La administración de Donald Trump ha profundizado su cooperación en materia de seguridad con Ecuador en un esfuerzo por responder a la creciente violencia en el país y a los grupos del crimen organizado que operan en toda la región. Pero esta colaboración se estaría dando en un contexto marcado por “graves violaciones” de derechos humanos cometidas por fuerzas ecuatorianas, ataques con drones contra embarcaciones pesqueras cuyo origen sigue sin esclarecerse, y la desaparición de varios pescadores, denunció Human Rights Watch (HRW) en un informe publicado este martes. El Congreso norteamericano debería examinar urgentemente estos incidentes y la relación de cooperación en materia de seguridad entre ambos países, aconsejó la ONG que investiga y denuncia abusos contra los derechos humanos en más de 90 países.

El informe de 80 páginas, titulado “Una alianza peligrosa: Abusos, preguntas sin respuesta y la cooperación en seguridad entre Estados Unidos y Ecuador”, documenta tres incidentes en los que varias personas fueron sometidas a abusos, incluidos ataques con drones, tortura y detención arbitraria. En un cuarto caso, una embarcación pesquera y la mayor parte de su tripulación desaparecieron en circunstancias que apuntan a un posible ataque. “Cada uno de estos incidentes se relacionan de alguna manera con la alianza de seguridad entre Estados Unidos y Ecuador o plantean interrogantes sobre su responsabilidad que ninguno de los dos gobiernos ha respondido adecuadamente”, denuncia la ONG.

En una operación que Estados Unidos describió como “conjunta”, soldados ecuatorianas torturaron y detuvieron arbitrariamente a cuatro trabajadores agrícolas y, posteriormente, quemaron y bombardearon una finca lechera. En otros incidentes, drones de origen desconocido atacaron dos embarcaciones pesqueras, hiriendo a varios tripulantes. Una tercera embarcación continúa desaparecida, asegura el reporte.

Entre marzo y junio de 2026, los investigadores de Human Rights Watch entrevistaron a 62 personas, incluidas víctimas de abusos, así como abogados, testigos, miembros de las comunidades afectadas. Los investigadores revisaron y analizaron más de 100 fotografías y videos proporcionados por abogados y personas entrevistadas o publicados en redes sociales, así como imágenes satelitales, datos de monitoreo de embarcaciones, datos de detección de incendios, documentos médicos y judiciales.

El primer incidente se refiere a una operación militar en San Martín, en la frontera con Colombia, entre el 1 y el 6 de marzo de 2026, que funcionarios estadounidenses han descrito como “conjunta”. Si bien ni Estados Unidos ni Ecuador han revelado el papel específico de las fuerzas de cada país en la operación, Human Rights Watch concluyó que las fuerzas ecuatorianas detuvieron arbitrariamente y torturaron a cuatro nacionales colombianos que trabajaban en una finca, incendiaron tres propiedades que al parecer no tenían conexión alguna con grupos del crimen organizado y, posteriormente, atacaron dos de esas propiedades con municiones lanzadas desde el aire.

Cuando los soldados ecuatorianos llegaron a una finca en San Martín, los trabajadores no tenían motivos para sospechar lo que estaba por ocurrir. Lo que siguió fueron golpizas, descargas eléctricas y ejecuciones simuladas. Sus testimonios, junto con los de otros miembros de la comunidad, revelan actos de tortura y destrucción indiscriminada llevados a cabo por las fuerzas ecuatorianas que operaban en conjunto con Estados Unidos, señala HRW.

“Me echaban agua y luego me pringaban”, dijo un trabajador, refiriéndose a descargas eléctricas. “Me desmayé dos veces al menos”, agregó. Él y otra víctima describieron cómo soldados ecuatorianos los amenazaron con cortarles los dedos o arrancarles las uñas con alicates para obligarlos a confesar donde estaban las caletas y las armas. “Me apuntaron con la pistola. Me la rastrillaron y me la martillaron, pero no había tiros”, dijo uno de ellos.

Horas más tarde, los hombres fueron puestos en libertad cerca de un hospital, sin que las autoridades les hayan formulado cargos.

Ataques con drones

Los otros tres incidentes se refieren a la desaparición, en enero, de la embarcación pesquera Fiorella y de gran parte de su tripulación, así como a ataques con drones armados contra las embarcaciones pesqueras La Negra Francisca Duarte II y Don Maca en marzo, todos ellos frente a la costa de las Islas Galápagos.

Entre enero y marzo de 2026, tres embarcaciones pesqueras ecuatorianas-Fiorella, La Negra Francisca Duarte II y Don Maca- desaparecieron o fueron atacadas mientras operaban en el Pacífico. El 20 de enero, Fiorella desapareció junto con la mayor parte de su tripulación. El 17 y el 26 de marzo, tripulantes de La Negra Francisca Duarte II y de Don Maca, respectivamente, dijeron haber sido atacados por drones armados.

Los sobrevivientes de La Negra Francisca Duarte II y de Don Maca señalaron que, tras los ataques, subieron a bordo de una embarcación azul y blanca que se encontraba cerca, donde nacionales estadounidenses armados y vestidos con uniformes de estilo militar con insignias de la bandera de Estados Unidos, los detuvieron y los entregaron a la Guardia Costera salvadoreña.

“Yo estaba en la bodega, enhielando pescado, cuando sentí la primera explosión”, recordó un tripulante de Don Maca, un barco que pescaba frente a la costa de Ecuador. Él y otros tripulantes describieron cómo los drones atacaron su embarcación pesquera a finales de marzo de 2026, dejando a muchos heridos.

Dijeron que un barco con bandera de Estados Unidos se les acercó. Una vez a bordo, hombres a quienes describieron como personal armado de Estados Unidos, los esposaron, los encapucharon y los empujaron hacia la cubierta del barco, donde a algunos les ordenaron sentarse y a otros arrodillarse. El personal les preguntó sus nombres y los detuvo durante aproximadamente ocho horas sobre una cubierta metálica caliente. Algunos dijeron que escucharon o vieron al personal destruir su embarcación y las lanchas de apoyo que la acompañaban. El personal los entregó a la Guardia Costera salvadoreña, que los llevó a El Salvador. Se les permitió regresar a Ecuador 10 días después, a principios de abril.

Mientras tanto, ocho tripulantes de otra embarcación pesquera, Fiorella, siguen desaparecidos desde el 20 de enero junto con su embarcación. Dos tripulantes que se encontraban pescando lejos de la embarcación cuando esta desapareció dijeron que perdieron contacto con el capitán de Fiorella alrededor del mediodía y que más tarde vieron lo que parecía ser una columna de humo a lo lejos. Horas más tarde, regresaron a la última ubicación conocida de la embarcación, pero no encontraron rastro alguno de Fiorella ni de su tripulación.

El Departamento de Defensa y la Guardia Costera de Estados Unidos han negado cualquier participación en estos incidentes, y las autoridades ecuatorianas ni siquiera han confirmado que hayan ocurrido. Trece sobrevivientes entrevistados por Human Rights Watch dijeron que, tras los ataques, fueron detenidos a bordo de un barco por personas a quienes identificaron como nacionales estadounidenses que estaban armados y vestían uniformes de estilo militar.

“La cooperación en seguridad entre Estados Unidos y Ecuador ha sido demasiado opaca y peligrosa para los ecuatorianos”, afirmó Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. “El Congreso de Estados Unidos debe exigir respuestas claras y salvaguardias efectivas antes de que se cause más daño”, afirmó.

El informe de la ONG señala que el gobierno de Estados Unidos y la administración del presidente Daniel Noboa en Ecuador deben adoptar medidas inmediatas para aclarar su papel en los incidentes descritos en este informe, así como detalles esenciales sobre la naturaleza de la alianza, el rol de las fuerzas estadounidenses y qué salvaguardias se han incorporado a sus operaciones conjuntas para garantizar derechos humanos.

La administración de Noboa también debe reconsiderar su determinación sobre la existencia de un “conflicto armado” en el país y concentrar sus esfuerzos en fortalecer las capacidades del sistema judicial para combatir el crimen organizado, añade HRW.

Asimismo, solicita que el Congreso de Estados Unidos debe exigir que la administración del presidente Trump brinde respuestas claras a las numerosas preguntas en torno a su cooperación en materia de seguridad con Ecuador. También debería examinar si esa cooperación cuenta con salvaguardias adecuadas, dado el “creciente número” de violaciones de derechos humanos de la administración del presidente Noboa, enfatiza.

“Tienen que esclarecer este caso, para que esto no vuelva a suceder”, dijo un miembro de la comunidad de San Martín, donde se produjeron los bombardeos en tierra. “O quién sabe a quién le puede tocar después”.

“Las operaciones conjuntas contra el crimen organizado no deben convertirse en una excusa para cometer abusos”, señaló Goebertus.