La Prueba de Selección Universitaria (PSU) terminará su segunda edición este mediodía, con la rendición del examen de Ciencias, al que fueron convocadas 46.745 personas. Al cierre de esta edición, los 228 recintos habilitados para el test funcionaban con normalidad.

Sin embargo, el proceso enfrentó un nuevo llamado a funa de parte de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), que ayer se tradujo en protestas en varios locales, como en la sede de la Universidad de Valparaíso en Reñaca, donde incluso fueron quemados facsímiles.

Todo ello provocó que más de 3.200 personas se quedaran sin dar ese examen de Matemática, que es obligatorio para el ingreso a la educación superior. En todo caso, la cifra equivale solo al 3% de los 111 mil perjudicados que hubo el 6 y 7 de enero.

Sin embargo, el grupo estudiantil afirma que hubo protestas en 57 locales, un quinto de los recintos donde se aplicó esta vez el instrumento.

¿Cómo fue el despliegue de los dirigentes de la ACES? La organización dice que participó directamente en algunas de las manifestaciones, como la intervención que hubo esta mañana en la estación de Metro Los Leones. Pero precisan que muchas protestas fueron espontáneas. Sus líderes Víctor Chanfreau y Ayelén Salgado también habrían participado de alguna de estas acciones contra el examen.

Según Salgado, vocera de la organización, asegura que "nos movilizamos en diversos puntos, pero muchos son estudiantes autoconvocados o vienen de asambleas territoriales y universitarias que se movilizaron, sin tener coordinación".

Un caso ocurrió en el campus Los Leones de la Universidad San Sebastián. Según cuentan algunos de los postulantes, esa sede recibió a los jóvenes que fueron trasladados de La Florida, y quienes protestaron habrían sido los mismos que provocaron incidentes en esa comuna.

La dirigenta, quien quedó inhabilitada para dar la PSU tras las protestas de inicios de mes, detalla que sus movimientos, al igual que los de su compañero Víctor Chanfreau, fueron sigilosos y con asesoría jurídica, debido a las acciones judiciales que pesan sobre ellos por el llamado al boicot.

"No podemos especificar en dónde estuvimos", repite varias veces Salgado. Pero sí cuenta que han tenido varias reuniones -con abogados y sus bases- para ver cómo abordar las querellas, en especial las que invocan la Ley de Seguridad del Estado.

"Están desesperados por criminalizar, entonces el estar protestando afuera de un local, ya implica que podríamos tener una denuncia. Con la asesoría jurídica sabemos qué puede ser peligroso o no, pero los cabros se han movilizado sin miedo", explica.

¿Qué pasa si hay una tercera PSU? Ayelén dice que será la asamblea la que decida si convocarán a una nueva funa. Pero desde ya, afirma que "es ridículo" que se insista con la aplicación. "Por qué no dejan entrar a los secundarios a la universidad… siguen viciando este proceso del que todos están en desacuerdo", plantea.

La situación de Chanfreau

Luego de la denuncia bajo la Ley de Seguridad del Estado, el Ministerio del Interior sindicó a Víctor Chanfreau, uno de los voceros de la ACES, como incitador del boicot realizado el 6 y 7 de enero. Quienes conocen de cerca su caso, aseguran que el joven de 18 años ya comenzó a buscar asesoría jurídica para defenderse de esta causa que, tras la denuncia de La Moneda, ahora investiga la Fiscalía.

Y entre los juristas contactados, aseguran las mismas fuentes, están los nombres de académicos de la Universidad de Chile y otros expertos en materia penal.

Además de esta causa, el estudiante -cuyo nombre es Víctor Harambour Chanfreau- presentó el 15 de enero una querella por las supuestas amenazas muerte que recibió en su contra, a través de redes sociales. La acción legal había sido presentada ante el 7° Juzgado de Garantía, tribunal que tras analizar los antecedentes se declaró incompetente al no poder acreditar que las supuestas amenazas ocurrieron desde Santiago.

"Atendido lo informado por la querellante, en el sentido que no tiene conocimiento del lugar de los hechos materia de la querella y que el único antecedente objetivo dice relación con el acaecimiento en la comuna El Golf, Providencia, Lo Barnechea y Las Condes con antelación al 21 de enero de 2019 (…) me declaro incompetente para conocer de ellos, debiendo remitirse los antecedentes al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago", resolvió la jueza Carolina Gajardo.