Columna de Pablo Carvacho: Test de drogas para parlamentarios

Test para detectar presencia de drogas en el cuerpo. Foto: AP



Por Pablo Carvacho, director de Investigación y Desarrollo Centro de Estudios Justicia y Sociedad de la Universidad Católica

La implementación del nuevo reglamento que impone realizar un test de drogas a los parlamentarios supone una grave confusión en torno al combate al narcotráfico. El crimen organizado opera a través de la violencia y la intimidación, la capacidad de infiltrar el Estado y corromper a los agentes públicos. Su táctica principal es la del control territorial, lo que le permite desplegar sus operaciones ilícitas. Para eso requiere de armas y dinero. De ahí que su combate debiese apostar por cortar sus fuentes de ingreso e incautar su patrimonio. El desafío es complejo y Chile cuenta con poca experiencia al respecto.

Pero no todo está perdido. El reglamento de la Cámara desarrolla una nueva tesis para el combate al narcotráfico: a través de pruebas aplicadas al azar, se podrá solicitar a aquellos parlamentarios positivos que renuncien a los derechos de salud y hagan púbicos sus resultados. Además, se les exigirá dar acceso a sus cuentas bancarias. Con esto, afirma la nueva tesis de algunos parlamentarios, se podrán observar movimientos financieros sospechosos que vinculen a los legisladores con el narco. Todo esto estará asegurado por las ingentes penas a las que se someterán ante el incumplimiento del reglamento: una sanción que puede ir entre 2% y el 15% de su dieta parlamentaria. De esta forma, parlamentarios corrompidos por el narco -según la tesis del documento aprobado en julio de este año- abrirán sus cuentas y renunciarán a derechos establecidos por ley ante la amenaza de una sanción que puede costarles entre 140 mil y 1 millón de pesos. Así, sus lazos con el narco quedarán expuestos.

Si algún parlamentario de buena fe creyó que una iniciativa como esta podía cumplir un fin preventivo o que permitiría desbaratar bandas tendrá que profundizar en su análisis. De otra forma, una medida como esta no puede sino ser una mezquina fórmula política para estigmatizar a parlamentarios consumidores y vincularlos con el narcotráfico.

El estigma es uno de los obstaculizadores de la recuperación. Esta jugada política sólo profundiza la incorrecta visión de que el problema de drogas se soluciona atacando a los consumidores. Como algunos hechos noticiosos muestran, es hora de que el Estado de Chile, incluyendo a los diputados, se tomen en serio el problema del narcotráfico.

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