Condenan a exvicepresidente argentino a cinco años y diez meses de prisión por cohecho

Amada-Boudou
Foto: EFE

Además deberá pagar una multa de 90 mil pesos argentinos y quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos.


El exvicepresidente argentino Amado Boudou (2011-2015) fue declarado culpable de cohecho y negociación incompatible por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4, y con ello deberá cumplir una condena de cinco años y diez meses. 

Además deberá pagar una multa de 90 mil pesos argentinos y quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos.

De acuerdo al diario La Nación, el exmiembro del gobierno de Fernández será detenido hoy. 

La justicia también dictaminó que su socio José María Núñez Carmona, también deberá cumplir una condena de cinco años y medio en cárcel. Mientras que Nicolás Ciccone estará encarcelado por cuatro años y seis meses.

Durante la audiencia se declaró víctima de una persecución por haber querido "transformar la realidad" del país, en sus últimas palabras en el juicio negó haber cometidos los delitos por los que estaba siendo investigado.

"Los políticos que caminan por el carril que los poderosos deciden caminan sin problemas, los que deciden transformar la realidad son perseguidos inicialmente en forma mediática y después a través de parte del sistema de administración de leyes", remarcó quien fuera compañero de fórmula de Cristina Fernández.

La Justicia dictó su veredicto en la causa contra el también exministro de economía (2009-2011) y otros cinco acusados por la presunta compra irregular de la imprenta de dinero Ciccone.

La Oficina Anticorrupción (OA) argentina, que depende del Gobierno, y la Fiscalía pidieron que el exvicepresidente sea condenado a cinco años y medio de prisión por esta causa.

Según expresó en su intervención Boudou, la Argentina de 2018 "es un país mucho más injusto" que el que terminó en 2015, cuando Mauricio Macri venció en las elecciones al candidato propuesto por Fernández, Daniel Scioli.

"Mucho más injusto para millones de personas, y quizá algunos seamos castigados por esto, perseguidos por esto, bienvenido sea, porque justamente quienes administran el sistema judicial, quienes nos dedicamos a la política y ocupamos cargos públicos lo tenemos que hacer para entender la justicia en forma global", subrayó.

"Y poder separar las persecuciones de los hechos, los dichos de las pruebas, las historias de las realidades", aseveró.

En su opinión, desde el comienzo del juicio, en octubre de 2017, "la carga de la prueba estuvo invertida", ya que "había que probar que uno no conocía a alguien, que uno no estuvo en reuniones, algo que es materialmente casi imposible y sin embargo se pudo hacer".

"Porque hay un relato construido y alrededor de ese relato se organizó no este tribunal sino el devenir mismo", sentenció, convencido de que en este proceso oral "muchas cosas quedaron aclaradas y desbaratadas".

En la investigación judicial se estableció que Boudou, junto a su socio José María Núñez Carmona, habían adquirido la empresa quebrada Ciccone Calcográfica -luego denominada Compañía Sudamericana de Valores- mientras el primero era ministro de Economía.

Esa compra se realizó, según la instrucción, a través de la sociedad The Old Fund de Alejandro Vandenbroele -supuesto testaferro de Boudou- con el fin último de contratar con el Estado nacional la impresión de billetes y documentación oficial.

Ya a mediados de 2010, un juzgado comercial declaró la quiebra de Ciccone por deudas en concepto de impuestos, pero la Justicia levantó la quiebra tres meses después, a solicitud de la propia empresa, tras haber negociado un plan de pagos con el Fisco, y quedó en manos de The Old Fund.

En el expediente se relata que Boudou, aprovechando su condición de funcionario público, y Núñez Carmona acordaron con los dueños de la imprenta la cesión del 70 % de la firma a cambio de la realización de los actos necesarios para que esta pudiera volver a operar y contratar con la administración pública.

Se acusa así al exvicepresidente de implicarse de forma directa en el trámite de un plan de pagos al Fisco, y de intervenir para que se levantase la quiebra de la empresa y obtener así el certificado fiscal para contratar con el Estado.

"Jamás negocié por mí ni a través de terceros el 70% del paquete de Ciccone", destacó este martes Boudou.

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