Fraude en el Ejército: la jugada judicial de la prescripción que enfrenta a la Corte Marcial, Rutherford y el CDE

Palacio de los Tribunales de Justicia en Santiago, sede de la Corte Suprema.

Palacio de los Tribunales de Justicia en Santiago, sede de la Corte Suprema. Foto: Sebastián Beltrán Gaete / Agencia Uno.

El tribunal de alzada militar revocó un procesamiento de la ministra en vista Romy Rutherfrod en que inculpaba por fraude al Fisco a un coronel (R) de la institución castrense, advirtiendo que el hecho -al momento de dictar el encausamiento- ya estaba prescrito. Sin embargo, el Consejo de Defensa del Estado recurrió de queja ante la Corte Suprema acusando ilegalidad por parte de los jueces que revirtieron lo resuelto por la magistrada. Como en todo, será el máximo tribunal el que tenga la última palabra.




No es habitual que las resoluciones de la ministra en visita Romy Rutherfod, quien indaga el denominado “Fraude en el Ejército”, sean revocadas. Por ese motivo es que en sede judicial se analizó con especial atención lo ocurrido hace algunos días en la Corte Marcial cuando, por tres votos contra dos, se echó abajo el procesamiento que había dictado la magistrada en contra del coronel (R) Mauricio Seguel en la arista “empresas de turismo” del emblemático caso. Lo que determinó este -hasta ahora- inédito revés para la jueza fue que el tribunal de alzada militar sostuvo que los hechos imputados ya estaban prescritos. La situación encendió las alarmas de otras defensas que podrían ir a exigir lo mismo teniendo en cuenta que el plazo para expirar la persecución penal de este tipo de delitos es de 5 años, según se lee en el polémico fallo.

El coronel (R) Seguel había sido encausado, en enero, por la ministra Rutherford por el delito de fraude al Fisco de más de $16 millones, a través del sistema de cambio de pasajes con las empresas de turismo para comisiones de servicio al extranjero. En concreto: entre 2012 y 2013 hizo dos viajes a Washington, Estados Unidos, con su esposa, sus dos hijas y su mascota en base a un valor menor -y con escalas en Minnesota y República Dominicana- al presupuesto entregado por el Ejército. La diferencia se repartió entre la agencia que modificó el itinerario y el oficial.

Este sistema fue descubierto por Rutherford en 2018 y desde entonces se transformó en un problema constante en el Ejército. Esta arista terminó por anticipar la salida del excomandante en jefe de la institución, Ricardo Martínez, en marzo de este año, quien a cinco días de entregar el mando a su sucesor, Javier Iturriaga, renunció tras ser citado a declarar en calidad de inculpado. Más tarde sería procesado.

Al igual que Martínez, otros generales fueron requeridos para declarar en la investigación, y entre los intervinientes del caso se especuló que las diligencias obedecían para responder a la estrategia de una de las defensas de algunos oficiales del Ejército: la prescripción de los delitos de fraude al Fisco. Esta, comentaron algunas fuentes del caso, se interrumpía al momento de la citación.

Precedentes habían: en septiembre del 2021, el general (R) Pablo Onetto logró ser sobreseído por la Corte Marcial de los delitos de fraude que se le imputaban, tras un requerimiento de su abogado Daniel Mackinnon. El caso aún no está zanjado en un ciento por ciento, dado que actualmente se encuentra en la Corte Suprema.

Pues bien, Mackinnon volvió a aparecer en el camino de Rutherford, pero ahora con el coronel Seguel. Replicando la estrategia de la prescripción en el caso de Onetto, pidió a la Corte Marcial -esta vez- revocar el procesamiento en contra de su cliente, pues los delito que se le imputaban habían prescrito. Y le funcionó.

“Atendida la fecha de comisión de los delitos perseguidos y la de iniciación de la investigación en contra del procesado, no reuniéndose en consecuencia de los antecedentes hasta ahora allegados al proceso, los requisitos que exige el artículo 274 del Código de Procedimiento Penal, se revoca la resolución”, resolvió el 26 de mayo la Corte Marcial, con los votos de los dos ministros civiles, Dobra Lusic, Juan Manual Muñoz y el auditor del Ejército Isaías Martínez.

La queja contra Muñoz, Lusic y Martínez: “Faltas y abusos graves”

Pocos días después, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) decidió entrar en la controversia, a través de un recurso de queja en contra de los ministros que revocaron el procesamiento de Rutherford. “Vengo en interponer recurso de queja en contra de los integrantes de Iltma. Corte Marcial, que corresponden a el Ministro don Juan Manuel Muñoz Pardo -quien la preside-, la Ministra doña Dobra Lusic Nadal y el Ministro don lsaías Martínez Castillo, por las faltas y abusos graves cometidos al dictar la sentencia”, se señala en el escrito de la institución que es parte del caso fraude en el Ejército.

Para el CDE, el fallo del tribunal de alzada marcial es una “sentencia interlocutoria que pone término al juicio y hace imposible su continuación”, “impidiendo que la ministra pueda continuar investigando estos hechos”, respecto del coronel (R) Seguel, por lo que pone término a la persecución de los ilícitos.

El organismo, además, pide que la sentencia de la Corte Marcial se deje sin efecto para que la investigación contra el oficial en retiro pueda continuar y -eventualmente- pueda llegar a una etapa de juicio. “Es evidente la gravedad de la falta o abuso cometida por los integrantes de de la Corte Marcial, ya mencionados, en la dictación del fallo, toda vez que la dictación de dicha sentencia conlleva ineludiblemente como consecuencia la imposibilidad de continuar el procedimiento (...) desconociéndose lo establecido en el artículo 96 del Código Penal en cuanto al cómputo del plazo de prescripción de la acción penal y de la interrupción y/o suspensión del mismo”, se lee en el escrito.

El abogado de Seguel, Daniel Mackinnon, respondió a la queja, pidiendo la inadmisibilidad del recurso en la Suprema. “La falta o abuso que torna procedente el recurso de queja es sólo la que ostenta la calidad de ‘grave’, vale decir, de mucha entidad o importancia y, en la medida que aquella reúna tal condición, debería aplicarse a los jueces respectivos una sanción disciplinaria. La mera discrepancia entre un litigante y el tribunal encargado de conocer y decidir el negocio, en orden al sentido y alcance de determinadas disposiciones jurídicas, no es, en modo alguno, idónea para configurar la gravedad propia del comportamiento jurisdiccional atacado”, expuso.

Ahora todas las miradas se trasladaron al máximo tribunal que podría poner fin a esta estrategia de defensa o por el contrario abrir una puesta a todos aquellos oficiales del Ejército que están en la mira de Rutherford.

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