El Gobierno de Venezuela, liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, notificó formalmente este viernes al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, su decisión “firme e irrevocable” de abandonar el Estatuto de Roma e iniciar su retirada “definitiva” de la Corte Penal Internacional (CPI).

“Venezuela considera que la actuación de la corte responde a un sesgo geográfico demostrado, que ha concentrado su labor de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos, en detrimento del Sur Global”, indicó el ministro de Relaciones Exteriores, Félix Plasencia González, en un mensaje publicado en redes sociales.

En ese sentido, explicó que este “patrón” por parte de la corte -también conocida como Tribunal Penal Internacional (TPI)- revela “una justicia internacional que, lejos de aplicarse con equidad, ha sido instrumentalizada para profundizar las desigualdades entre los pueblos y desconocer su derecho a la autodeterminación y a la soberanía”.

“Este sesgo no es una simple coincidencia procesal, sino el reflejo de una institución que ha puesto sus mecanismos al servicio de intereses ajenos a la justicia y a los pueblos que dice proteger”, dijo Plasencia sobre una decisión que se tomó en virtud del artículo 127 del Estatuto de Roma.

Por ello, Caracas rechazó dicha “dimensión de lawfare (guerra judicial), que perpetúa la persecución contra el pueblo venezolano y agrava las desigualdades que la justicia internacional debería corregir”.

“Reiteramos nuestro compromiso con una justicia genuinamente equitativa, respetuosa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos”, finalizó.

La directora de Investigación, Incidencia, Políticas y Campañas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas, recordó que esta medida “no borra sus obligaciones ni pone fin a la búsqueda de justicia”, alegando que “ningún Estado puede utilizar su retirada de la CPI como un escudo contra la justicia”.

“Esta es otra señal alarmante del rechazo continuo del Gobierno venezolano al escrutinio internacional y ahora se unen a los esfuerzos autoritarios por debilitar uno de los principales mecanismos de rendición de cuentas por los crímenes más graves del Derecho Internacional”, expresó.

Asimismo, Guevara-Rosas reiteró que “este tipo de decisiones no anulan las obligaciones jurídicas ya existentes ni afectan los procesos y responsabilidades derivados de hechos ocurridos mientras el Estado era parte del Estatuto de Roma”.

“Las víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Gobierno tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Ese derecho no desaparece por una decisión política”, afirmó la directora.

Para luego agregar: “Por el contrario, este anuncio refuerza la importancia de proteger la independencia de la CPI y de garantizar que los responsables de crímenes de derecho internacional rindan cuentas”, instando después al mundo a “responder con firmeza y “dejar claro que la impunidad nunca puede ser la respuesta”.

La campaña de Rubio contra la CPI

Hace un par de días, como consignó El País, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, declaró en un artículo publicado en The Wall Street Journal que Estados Unidos se había propuesto desmantelar la Corte Penal internacional, “ladrillo a ladrillo si es necesario”.

“Esto es solo el comienzo. Utilizando todas las herramientas a disposición de nuestro Gobierno, trabajando codo a codo con cada aliado con quien podamos unir fuerzas, desmantelaremos la CPI”, escribió Rubio en ese artículo.

Una afirmación que luego fue respaldada por un comunicado del Departamento de Estado norteamericano que describió a la corte como una “amenaza para la soberanía estadounidense” y prometió inhabilitar de forma sistemática la capacidad del tribunal de operar y de perseguir a militares o funcionarios de Estados Unidos.

La campaña de Rubio y su cartera contempla sanciones, revocación de visados y presión sobre los 125 países firmantes del Estatuto de Roma -que dio origen a la CPI- para que se retiren del organismo que persigue el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y el delito de agresión.