La defensa de Nicolás Maduro aseguró este miércoles que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, está “interfiriendo” en la capacidad del exmandatario venezolano para “contratar un abogado”.

Esto luego de que la OFAC, que ya había sancionado a Maduro y su círculo confiscando propiedades y congelando sus cuentas bancarias, entre otras medidas, denegara una licencia para que el Gobierno de Venezuela pagara la representación legal de Maduro y su esposa Cilia Flores, ambos detenidos en Nueva York.

“Durante la comparecencia inicial y la lectura de cargos, el Tribunal solicitó a la Fiscalía de Estados Unidos que colaborara con los abogados defensores en relación con las licencias de la OFAC para garantizar que los abogados puedan representar a sus clientes con celo y de manera plena”, señaló el defensor del expresidente venezolano, Barry Pollack, en una carta dirigida al juez Alvin Hellerstein, quien lleva el caso.

En la misma, Pollack detalló que el 7 de enero la defensa de Maduro y su esposa presentó a la OFAC “solicitudes de licencia (que) buscaban específicamente la autorización para representar a sus respectivos clientes y aceptar fondos del gobierno de Venezuela para sus respectivas representaciones”, de acuerdo a lo previsto en la legislación venezolana.

Luego, el letrado relató que, dos días más tarde, “la OFAC otorgó ambas licencias”. “Sin embargo, menos de tres horas después, la OFAC, de oficio y sin dar explicaciones, modificó la licencia relacionada con la representación de Maduro”, apuntó, señalando que la versión modificada “no autoriza el cobro de costas de defensa por parte del Gobierno de Venezuela”.

Algo que para Pollack es más que preocupante, porque, como indicó, la oficina dependiente del Departamento del Tesoro ha otorgado en las últimas semanas “varias licencias que permiten a ciudadanos estadounidenses realizar transacciones comerciales con el Gobierno de Venezuela o entidades estatales venezolanas, en las que la denegación de la licencia carecería de validez constitucional”.

Sin embargo, y pese a que la defensa de Maduro solicitó el 11 de febrero el restablecimiento de la licencia original, la OFAC “no ha respondido” a su petición.

La defensa explicó entonces “que el Gobierno de Venezuela tiene la obligación de pagar los honorarios de Maduro, que éste tiene la expectativa legítima de que el Gobierno venezolano lo haría y que, de otra manera, no puede costear un abogado”.

Por ello, subrayó que “al no permitir que el Gobierno de Venezuela pague los costos de la defensa de Maduro, la OFAC está interfiriendo con la capacidad de Maduro de contratar un abogado y, por lo tanto, con su derecho, conforme a la Sexta Enmienda, a un abogado de su elección”.

“El abogado que suscribe ha hablado con los fiscales federales adjuntos asignados a este caso para informarles sobre estos hechos”, reza la misiva, en la que Pollack advierte de que “no solicita actualmente ninguna medida cautelar ante el Tribunal, sino que simplemente desea informar” al juez.

Aunque adelantó que “si la OFAC no atiende la solicitud de restitución de la licencia original o la deniega, Maduro presentará una moción formal en los próximos días solicitando dicha medida”.

Al tiempo que aclaró que “si el Tribunal prefiere discutir este asunto con las partes antes de presentar las mociones”, la defensa del dirigente venezolano estará “a su disposición cuando le sea conveniente”.

El depuesto mandatario latinoamericano fue capturado junto a su mujer el pasado 3 de enero en una incursión militar estadounidense que dejó más de un centenar de muertos, para luego ser trasladados y encarcelados en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn.

El dirigente chavista, que está acusado de cargos relacionados con el narcotráfico, se declaró no culpable ante un tribunal federal de Nueva York, mientras que el Ministerio de Exteriores venezolano pidió esta semana la liberación de él y Flores, asegurando que Maduro aún es el “presidente constitucional” del país.