Angol fue la ciudad escogida por el fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes, para iniciar ayer una gira de despedida. A casi ocho años de ser nombrado jefe regional del Ministerio Público renunció a su cargo para asumir, el 1 de abril, como jefe de la Unidad de Delitos Violentos de la Fiscalía Nacional. La elección de esa ciudad tiene un significado casi personal: allí -hace unas semanas- la Unidad de Derechos Humanos que él creó, la única que existe en el país, logró la condena de ocho excarabineros por su participación en el homicidio del comunero mapuche Camilo Catrillanca y por las maniobras de altos oficiales que intentaron ocultar el crimen, en uno de los últimos episodios que tensionó a esa Fiscalía con la policía uniformada.

Fueron casi ocho años como fiscal regional de La Araucanía, pero en total han sido 20 años en la zona. ¿Qué hitos destaca de su labor?

Ha sido un período intenso y complejo que comienza con el juicio a Celestino Córdova, con el incendio con resultado de muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay y termina con el juicio a ocho excarabineros vinculados al caso Catrillanca. Eso demuestra la intensidad y complejidad de la persecución penal en esta zona. Entremedio tienes también el episodio del caso Huracán, solo para ir graficando.

Los actores del sistema culpan al resto por la complejidad de los delitos que se persiguen en su zona, atentados incendiarios, los delitos de la denominada violencia rural. ¿Cuál es su análisis?

Cuando postulé a fiscal regional tenía un diagnóstico en el sentido de que había que despersonalizar las investigaciones. Antes era de ordinaria ocurrencia y muy fácil criticar a ciertos fiscales que asumían todas las investigaciones relacionadas con violencia rural, tildándolos de racistas, xenófobos e incluso con amenazas a sus familias, lo cual era pernicioso para ellos y para el sistema. Soy un convencido de que la estructura si bien no determina un resultado, lo condiciona y es importante para la disposición de la persecución estructurar el trabajo. Por eso cuando creé la Fiscalía de Alta Complejidad para asumir -entre otros- estos casos, comenzó la rotación de fiscales y a eso se sumó la creación de la Unidad de Derechos Humanos para abordar las denuncias relacionadas a la vulneración de derechos fundamentales por parte de agentes del Estado en la región.

Esa Unidad investigó el crimen de Catrillanca en que carabineros al principio faltaron a la verdad sosteniendo un enfrentamiento y que no portaban cámaras...

Exacto. Ya a corto andar, por ejemplo, poder asumir lo que pasó con Huracán, donde había vulneración a los derechos humanos, ya que agentes del Estado fabricaron pruebas que mantuvieron presos a un grupo de personas, pero por sobre todo tener esta unidad permitió la investigación y rápida aclaración de lo que sucedió en el caso del crimen de Camilo Catrillanca.

En general, las críticas apuntan a los resultados de las investigaciones, sobre todo en ataques incendiarios. ¿Hay un mea culpa en ese sentido ante las críticas de víctimas?

La contingencia muchas veces opaca que existen buenos resultados investigativos. Sin ir más lejos, al día de hoy, por violencia rural en nuestra región hay 27 personas en prisión preventiva identificadas como autoras o responsables de delitos relacionados que esperan un juicio. En el caso del homicidio del cabo Nain, de octubre del año pasado, hace una semana se formalizó a uno de los responsables y está en prisión preventiva y dos personas que están identificadas se encuentran prófugas de la justicia. Cuando hay espacios protegidos y disposición de buenos equipos de trabajo policial, tiempo protegido de fiscal y experiencia, se puede avanzar en investigaciones.

¿Cuáles son las dificultades, entonces, de encontrar a los autores de estos ataques?

Es cierto, hay dificultades, como las ventajas que representa el hecho de que quienes cometen este tipo de delitos es el conocimiento mejor del campo y de la situación rural, el hecho de que regularmente estos eventos acontecen de noche en despoblados, el que se proveen de medios para favorecer la impunidad, como el fuego, medios que evitan la recolección de evidencias, es una realidad que está ahí y tenemos que hacernos cargo de eso proactivamente. Por una parte, manteniendo canales de capacitación a la policía para el resguardo y mejor trabajo en el sitio del suceso, para el resguardo y debida custodia de la evidencia y también, por supuesto, para poder mejorar la flagrancia de las investigaciones.

En su región no hay condenas por terrorismo, pero sí víctimas que dicen serlo... ¿Qué cree usted? ¿Empatiza con esas personas?

Sí, claro. Es cierto que hay zonas altamente complejas donde hemos visto y constatado este temor de ser víctimas de eventos de esta naturaleza y frente a atentados gravísimos como lo que le pasó al matrimonio Luchsinger-Mackay, o la quema del templo evangélico en su momento. La fiscalía, de manera excepcional, invocó la Ley Antiterrorista. En eso quiero ser superclaro porque es fácil criticar que lo que acá acontece es terrorismo, pero este es un tema técnico y la aplicación que hace la fiscalía es excepcionalísima. Además, contamos con un estatuto legal que es muy antiguo en esta materia y que es objeto de críticas, no hay consenso en torno a la Ley Antiterrorista. De hecho, también el Sistema Interamericano de Derechos Humanos la ha criticado. Como fiscal regional, el año 2014, fui al Congreso a exponer la necesidad de una modificación, de una actualización. He ido en varias ocasiones y, sin embargo, al día de hoy no hay avances en esa materia, ninguno.

¿Falta de voluntad política?

Los tiempos de la legislación son muy distintos. Hemos pedido también una modificación y actualización de todo lo que es usurpación, que este año ha tenido un aumento explosivo, y extorsiones. Tampoco vemos resultados a la fecha. Hemos pedido, a propósito de la sensación de temor de las víctimas en ciertos sectores, poder contar con una legislación integral que pueda dar atención y protección a las víctimas y testigos de estos hechos, la geolocalización y lo que se ve en las películas para proteger a las personas, acá no existe.

Usted dice que los tiempos legislativos no van acorde a lo que la fiscalía requiere. ¿Está en manos del legislador la solución a los conflictos de La Araucanía?

El problema que existe es tremendamente complejo, excede con creces el ámbito de la persecución penal. Esa es mi primera convicción.

¿Es político?

Es un problema que tiene una dimensión política, económica, social y también una dimensión cultural, de cómo el Estado se relaciona con el pueblo mapuche, partiendo por ahí; donde los fenómenos de violencia son el último eslabón de este gran conflicto y donde la intervención del Estado es acotada porque lo que nos corresponde es solucionar un caso en concreto, no las causas o el fenómeno en conjunto. Cuando abordamos un fenómeno en concreto, nuestra obligación es tratar de identificar qué pasó ahí y quién es el responsable de lo que pasó. Pero, en este gran problema, lamentablemente, como ciudadano primero y como autoridad regional luego, no hemos visto que haya avances significativos.

Hay inyección de recursos y un programa especial, un delegado presidencial, incluso, para los problemas de la Macrozona...

Claro, pero como fiscales tenemos que cumplir nuestro rol: investigar los delitos con las deficiencias legislativas que son conocidas, tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo, pero también reconociendo, cuando se nos hace una crítica, que no hemos sido reforzados como Ministerio Público para abordar este fenómeno. Las policías sí cuentan con nuevo contingente, regularmente cada vez que piden más dotación y más recursos les dan, pero el Ministerio Público no ha sido fortalecido para abordar fenómenos de criminalidad organizada como los que se ven acá.

Un juez planteó que en La Araucanía no hay terrorismo, que es centro turístico, que la gente no vive con miedo. ¿Lo comparte?

Dar una opinión generalizada no corresponde porque es una cuestión técnica de caso a caso. Lo que sí puedo decirle es que aquí hay eventos excepcionales y gravísimos en los cuales la fiscalía ha tenido la convicción de que se enmarcan dentro de la Ley Antiterrorista. En esos casos han sido los tribunales quienes han dicho en algunos casos que no hay terrorismo, en otros que sí y la Corte Suprema luego dijo que no. Sería deseable, como ciudadano, como fiscal, contar con una legislación moderna que fuera ampliamente respaldada y que pudiera posibilitar las investigaciones y persecución en todo el país de esta clase de delitos.

Uno de los hitos de su labor fue la Operación Huracán. Usted denunció a carabineros por fabricar pruebas que se usaron para detener a inocentes. ¿Cómo lo recuerda?

Soy reacio a construir una épica. La fiscalía lo único que hizo fue su pega, pero paralelamente se fue instalando, a través de diversos episodios, una suerte de conflicto y de crisis entre instituciones, que no era tal. Seguimos en todo Chile trabajando con Carabineros. Ellos mismos nos decían ‘fiscal, qué vergüenza lo que está pasando’. Ahora, ¿Cómo lo recuerdo? Como un período muy difícil, complejo y tenso, que tiene algunos episodios que son derechamente vergonzosos para la historia.

¿Cómo cuáles?

Cuando abrimos la investigación y de inmediato se entregó a la Unidad de Derechos Humanos para investigar estos hechos porque estimamos que lo que había pasado era un atentado contra los derechos humanos. Se había atribuido participación a personas que eran inocentes en delitos. ¿Qué pasó? Cuando llegamos a allanar hubo un despliegue de vehículos blindados de Carabineros alrededor, que fue un momento álgido, muy tenso. Otro episodio oprobioso fue el intento de algunos policías por probar que Antorcha existía, la declaración de un general en servicio activo diciendo que los fiscales estábamos amparando a delincuentes, a violentistas. ¿De qué estamos hablando? Un general en servicio activo que hace esto. A título personal, en una escala más íntima y más humana, hubo episodios de hostigamiento, de seguimiento a mi persona, que ya ni siquiera es necesario ahondar, pero que motivaron que tuviera que estar con protección policial durante largo tiempo. Ya en lo anecdótico lo que se pidió por mandos de Carabineros de esa época, que el FBI hiciera un peritaje, cuestión que es absolutamente ilegal que una repartición externa y foránea pueda hacer eso, y no olvidemos que esa petición fuera avalada por la autoridad política de la época.

Les sirvió esa experiencia para dudar luego de versiones inconsistentes de carabineros ante el crimen de Camilo Catrillanca, donde de nuevo se mintió...

No digo nada más que lo obvio. En el momento en que se recibe la información por parte de la policía somos los primeros afectados porque tenemos que cumplir, primero con dar la cara, cuando presentamos personas ante tribunales, de la seriedad de la investigación y damos fe de la información que nos entrega la policía. Este tipo de episodios merman esa credibilidad y confianza, que a fin del día es un daño no solo a la relación que puede haber entre Carabineros o cualquier policía y la fiscalía, sino que debilita el sistema y eso es un daño para todos.

¿Hay una autocrítica por el procedimiento en Temucuicui que terminó con un detective muerto?

Han habido un montón de críticas en cuanto a la oportunidad, el despliegue mismo, etc. Hay que entender dos cosas. No hay buenos o malos momentos para realizar operativos de esta envergadura. En segundo lugar, el hecho de que coincidiera con la lectura de la sentencia del veredicto del caso Catrillanca fue una contingencia que no fue posible prever porque ese veredicto se pospuso varios días y quedó para el día siguiente, cuando el operativo policial ya estaba programado. Creo que el episodio y que terminó con un policía muerto revela lo complejo que es investigar y actuar como agentes del Estado en zonas como esta. Si un contingente de 800 policías no pudo materializar todas las órdenes de entrada y registro y todas las incautaciones que se preveían, eso es revelador. Si hay diversos policías que resultaron heridos con armas de fuego y uno de ellos falleció porque fue repelida su presencia, eso es revelador de que hay un poder de fuego en algunos lugares que inhibe la actuación o hace difícil el actuar de la policía.

Se criticó a las policías y hubo poca incautación de marihuana...

Se logró incautar más de 1.200 plantas de marihuana, y lo que se dice es “solo son 1.200”, pero en nuestra región el año anterior, en toda la región se incautaron 4.000 plantas y el año anterior a ese, 500 plantas, es una incautación que revela que hay, por lo menos en algunos lugares al interior de ciertas comunidades, plantaciones que son significativas.

Y qué piensa de eso...

Creo que el Estado de derecho debe hacerse efectivo en todos los sectores. Soy partícipe del Estado, soy un funcionario público que tiene un rol. Dirigimos las investigaciones y si esas investigaciones alcanzan a personas que viven en comunidades, lo que esperamos es que la policía pueda y deba actuar, es el estado de derecho, nada más.

¿Cuáles son sus desafíos en su nuevo cargo?

Quiero instalar la idea de que cuando se obtiene un buen resultado no es por el particular talento de un fiscal. Cuando se obtiene un buen resultado es un logro del sistema, porque hay un equipo detrás, porque hay policías comprometidos para hacer las cosas bien. Un resultado exitoso no es el triunfo de un fiscal, es el triunfo de un trabajo de la fiscalía con la policía, así como también considero que es injusto que se nos critique cuando hay un revés judicial, tipo “la fiscalía fracasa en esto”, porque también es el fracaso de un equipo policial. La experiencia de la región también indica que cuando hay equipos calificados de la policía, dirigidos por fiscales que cuentan con tiempo protegido para ciertas investigaciones graves, se pueden obtener resultados. Sería ideal contar con un reforzamiento de la fiscalía, que no ha recibido ningún refuerzo en estos años para abordar el fenómeno de la violencia rural y uno de los desafíos es coordinar las acciones de las Fiscalías Regionales que persiguen delitos en la Macrozona Sur para mejores resultados investigativos, es decir lo que nos mandata la ley.