Sumario de Contraloría contra siete generales: Circular interna de Carabineros establece “responsabilidad de los mandos” en uso de la fuerza

Mario Rozas.

El documento Nº 1832 de la policía uniformada, firmada en marzo de 2019 por el general director Mario Rozas, establece responsabilidad legal en "los mandos llamados a dictar órdenes, supervisar y/o controlar la legalidad, necesidad y proporcionalidad en el ejercicio de esta por parte de los subalternos". Este texto llegó a manos del ente contralor y fue uno de los sustentos para la formulación de cargos contra los oficiales.




Los cargos formulados por la Contraloría en contra de siete generales del Alto Mando de Carabineros, en el marco de un sumario reservado que indaga eventuales responsabilidades administrativas en el control del orden público durante la crisis social, remeció a la institución. Las notificaciones, realizadas el jueves y que fueron de conocimiento público el viernes tras una publicación de Radio Bío-Bío, provocó que de inmediato el gobierno, a través del ministro del Interior, Víctor Pérez, realizara un respaldo público a la institución.

Por parte de la policía uniformada, la reacción fue similar. Hoy, de hecho, el general director de la policía uniformada, Mario Rozas, agradeció el apoyo del gobierno: “No tengo nada más que agregar, solamente agradecer el respaldo de la autoridad de gobierno, agradecer el respaldo de la comunidad, de la gente de bien, todo nuestro despliegue de control y de prevención desde octubre a la fecha ha sido en situaciones muy adversas”. Y el mismo viernes, la institución en un comunicado señaló que “se aportará la información que permita el desarrollo de las diligencias que realiza”.

A fines de la semana también trascendió que tanto en el gobierno como en Carabineros había sorpresa por las notificaciones relacionadas a este sumario. No obstante, el inicio de este proceso se remonta a mediados de marzo, es decir, seis meses atrás.

En el oficio Nº 6142, con fecha 12 de marzo de este año, el jefe del Departamento de Fuerzas Armadas, Seguridad, Presidencia, Hacienda y Relaciones Exteriores de la Contraloría, Marcelo Córdova, le notificó a Rozas y al Director de Auditoría Interna de Carabineros de la situación. El documento, al cual accedió La Tercera PM, lleva como título “Denuncias por incumplimientos al protocolo para el mantenimiento del orden público y otras materias que se indican serán consideradas en sumario administrativo que esta entidad fiscalizadora realiza en Carabineros de Chile”.

El primer párrafo del oficio señala que el ente fiscalizador, a esa fecha, había recibido “11 denuncias relativas al incumplimiento del protocolo para el mantenimiento del orden público por parte de Carabineros de Chile, al uso excesivo de la fuerza del personal de esa institución, al uso indebido de gases o elementos disuasivos, afectando incluso áreas restringidas o prohibidas para dichos efectos y sobre la utilización de armas de fuego en contra de civiles, entre otras materias”.

Producto de eso, en el segundo párrafo se informó lo siguiente: “En relación con lo anterior, se cumple con informar que este organismo de control ha iniciado un sumario administrativo en Carabineros de Chile destinado a investigar los hechos denunciados y determinar eventuales responsabilidades administrativas que puedan afectar a los superiores y personal de dicha entidad, para lo cual se han remitido a la unidad pertinente las referidas presentaciones, junto con todos los antecedentes de respaldo aportados”.

La circular de Rozas que establece la “responsabilidad de los mandos”

Fue la defensa de tres de los siete generales la que ayer, en una declaración pública, realizó fuertes críticas al rol de la Contraloría en este sumario. Los abogados Sergio Rodríguez, Carlos Cortés y Jorge Martínez —abogados de los generales Mauricio Rodríguez, Enrique Bassaletti y Enrique Monrás— calificaron el sumario de “ilegal” y alegaron que el organismo no “puede entrar a pronunciarse sobre el mérito o la legalidad de una decisión técnica en el uso de medios u personal empleados para el resguardo del orden público”.

Pese a eso, conocedores del proceso sumario aseguran que la Contraloría tiene potestad para realizar esta investigación, ya que Carabineros es parte de los organismos del Estado que deben ser sujetos a fiscalización.

Además, los instructores del sumario se basaron en las propias normas de Carabineros para formular los cargos. Una de ellas es la Circular Nº 1832, firmada por Rozas y despachada el 1 de marzo de 2019, la cual contiene instrucciones para el uso de la fuerza. En sus seis páginas, el documento aborda el marco jurídico, los principios y el uso gradual y diferenciado de la fuerza así como el empleo de armas potencialmente letales.

En el subtítulo “Principios para el uso de la fuerza” se detallan cuatro puntos. El último hace alusión al principio de la responsabilidad. “El uso de la fuerza fuera de los parámetros permitidos por la ley, no solo conlleva las responsabilidades individuales por las acciones y omisiones incurridas, sino también la responsabilidad de los mandos llamados a dictar órdenes, supervisar y/o controlar la legalidad, necesidad y proporcionalidad en el ejercicio de esta por parte de los subalternos”, establece la circular.

Desde Carabineros, en tanto, precisaron lo siguiente. A juicio de la institución, “el principio de responsabilidad de los mandos mencionados en la Circular N° 1.832, de fecha 01.03.2019, se refiere a los mandos directos y operativos, es decir, a quienes participan efectivamente en la planificación y ejecución de los servicios preventivos y de control. Todos los oficiales de Carabineros ejercen mandos, cada cual con sus respectivas atribuciones y responsabilidades según su grado, y no sólo los miembros del Alto Mando, a quienes se les asigna la gestión estratégica de la institución”.

Con todo, el sumario aún está lejos de terminarse. La investigación ya se cerró y los cargos fueron notificados, pero ahora falta que cada uno de los siete generales presente sus descargos. Todo este proceso podría alargarse, debido a que los sumariados podrían solicitar la suspensión de los plazos, invocando la ley que regula los procesos judiciales en pandemia, mientras dure el estado de excepción constitucional.

A pesar de eso, la defensa de los generales Mauricio Rodríguez, Enrique Bassaletti y Enrique Monrás ayer señaló que “tenemos la íntima convicción que no se ha incurrido en responsabilidad administrativa alguna”. Por su parte, el único comunicado oficial de Carabineros también afirmó que contexto del período en cuestión fue de extrema violencia, con 8.957 eventos de graves alteraciones del orden público (...) A pesar de esas dificultades, con Carabineros heridos, cuarteles atacados y vehículos destruidos, nuestra institución mantuvo el compromiso con la paz social y el orden público”.

De esta forma, el sumario sigue en curso y las eventuales sanciones que proponga Contraloría, luego de recibir los descargos de los sumariados, serán aceptadas o rechazadas por el general director Mario Rozas y luego confirmadas o desestimadas por el propio Presidente Sebastián Piñera.

*Esta nota fue actualizada a las 15.23 incorporando la versión de Carabineros.

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