El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha promulgado este lunes una ley aprobada por el Parlamento que amplía las competencias para imponer estados de excepción y permite desplegar a las Fuerzas Armadas en el marco de la ola de protestas y fuertes disturbios que sacuden el país latinoamericano desde hace casi 40 días.

La nueva legislación establece que el estado de excepción tendrá que realizarse por decreto especificando su alcance territorial, duración, medidas extraordinarias autorizadas e instituciones responsables de su ejecución.

La medida -que tuvo el visto bueno de la Asamblea Legislativa en la víspera y que ya fue aprobada por el Senado- también determina una vigencia máxima de hasta 90 días con posibilidad de ampliación únicamente mediante autorización de la Cámara.

En la práctica, amplía las competencias del presidente, Rodrigo Paz, para declarar el estado de excepción y facilitar así el empleo de las Fuerzas Armadas en la represión de las protestas, que desde hace más de un mes mantienen bloqueada la región de la capital, La Paz, para exigir la dimisión del mandatario.

“Promulgo esta norma porque está bajo la lógica de defender a las grandes mayorías frente a aquellos que nos quieren atacar e irrumpir este proceso democrático, este proceso constitucional”, ha expresado el presidente Paz tras firmar la legislación.

Paz ha instado así a “progresar” y hacer crecer la economía boliviana, pero priorizando la seguridad. “Si alguien entra a tu casa, si alguien viola a tu hija, si alguien te roba, tú le pides al Estado que te proteja y el Estado tiene que actuar para proteger a los bolivianos y bolivianas”, ha aducido.

“No puede haber bolivianos de primera y de segunda. No puede haber bolivianos que estén por encima de la ley, por encima de nuestra democracia y nuestra Constitución. No puede haber bolivianos que porque tengan recursos del narcoterrorismo puedan cambiar decisiones de diferentes organizaciones o bloquear decisiones de diferentes organizaciones de nuestro país”, ha agregado.

El mandatario ha indicado además que “la seguridad está en peligro cuando el narcoterrorismo” o “las prioridades de ciertos sectores que no son favorables” a la democracia, la Constitución y el “desarrollo libre de la patria”, se ponen por delante de los intereses de la sociedad boliviana.

“Me sorprende que haya autoridades o algunos portavoces de algunas organizaciones políticas que ante la violencia de fuerzas del narcoterrorismo, con armas de fuego, atacando a la sociedad civil, atacando al Estado representado en nuestra Policía Nacional, se preocupen más porque haya habido confrontación entre civiles”, ha cuestionado, instando a apoyar a las fuerzas de seguridad.

Este lunes se cumplen 39 días desde que estallaron las grandes protestas en La Paz, que se han ido extendiendo a otras partes del país, con enfrentamientos con las fuerzas policiales y el levantamiento de cerca de 100 bloqueos, la mayoría de ellos en La Paz y Cochabamba, bastión político del expresidente Evo Morales.

Gobierno acusa a Evo Morales

El Gobierno de Bolivia ha acusado este lunes al expresidente de enviar autobuses hacia La Paz para “generar violencia y caos”. La cartera de Obras Públicas ha publicado dos videos en los que cinco autobuses parten supuestamente desde uno de los bloqueos levantadas en la carretera que une Oruro con La Paz, “con personas enviadas por Evo Morales (...) para generar violencia y caos” mientras cierran el paso a productos de primera necesidad.

A la huelga indefinida convocada por la Central Obrera Boliviana (COB), el principal sindicato del país, se han sumado los bloqueos de carreteras liderados, en parte, por colectivos campesinos y rurales.

En un primer momento, los manifestantes exigían mejoras de vida y de condiciones en sus sectores, en medio de la honda crisis social y económica que viene arrastrando el país en los últimos años, si bien con el paso de los días han establecido como condición la renuncia de Paz.

Por su parte, el expresidente Morales ha denunciado este lunes que dirigentes de la COB están siendo detenidos de manera ilegal, así como sometidos a torturas por parte de las fuerzas de seguridad. “Como en tiempos de las dictaduras militares y del Plan Cóndor”, ha escrito en sus redes sociales.

“Condenamos estos graves atropellos y convocamos a la Defensoría del Pueblo y a los organismos de Derechos Humanos de la comunidad internacional a realizar un seguimiento riguroso de estos hechos, en defensa del pueblo boliviano, la dignidad humana y el Estado de derecho”, ha instado Morales.