En el fuero interno del gobierno, y si de un semáforo se tratase, el proyecto de ley que crea el nuevo sistema de Financiamiento para la Educación Superior (FES) y busca superar el Crédito con Aval del Estado (CAE) es uno de los que están pintado con amarillo, es decir, con posibilidades -mas no seguridad- de lograr ser aprobado en el Congreso antes de que se acabe el mandato el 11 de marzo de 2026.

El FES, de hecho, está a la par de otros que el Ejecutivo aspira a que vean la luz legislativa -sin certezas de que ello ocurra- antes de traspasar el poder, como el proyecto de eutanasia. En verde, en tanto, ya estaría “pintada” la reforma electoral aprobada hace dos semanas.

Ocurre que incluso el devenir del FES divide miradas en las esferas del gobierno: mientras unos creen que políticamente es difícil que logre ser tramitado en esta administración, hay otros que son más optimistas y ven que haciendo un par de ajustes técnicos sí podría avanzar. “A menos que la derecha vote que no porque no, no debería caerse”, creen estos últimos.

El tema es que el FES, hasta hoy, mantiene resistencia en ciertos sectores no solo parlamentarios, sino de especialistas y universidades, muchos de los cuales tienen ascendencia directa en el Congreso, como el rector de la UC, Juan Carlos de la Llera, que sigue crítico del proyecto tal y como está.

Pero, además, al Ejecutivo empieza a jugarle en contra el factor tiempo: hoy quedan 153 días para que culmine el mandato del Presidente Gabriel Boric. Es decir, al gobierno, el mismo que nació en las movilizaciones estudiantiles y que tuvo como una de sus banderas para llegar a La Moneda la superación y condonación del CAE, le quedan apenas cinco meses cronológicos para lograr quizás si su promesa más significativa, la misma que fue presentada recién en octubre pasado, bien avanzado el mandato.

Pero el tiempo que queda, en realidad, es mucho menos. Primero, porque hay que descontar el receso de febrero. Segundo, porque de las 16 semanas de trabajo que podrían considerarse de este año, cuatro son territoriales. De esas 12 restantes hay que sacar prácticamente todo lo que queda de este mes, porque recién el 29 de octubre se llevará a cabo un seminario sobre FES organizado por la Comisión de Educación del Senado y en el que cada senador podrá convocar a dos expertos para exponer sus puntos de vista sobre el proyecto. Esa instancia, originalmente, iba a ser el 14 de octubre, pero se terminó corriendo y, con ello, el calendario para el Ejecutivo se apretó aun más. La explicación que dan en el Senado es que no había disponibilidad de salones para hacerlo antes de esa fecha y en medio hay una semana regional, aunque en el oficialismo son suspicaces por la conveniencia de seguir dilatando la tramitación. “Mientras más encima de las elecciones, más le conviene a la derecha”, se ha analizado en el sector oficialista.

Como sea, lo cierto es que todo ese contexto implica que el gobierno tendrá nueve semanas para terminar la tramitación, asumiendo internamente que los primeros días de marzo de 2026 es muy difícil que esto se siga tramitando. “Tiene que ser este año”, dicen en las huestes gubernamentales.

Y aunque el Presidente Boric tiene la facultad de, indicando motivos, pedir la citación a sesionar a cualquiera de las ramas del Congreso, lo que ya utilizó para la votación de la reforma de pensiones en enero, según la programación interna del gobierno las indicaciones para resolver los nudos que sigue teniendo el proyecto no serán presentadas sino hasta después del seminario del 29 de octubre, lo que implica sumar algunos días para trabajarlas. Sin considerar, claro, que los senadores puedan abrir más espacios para recibir a actores interesados en exponer sobre el FES considerando que hace una semana ya había 13 solicitudes de audiencia de rectores y centros de estudio. La idea del Ejecutivo, hasta ahora, es presentar indicaciones habiendo recogido esas observaciones, porque en caso contrario podrían quedar desfasadas.

“Que calcen las indicaciones con el seminario, porque si no la discusión política va a avanzar más rápida que el seminario”, dijo, de hecho, hace algunos días el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, quien profundizó que “como Ejecutivo queremos ponernos bien de acuerdo en el esquema de ajustes al proyecto antes de comenzar la tramitación. El seminario es un buen espacio que permitiría desarrollar una discusión más amplia y profunda”.

Y es que el tiempo, además, es escaso para el gobierno para resolver los dos nudos relevantes que quedan: la sostenibilidad financiera que las instituciones han dicho se pone en riesgo y, por otro, la fórmula en que los beneficiarios retribuirán el beneficio, tanto en tiempo como en cantidad.

Lo primero, creen en los ministerios involucrados en el proyecto, se resuelve abriendo la discusión del copago, hoy permitido solo para el décimo decil en el proyecto del Ejecutivo, donde saben que es un tema esencial y quizás si lo que genera mayor resistencia a la propuesta. Y es que aunque han sido insistentes en retrucar que mientras no se logren acuerdos en el impacto real del FES en las instituciones educativas, el copago, si bien es una alternativa, no es la única. Pero lo cierto es que ya se ha asumido que se deberá incluir, lo que se analiza hacer ampliándolo hasta el séptimo decil con las normas actuales de la gratuidad, o bien, con una regulación específica. Tampoco se descarta buscar acuerdos incluyendo fondos institucionales ya existentes con inyección de recursos o incluso fondos nuevos, algo que Boric ya dijo en su última cuenta pública.

El segundo nudo, el de la retribución -criticada porque ciertos beneficiarios podrían terminar pagando más de lo que costó formarlos-, en el gobierno ven que se resuelve mejorando el límite de la obligación de pago que ya presentó como indicación a inicios de septiembre. Ahí se estableció que el límite es cuando el beneficiario cumpla requisitos copulativos: una vez pagado el 90% del tiempo que se tenía que pagar y si a esa fecha ya se pagó 3,5 o más veces el arancel regulado de su carrera, multiplicado por la cantidad de años que tomó el FES. La crítica que se ha instalado es que eso sigue siendo demasiado, a pesar de que sí reduce la cantidad de personas que pagarían más de lo que costó formarlas. La idea, según reseñan entendidos en la materia, está rondando en reducir el tope a un máximo de sobrepago de 2 o 1,5 veces.

La mirada del Congreso

Con todo, en la interna, sobre todo del Mineduc, sí hay confianza en que esta propuesta prospere. Ven que, como responsables de llevar la discusión fina con los senadores de la Comisión de Educación, así como con los rectores de universidades, el proyecto ha ido sumando adeptos y resolviendo los reparos. Y, además, en el ámbito político creen que se ha ido asumiendo que si esto no se resuelve ahora será un verdadero problema para el próximo gobierno, sea cual sea su color. En La Moneda, en cambio, son más cautos y no se aventuran en que esto sea así porque, además de todo lo ya expuesto, hoy por hoy la atención de casi todo el Parlamento se la está llevando la discusión presupuestaria.

Al respecto, la senadora Yasna Provoste (DC), integrante de la Comisión de Educación, señala que la agenda educacional de las próximas semanas “estará centrada en el diseño del Presupuesto 2026″ y que, en tal sentido, “son muy preocupantes las rebajas a la educación inicial, a la Junaeb y sus programas de apoyo escolar, incluso en educación superior la eliminación del programa de apoyo a las entidades de la Educación Superior Regional”. Todo eso, añade, “debe ser resuelto antes del 30 de noviembre, por lo que no veo espacio para tramitar un proyecto complejo como es el FES”.

Por su parte, el senador Juan Castro Prieto (PSC), miembro de la misma comisión, dice que si bien el Ejecutivo está interesado en que así sea, “no es un tema que se resuelva rápido. Vamos a escuchar a rectores, que están muy preocupados y todos quieren participar, pero es algo que no va a ser tan rápido como el ministro (Cataldo) quisiera, aunque debo reconocer que ellos han hecho un buen trabajo y quieren sacarlo adelante, pero tenemos que lograr que sea un proyecto razonable”.

¿Antes de marzo? El senador ahonda que es complejo, contextualizando que hoy el Congreso está “en plena discusión del Presupuesto, las salas están con poca gente por eso, además hay hartos proyectos que están dando vueltas y cuesta avanzar, porque este es uno de los proyectos más complejos. Además, vienen las elecciones, otro factor, entonces lo veo muy difícil, tendría que haber un buen acuerdo, meternos semanas enteras a trabajar en esto -que hay disposición-, pero lo veo complejo porque no se pueden tomar decisiones a la rápida”.

La diputada Emilia Schneider (FA), miembro de la misma comisión en la Cámara, cree que el proyecto tiene que “avanzar cuanto antes, la ciudadanía lleva mucho tiempo esperando por una solución al endeudamiento educativo. El proyecto que condona estas deudas y crea el FES es importantísimo, y hago un llamado al Senado a darle máxima prioridad en su tramitación, porque es una mejora concreta para la vida de muchas personas”.

Del mismo modo, la diputada Camila Rojas (FA) cree que la discusión en la Cámara permitió que el proyecto que llega al Senado cuente “con todas las condiciones de un amplio espectro político” y que, con eso, “la discusión en el Senado debiese ser más celera”. Y cierra: “Voy a trabajar para que esto se apruebe durante este gobierno. Y creo que es parte de las prioridades que también el gobierno tiene”.

Mientras, la diputada Marcia Raphael (RN), también de la comisión, dice que “mientras el gobierno intenta apurar la tramitación del FES para dejar un sello ideológico en la educación superior, en las aulas seguimos viendo hechos tan graves como el ataque incendiario a un profesor en un liceo emblemático. No hay seguridad, no hay foco en la calidad ni en la convivencia escolar, pero sí hay urgencia para un proyecto que busca más un legado político que una mejora real para nuestros estudiantes”. Además, suma que este proyecto “no es ninguna solución a la eliminación del CAE, como prometió el Presidente Boric; por el contrario, termina endeudando a los jóvenes por 20 años”.

Desde la Subsecretaría de Educación Superior, en tanto, señalan que el gobierno “mantiene plena convicción en que el fin al CAE será ley durante esta administración” y que para ello están trabajando “activamente” en la construcción de acuerdos con todos los actores del sistema de educación superior, entre ellos el CRUCH, y con el Congreso, “porque avanzar hacia un nuevo financiamiento es una prioridad para el país y para la ciudadanía”.