Bachelet sostiene que en Venezuela “aún hay mucho camino por recorrer en favor de las garantías fundamentales”

Foto: Michelle Bachelet

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dio cuenta de 166 restricciones indebidas recopiladas entre mayo de 2021 y abril de 2022, entre las que ha citado “la estigmatización, la criminalización y las amenazas contra las voces disidentes”. No obstante, valoró las reformas iniciadas por el gobierno de Maduro en relación a la justicia y la policía


La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, destacó este miércoles las reformas iniciadas por el gobierno de Venezuela en relación a la justicia y la policía, aunque afirmó que “aún hay mucho camino por recorrer en favor de las garantías fundamentales”.

Bachelet alentó a las autoridades venezolanas a que implementen cambios estructurales de largo plazo y llamó a que las iniciativas legislativas se apoyen en “consultas genuinas” con la sociedad civil, según un comunicado compartido por Naciones Unidas.

En este sentido, aplaudió la disolución de las Fuerzas de Acción Especial de la Policía Nacional después que su oficina lo recomendara por su Oficina, objetando que “abre la puerta a más cambios duraderos como el fortalecimiento civil de las fuerzas de seguridad”.

Por otra parte, la Alta Comisionada agregó que el gobierno de Nicolás Maduro mostró “un espíritu de cooperación” con su oficina.

“Sigo instando a que se lleven a cabo investigaciones independientes, exhaustivas y oportunas, con las debidas garantías procesales, que conduzcan a la rendición de cuentas de todos los perpetradores, independientemente de su rango, y a la reparación completa para las víctimas y sus familias”, apuntó Bachelet.

Asimismo, reconoció que las condiciones en los centros de detención han mejorado, después de que un equipo del Alto Comisionado visitara 21 prisiones en el país, entrevistando a más de 259 detenidos.

Con respecto al espacio cívico y democrático, Bachelet dio cuenta de 166 restricciones indebidas recopiladas entre mayo de 2021 y abril de 2022, entre las que ha citado “la estigmatización, la criminalización y las amenazas contra las voces disidentes”.

“Sigue preocupando el uso de la legislación antiterrorista y contra la delincuencia organizada contra el trabajo legítimo de los defensores de los Derechos Humanos y los trabajadores de los medios de comunicación. Estas prácticas deben cesar”, puntualizó Bachelet.

También reiteró su respaldo a un diálogo social entre el Gobierno y la oposición, “con liderazgo venezolano”, instando a que se retomen las conversaciones “dándole prioridad a la participación de las mujeres y tomando como base los derechos humanos y el Estado de Derecho.

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