Quién es José Morales, el elegido por el Presidente Boric para fiscal nacional

VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO

Tras dos semanas de expectación, el Mandatario se inclinó por el actual fiscal adjunto jefe de la Fiscalía Local Santiago Norte. Es la segunda vez que se postula para dirigir el Ministerio Público y tras perder ante Jorge Abbott, se marcó una fuerte enemistad entre ambos. Sus cercanos reconocen que es una persona firme en sus ideas, situación que le ha costado ser tildado como "díscolo".


Finalmente se terminó el misterio. Tras dos semanas de alta expectación, el Presidente Gabriel Boric comunicó que el actual fiscal adjunto jefe de la Fiscalía Local de Santiago Norte, José Morales, es su carta para suceder a Jorge Abbott en la cabeza del Ministerio Público. Ahora, será el turno del Senado, instancia que deberá revisar las credenciales del persecutor, escuchar su plan de trabajo y definir si visa, por 2/3, su designación.

Morales entró a la quina definida por la Corte Suprema el pasado 7 de noviembre con 17 preferencias, situándose en el primer puesto junto con el abogado Ángel Valencia, quien obtuvo la misma votación. Es abogado de la Universidad Central y uno de los fiscales más antiguos, ya que está desde el inicio de la Reforma Procesal Penal en la institución, siendo fiscal adjunto jefe en las fiscalías locales de Los Vilos, Colina, Santiago Centro y de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, entre otros puestos.

En el marco de su carrera, ha dirigido indagaciones tales como el fraude de La Polar, la causa por lavado de activos en contra del excomandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba, el caso de Rafael Garay, el incendio en Metro San Pablo L1 tras el estallido social, el incendio de la Iglesia de Carabineros, y la investigación del robo con homicidio de la niña Tamara Moya, entre otras.

Hace siete años estuvo en la quina para ser fiscal nacional. Sacó la misma votación de Jorge Abbott, y aunque sonaba como uno de los favoritos, la Presidenta Michelle Bachelet se decidió por proponer al exjefe regional del Ministerio Público de Valparaíso.

Las últimas dos semanas, tras la definición de la quina por parte de la Corte Suprema, se ha mantenido en sus labores, principalmente en la preparación del juicio oral en contra del excomandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba, por el delito de lavado de activos y contra quien pide 15 años de presidio.

Asimismo, ha seguido sociabilizando su propuesta para la Fiscalía, especialmente con los funcionarios.

El “díscolo”

Dado que en 2015 perdió la carrera ante Jorge Abbott, entre ambos se instaló una relación más bien tensa.

En la Fiscalía Nacional dicen que Abbott nunca disimuló su antipatía con Morales y desde el círculo cercano de este último aseguran que el exmandamás del Ministerio Público habría influido en que el hoy candidato perdiera la jefatura de Alta Complejidad y ésta se le asignara a la fiscal Ximena Chong. Durante sus siete años como autoridad nunca lo llamó, ni lo citó a su oficina y -recuerdan cercanos- tampoco le autorizó comisiones de servicio para becas y capacitaciones en el extranjero. Una enemistad manifiesta.

Pero eso no ha sido lo único. Al interior del organismo, es visto como un claro díscolo y son varios los episodios que acumula. Entre ellos, hay un hecho que se remonta a 2015, cuando el entonces fiscal jefe tramitaba el denominado caso Cascadas y los querellantes del caso AFP Habitat, Moneda Asset Management y el abogado Mauricio Daza -que representaba a accionistas minoritarios-, presentaron reclamos a la Fiscalía Nacional porque el persecutor se negaba a formalizar al entonces controlador de SQM Julio Ponce Lerou.

Como dan cuenta antecedentes, la queja tuvo eco en el entonces jefe del Ministerio Público, Sabas Chahuán, quien ordenó sacar el caso de sus manos y reasignarlo, asestando un duro golpe a Morales. Tras pasar por varias manos y quedar a cargo de Alta Complejidad, se llevó a juicio al ejecutivo Aldo Motta, quien resultó absuelto en un segundo proceso y hasta el día de hoy ningún fiscal ha reunido antecedentes para formalizar a Ponce Lerou. Uno de los fiscales cercanos a Morales lo defiende: “José no es díscolo, es firme en sus convicciones y eso siempre le molestó a los jefes”.

Anteriormente, además, otro caso lo marcó: la colusión de las farmacias. Iniciado en 2008, cuando él aún no lideraba Alta Complejidad, estaba asignado entonces al fiscal Luis Inostroza. Tras tomarlo Morales, se llevó a tribunales una cuestionada suspensión condicional. Ésta incluía “clases de ética” para los ejecutivos de las empresas coludidas y el pago de cerca de $ 300 millones a una fundación en apoyo a enfermos de cáncer.

El acuerdo fue visado por el juzgado de garantía en el entendido que el tipo penal no podía ser acreditado en este caso pues los hechos habían ocurrido antes de que comenzara a regir la nueva ley que llevaba estos caso a una nueva institucionalidad que sancionaba actos de colusión. Tras las críticas, el diputado Jaime Mulet, quien en ese entonces era querellante en farmacias y que hoy enfrenta un caso por cohecho, apeló para deshacer la suspensión. El caso años después fue a juicio oral y terminó con una absolución pues se acreditó -justamente- que los hechos no encajaron en el tipo penal por el cual se acusó.

Entre los cuestionamientos que se le han hecho en medio del concurso por la Fiscalía Nacional, están los esbozados por los familiares de las personas que fallecieron en la bodega Kayser en Renca tras el estallido social. Le reprochan, como han manifestado en varios ocasiones, por su supuesta lentitud y falta de deferencia.

Ante esas críticas, eso sí, el propio fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, y jefe directo de Morales, sale en su defensa. Como aseguró, no existe ninguna irregularidad en la forma en que se ha llevado adelante una investigación del todo compleja y que estuvo marcada, dice, desde sus inicios por falsos supuestos, como la hipótesis que levantaron algunos parientes respecto de que las víctimas recibieron disparos por militares y que luego ese crimen se ocultó con un incendio en el mencionado recinto.

Su plan para el Ministerio Público

Hace algunos días José Morales conversó con La Tercera sobre sus prioridades si llegaba al cargo. Así, entre los principales aspectos a modificar, indicó que “se pretenden cambios estructurales y organizacionales para las áreas de persecución preferente, que son crimen organizado, violencia de género y delitos cometidos por funcionarios públicos, es decir, corrupción y derechos humanos. Lo anterior, acompañado de una modernización tecnológica de la institución, siguiendo ejemplo de Fiscalía Metropolitana Centro Norte y además con una mayor y mejor rendición de cuentas de la persecución penal y de los recursos públicos que son asignados a la institución”.

Asimismo, en su exposición ante la Corte Suprema manifestó que hay que “cambiar el paradigma desde la investigación de casos individuales a la persecución de organizaciones y redes criminales. La investigación de estos delitos debe orientarse a los mercados delictivos y al patrimonio de las organizaciones, aprovechando la flagrancia para producir información que permita seguir investigando y no solo para agotar el caso propiamente tal”.

En lo específico, y a fin de afrontar lo que ocurre en la zona Norte del país, aseguró que se debe generar, en conjunto con otros órganos del Estado, un plan de persecución de los delitos que se cometen en la frontera, como tráfico de migrantes, drogas y de armas. “Debemos lograr mayores niveles de identificación y cumplimiento efectivo de condenas o expulsiones; en particular, de aquellos sujetos que cometen delitos en situación irregular. No puede suceder que una persona en situación migratoria irregular, luego de condenada y expulsada, vuelva a ingresar al país a seguir cometiendo delitos”, señaló.

Igualmente, sobre la Macrozona Sur, Morales detalló: “Priorizaré la persecución de los delitos de tráfico de drogas y armas, incendios, y robo de madera. Junto con ello, es necesario mejorar el trabajo en el sitio del suceso y el análisis de datos, sobre todo de los delitos de incendios, para establecer nexos entre los delitos que se cometen, llegar a sus autores y, en definitiva, desarticular a los grupos que atentan contra las personas y la propiedad. Debemos generar medidas de protección a víctimas y testigos de atentados en forma rápida y eficaz, considerando la gravedad de los hechos y que se trata de situaciones que no pueden esperar”.

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