hasta que se designe al candidato predilecto de algunos, apuntando particularmente a la Comisión de Constitución que está inclinada en favor del abogado Valencia.

En La Moneda aseguran que el Mandatario no estaría dispuesto a conceder aquello y que, por tanto, estaría medianamente despejado que Valencia no sería el próximo candidato que proponga el Jefe de Estado. Algo que -en todo caso- matizan otras fuentes asegurando que, una vez recibida la quina de la Corte Suprema, el gobierno volverá a hacer una evaluación completa.

Lo cierto es que, en lo público, las ministras Carolina Tohá (Interior), Ana Lya Uriarte (Segpres) y Marcela Ríos (Justicia) han dejado claro que La Moneda persistirá en su criterio de idoneidad a la hora de elegir al próximo fiscal nacional y no va a renunciar a aquello por las dificultades del proceso.

“Solo voy a decir que el Ejecutivo no va a apartarse ni un milímetro de lo que ha dicho el Presidente en el sentido de que el proceso para la definición de quién va a encabezar el MP en el futuro esté enfocado en un resultado exitoso y en tener una persona idónea para el cargo, no vamos a ser parte de ninguna querella menor, no vamos a enganchar con ningún tipo de epíteto que pueda utilizarse, pero al mismo tiempo vamos a persistir y ser muy rigurosos para que ese objetivo que nos hemos trazado no quede sacrificado por las dificultades que hemos enfrentado”, afirmó ayer la jefa del gabinete.

Esta mañana, en tanto, la ministra Uriarte aseguró que “a diferencia de lo que se ha venido diciendo, conversamos con muchísimos senadores (...). Muchos de ellos manifestaron preferencias por otras personas. La verdad es que no hay… si hubiera 50 senadores por un nombre esto sería muy sencillo, pero eso no es así: había cinco postulantes y había preferencias por tres diría yo, intensamente, y una cuarta más baja”.

En caso de no dar su brazo a torcer ante el gallito con el Senado, un eventual nombramiento de Valencia -admiten en el Ejecutivo- sería complejo ahora de defender de parte del gobierno. Sobre todo, por el enredo que se generó luego de que la ministra Ríos reconociera que su par de la Mujer, Antonia Orellana, manifestó preocupación al ser consultada sobre el caso particular de Valencia, aunque garantizó que aquello no se configuró en un veto. Luego, en todo caso, Ríos matizó sus dichos asegurando que la secretaria de Estado no se refirió a candidatos particulares sino, que a la labor global del Ministerio Público en casos de, por ejemplo, violencia contra la mujer.

Con todo, en el gobierno afirman que otro elemento que complica a Valencia son los casos de violaciones a los derechos humanos, en que también ha participado en su calidad de abogado.