El 16 de diciembre del año 2000, en las regiones de Coquimbo y La Araucanía, se inició lo que abogados y expertos en Derecho chilenos llaman la última “política pública de Estado que se consolidó en el país”: la Reforma Procesal Penal, que dejó atrás el modelo inquisitivo de persecución de delitos, cambiándolo por uno adversarial, público y más transparente.

Un cambio de paradigma que en 2005, con su puesta en marcha final en la Región Metropolitana, se consolidó como una reforma indispensable, ya que el sistema antiguo tenía prácticas que no sólo eran insostenibles a ojos del derecho internacional; también nos dejaban como el país más atrasado en materia de justicia penal a nivel continental.

En el sistema inquisitivo que rigió en Chile hasta antes de la reforma, el juez era el gran protagonista: acusaba, investigaba y dictaba sentencia. Como recuerdan los juristas de la época, los procesos se llevaban en enormes expedientes cosidos a mano, cuyo contenido era secreto y que en muchas oportunidades se extraviaban, alargando por años las resoluciones. En este modelo, además, la víctima estaba relegada a un segundo plano y los victimarios sin recursos sólo podían acceder a la defensa de abogados que hacían su práctica en la Corporación de Asistencia Judicial.

Con la llegada de la Reforma Procesal Penal, el juez pasó a ser una figura imparcial; los procesos se hicieron orales, eliminando el exceso de papeleo. Se creó una figura especial y autónomo –El Ministerio Público– para la investigación de los delitos, y otra –la Defensoría Penal Pública– para la representación de los acusados.

Pero lo que más llamó la atención de los chilenos en esa época –al punto que Televisión Nacional emitió entre 2003 y 2006 una serie de llamada “Justicia para todos”, que explicaba a través de casos ficticios cómo funcionaba el nuevo sistema– fue la instauración de los llamados “juicios orales”, donde representantes de las víctimas y victimarios debían presentar pruebas, interrogar testigos y entregar la mayor cantidad de detalles que permitieran al juez tomar su decisión final.

El primer caso que se juzgó bajo la nueva reforma fue el de un hombre acusado en Coquimbo de haber entrado a un negocio a robar dos bebidas, luego de amenazar a sus dueños con un machete. Por esa razón, el 19 de diciembre de 2000 fue formalizado e imputado por el delito de robo con intimidación.

Su juicio oral se realizó tres meses después, el 21 de marzo de 2001, en “una sala atiborrada de gente”, como recuerda el artículo “CHispitas y CHimentos del primer juicio oral de la Reforma Procesal Penal”, escrito por el periodista de la Defensoría Penal de Coquimbo Daniel San Martín.

El texto recuerda que el Ministerio Público pidió 20 años de presidio para el acusado, mientras que sus defensores abogaron por “una sanción justa” para su representado.

“Un mes antes de la fecha fijada para el juicio oral, los defensores iniciaron la preparación del juicio de sus vidas, que les significó alto consumo de café, nicotina y extensas horas de estudio jurisprudencial de domingo a domingo”, cuenta la nota, que relata cómo los abogados lograron dar con el “Pocho”, un testigo que aseveraba que el acusado nunca robó las bebidas, sino que sólo amenazó al matrimonio que atendía el negocio.

El problema fue que el “Pocho” nunca llegó al juicio oral. Sin embargo, los defensores tenían otra carta bajo la manga: ¿por qué el acusado querría robar dos bebidas si su papá hace diez años que trabajaba en una empresa productora de gaseosas y en su casa estas nunca faltaban?

Finalmente, el acusado fue sentenciado sólo por el delito de amenazas. Claro que, como cuenta Daniel San Martín en su texto, no fue la última vez que se le vio por tribunales. Pasó varias veces por ahí, hasta que fue asesinado en 2013 en una quitada de drogas.

Dos millones de delitos y un sistema sobrepasado

Desde el año 2000 hasta ahora ha pasado mucha agua bajo el puente. No sólo para el Sistema Procesal Penal, sino también para la naturaleza de los delitos que hoy se cometen en el país.

Si bien es cierto, se siguen robando bebidas todos los días en algún lugar de Chile, los fiscales y defensores también se han debido enfrentar a una nueva escena: el aumento de delitos violentos y ligados al crimen organizado, y también otro tipo de delitos de alta connotación pública, como el llamado “Caso SQM”, que tiene aristas penales, pero también políticas y económicas.

¿Está a la altura el sistema actual de estos desafíos?

“Este año se van a cometer dos millones de delitos en este país. El año anterior fue 1.800.000. Hay una cifra ascendente de delitos que ningún sistema, por excelente que sea, podría asimilar”, explica el expresidente de la Corte Suprema Milton Juica, uno de los protagonistas de la Reforma Procesal Penal y actual académico y director del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Andrés Bello.

Juica, quien fue parte del seminario “25 años de la Reforma Procesal Penal: balances y desafíos”, organizado por la UNAB, advirtió en ese encuentro que hoy, el número de jueces, es insuficiente, “y por eso uno se explica que los fiscales no puedan judicializar más que el 30% de estos dos millones de delitos”.

“La Reforma Procesal Penal ha andado bastante bien, conforme a las razones para las que se diseñó, es decir, para hacer las cosas más rápido y ofrecer mayores garantías a los intervinientes. Pero nunca nadie imaginó que pudiese haber tantas causas nuevas, como las que se produjeron después de haberse instalado el procedimiento de Reforma”, agregó, y luego se refirió al caso SQM como “un gran ejemplo que demuestra que hay ciertas causas que a lo mejor el sistema no está en condiciones de asumir”.

Para el abogado Cristián Maturana, quien fue presidente de la Comisión para la Reforma Procesal Civil –que aún sigue pendiente desde 2012– y también muy cercano al proceso de la Reforma Procesal Penal, “no ha existido ningún otro proyecto que haya tenido el equipo, los recursos, la legislación, el trabajo en equipo, que se haya podido consolidar. Y eso es la mejor demostración”, aseguró durante su intervención en el seminario organizado por la Facultad de Derecho de la UNAB.

Sin embargo, añadió, “cuando se hizo esta reforma no había crimen organizado, no había terrorismo, no había lavado de activos. Ahora se combaten organizaciones y se persiguen a empresas por la comisión de delitos”.

A juicio de Maturana, los desafíos son varios, partiendo por un indispensable replanteamiento del Código Penal, que si bien ha tenido varias reformas sigue estando más alineado con el antiguo sistema inquisitivo. Otro es “la mayor eficiencia y la menor duración de los juicios orales”, a propósito de casos como SQM o la actual “Trama bielorrusa”, donde la tramitación de las causas ha sido excesiva, atentando contra el propio sistema. Específicamente en el caso SQM la investigación se extendió por más de 10 años, incluidos los dos que duró el juicio.

Un tercer factor que influye es que nuestra justicia actual sea “cárcel centrista” en vez de estar orientado en la rehabilitación o, mejor aún, en la prevención del delito. Un punto con el coincidió el abogado Rafael Prado, excoordinador nacional de la Reforma Procesal Penal y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado

“Tenemos un problema enorme. Sobrepoblación penal, demandas de infraestructura, las tasas de encierro más altas de América Latina y una sobreutilización de la presión preventiva en penas de corta duración. Hay una asimetría que tenemos que arreglar, porque tiene costos”, dijo Prado. Uno de ellos es que se sabe que muchas de las carreras de los delincuentes se intensifican mientras están en la cárcel.

“Lo que pasa en las cárceles es crítico; todas las grandes organizaciones criminales se han gestado dentro de las cárceles, como el Comando Vermelho, en Río de Janeiro, o el Tren de Aragua, en Venezuela”, aseguró.

Ante este escenario urge la figura contemplada en el modelo inicial de la reforma: la de los jueces de ejecución de penas que hagan seguimiento de una parte del proceso que hoy está completamente descuidado, advirtió el abogado.

“Cuando la gente escucha hablar de la reforma procesal penal, lo que cree que está en discusión es cómo hacemos más eficiente la persecución del delito. Esa dimensión es la que se debe tener en debate. No podemos esquivar ese bulto”, finalizó.