Si fuera narco, estaría en contra

Si hay una ley que ha demostrado ser altamente eficiente en aumentar las cifras de detenidos en Chile es la Ley 20.000. Si hay una medida que ha permitido mayor control social y llenar nuestras cárceles, es la persecución de las drogas. Si hay una retórica altamente peligrosa, pero electoralmente efectiva, es la de prohibirlas. Si hay una política pública que ha contribuido a la desigualdad, es nuestra política de drogas.

La Ley Cultivo Seguro viene a romper en parte este paradigma. En parte, porque lamentablemente no viene a solucionar todo este problema. Sin embargo, aborda un área crucial en el fracaso de la política de drogas, la que tiene que ver con los derechos humanos y la dignidad. En especial cuando se trata de quienes sufren y han encontrado en la cannabis una forma de vivir vidas más plenas, al permitirles que cultiven su propia medicina siempre que cuenten con una prescripción médica. Además, en ojos de la ley de drogas, nacemos culpables, por eso estas modificaciones buscan revertir la carga probatoria, restituyendo la presunción de inocencia sin limitar las facultades investigativas del Ministerio Público. Que Chile haga realidad esta modernización, es un imperativo social, un paso urgente hacia una sociedad que debe poner el foco en las personas y no en las cifras de detención. Es además un paso hacia una sociedad con menos miedo, donde quienes necesiten de esta droga, puedan seguir ejerciendo con responsabilidad su derecho al autocultivo, sin temor a ser perseguidos, allanados, sus plantas incautadas y pudiendo llegar incluso a ser condenados.

En un país de solo 17 millones de personas, toman lugar cerca de 150 detenciones al día por ley de drogas, en el 2011 esa cifra superó a las 230, siendo seis de cada diez detenidos menores de 29 años. Solo durante el tercer trimestre del 2018, mientras las detenciones por consumo aumentaron en un 51% respecto al año anterior y por cultivo un 2%, las detenciones por microtráfico bajaron en un -6.7% y por tráfico un -5,4%. Proporcionalmente, las detenciones por consumo llegan al 19% del total de detenciones por drogas, la proporción más alta desde el 2015 y en lo que respecta a cultivo, la más alta desde el 2016.

Estas cifras delatan algo preocupante. A pesar de los avances en el debate público, la ley 20.000 sigue siendo altamente eficiente en detener a los más débiles, no a los verdaderos narcos. Esta persecución alimenta el castigo, transformando a la cárcel en una extensión de la pobreza.  A nivel nacional, la mitad de las mujeres en la cárcel llegó ahí a causa de delitos relacionados con drogas y en regiones como Arica esta cifra supera el 80%. Estos datos explican como la ineficiencia en las labores investigativas y de control terminan persiguiendo y castigando a los más débiles. Mientras tanto, permitimos que el crimen organizado siga creciendo en poder financiero, bélico e incluso político. Como si fuera poco, mientras más gastamos y perseguimos, más aumenta el consumo, el fenómeno se mueve por todo el país y los grandes narcos siguen de fiesta. Los resultados del paradigma prohibitivo, son al menos vergonzosos.

Si fuera narco, estaría en contra de esta ley. La Ley Cultivo Seguro me haría perder poder. Si fuese dueño de una multinacional dedicada al cultivo masivo de esta planta, tal vez también. Porque la Ley Cultivo Seguro me haría perder negocio. Pero no lo soy. Por más de 10 años he podido estudiar el fenómeno de las drogas y el narcotráfico en toda América Latina y en Chile en particular. He visto como la guerra contra las drogas ha destruido naciones, matado a miles de personas y corrompido hasta la esquina más remota. Pero por primera vez, está la posibilidad real de avanzar hacia una política más sensata. Por primera vez, al menos, un porcentaje de quienes son injustamente detenidos e incluso encarcelados, podrán ejercer sus derechos en plenitud. Por primera vez, la ley de drogas puede transformarse en una herramienta de salud pública, de igualdad, de compasión.

La contribución de la sociedad civil en esto ha sido enorme. Pagando una serie de costos por hablar de lo que a muchos les incomoda, junto con organizaciones como Movimental, la Red de reducción de Daños, Mamá Cultiva y en particular a Fundación Daya, hemos sido capaces de demostrar bajo el paragüa de una propuesta de Regulación Responsable, que otro camino es posible y que la ley 20.000 puede transformarse en una herramienta que facilite mayor igualdad, en vez de truncarla.

Es evidente que no podemos centrar todo el debate sobre drogas en la cannabis ni menos solo en el auto cultivo. El fenómeno es mucho más complejo y sus aristas más peligrosas tienen que ver con el consumo de drogas entre niños, el tráfico, el crimen organizado y drogas como la cocaína, las pasta base y las drogas sintéticas. Pero este es un paso de mayor relevancia. Una oportunidad para quebrar este paradigma e idealmente, seguir avanzando hacia una sociedad donde a los más débiles y necesitados se les respete, resguarde y proteja. Por que no, incluso soñar con que de una vez por todas la persecución policial y los recursos de investigación, estarán centrados donde realmente está el problema, donde está el poder: Sobre el gran narco.