Fiscalía de Bolivia admite demanda contra expresidenta Jeanine Áñez por muertes ocurridas en protestas tras el Golpe contra Evo Morales

La expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, enfrenta un nuevo juicio de la justicia de su país. Foto: La Tercera/Archivo

El recurso judicial ha sido presentado por un grupo de víctimas y familiares de las 20 personas que perdieron la vida en una violenta represión de las fuerzas de seguridad, según indicó el director del Servicio de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI), dependiente del Ministerio de Justicia boliviano, Tito Tornero. Agregó que la demanda la interpusieron ciudadanos que "han perdido a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, a algún familiar por esta represión que fue avalada, autorizada y coordinada por la autoproclamada presidenta”.




El fiscal nacional de Bolivia, Juan Lanchipa, admitió este lunes una demanda contra la expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez y ha iniciado una investigación por delitos de “genocidio, lesiones y muertes” en las protestas postelectorales de 2019 en Sacaba, departamento de Cochabamba y Senkata, en la ciudad de El Alto, los días 15 y 19 de noviembre de ese año.

Los hechos sucedieron cuando arreciaban las manifestaciones en las calles de ese país, con miles de ciudadanos exigiendo respeto a la victoria del expresidente Evo Morales, luego que las elecciones fueran anuladas ante denuncias de presuntas irregularidades, que terminaron con la renuncia del mandatario y que significaron la asunción al poder de la abogada Áñez.

La demanda ha sido presentada por un grupo de víctimas y familiares de las personas que perdieron la vida en una violenta represión de las fuerzas de seguridad, según ha indicado el director del Servicio de Asistencia a la Victima (SEPDAVI) dependiente del Ministerio de Justicia del país, Tito Tornero.

“Queremos comunicar de manera pública que la anterior semana se presentó una demanda en contra de Jeanine Añez Chávez por los hechos acaecidos en 2019 (...) Esta proposición la firman más de 20 personas que han perdido a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, a algún familiar por esta represión virtual que ha sido avalada, autorizada y coordinada por la autoproclamada presidenta”, dijo Tornero según recoge un comunicado del Ministerio de Justicia.

A fines de junio, la defensa de la expresidenta presentó “más de 50 pruebas” para refutar las acusaciones de terrorismo, sedición y conspiración que pesan contra ella por su rol en el marco de la crisis política de 2019 y por las que está en prisión preventiva desde hace más de cien días.

Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se desplazaron al país latinoamericano para investigar las muertes de Sacaba y Senkata, localidades ubicadas en Cochabamba y El Alto, respectivamente. En un informe preliminar, la CIDH ya calificó la represión en ambas ciudades de “masacres”.

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