Este viernes, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió a trámite una querella presentada por la Municipalidad de Santiago por porte injustificado de combustible y elaboración de artefacto incendiario, hechos ocurridos al interior del Instituto Nacional el año pasado, con la aparente complicidad de dos profesores del plantel.

La actual administración comunal decidió presentar la acción judicial tras un reportaje de El Líbero publicado el 3 de diciembre, en el cual la actual administración municipal tomó conocimiento al día siguiente.

En la publicación se señala que la directiva del recinto envió en septiembre de 2024 un informe a la Dirección de Educación Municipal de Santiago donde se informó sobre un hecho ocurrido entre el 9 y el 10 de agosto de ese año, en el marco de los preparativos de una visita del Presidente Gabriel Boric al establecimiento.

El 9 de agosto funcionarios del Departamento de Informática del Instituto Nacional levantaron una alerta debido a hechos ocurridos en el estacionamiento del colegio, donde se identifica a dos jóvenes sacando bolsas de gran volumen desde dos vehículos, que pertenecían a dos profesores del establecimiento, identificados como F.L.G.A y M.A.J.T.

La acción judicial detalla que los jóvenes mencionados “en una maniobra que denota una concertación previa y acceso facilitado a bienes privados”, se dirigieron a otro vehículo, marca Hyundai, modelo Veloster, al cual subieron, permanecieron adentro algunos minutos y luego descendieron cargados de bolsas, para dirigirse a la puerta de salida del estacionamiento, que conecta el Instituto Nacional.

“Cabe destacar que dicho acceso es de uso exclusivo para funcionarios y se mantiene cerrado, requiriendo llave para su apertura, lo que confirma que los sujetos contaban con los medios de acceso proporcionados por personal interno”, afirma el texto.

Al día siguiente, los objetos que habrían ingresado al recinto quedaron al descubierto por la avanzada de seguridad presidencial previo a una visita del Presidente Gabriel Boric. La escolta, dice el documento presentado por el municipio dirigido por Mario Desbordes (RN), detectó prendas, lienzos, diluyente -utilizado como acelerante para artefactos incendiarios-, hondas, mascarillas y pistolas plásticas, en un subterráneo del CEINA, un sector colindante y conectado al establecimiento.

Estos, se encontraban nuevos, lo que, supone el municipio, coincide con el ingreso detectado previamente.

La acción penal sostiene que “pese a contar con la información detallada sobre el ingreso de los sujetos, la identificación de los vehículos de los docentes involucrados y el hallazgo de material incendiario y armas por parte de la seguridad presidencial, no se realizó la denuncia correspondiente ni se instruyeron las medidas administrativas o penales que la gravedad de los hechos ameritaba”.

Así, de acuerdo al documento, se busca que el Ministerio Público indague “respecto de si existen antecedentes de encubrimiento, en los términos del artículo 17 C.P., respecto de la directiva de la época del Instituto Nacional que tomó conocimiento de estos hechos y no los informó a la Municipalidad, o en caso contrario, respecto de funcionarios municipales que no dieron cuenta a la autoridad de estos hechos”.

Por lo mismo, se solicita tomar declaración en calidad de testigos a una serie de funcionarios del Instituto Nacional. entre porteros, inspector general, encargado de Convivencia Escolar y otros.

También se pide tomar declaración en la calidad que la justicia determine a los profesores sindicados en el libelo, como también a la exrectora, Carolina Vega y al exdirector de Educación Municipal, Rodrigo Roco.

Tras acogerse la querella, el municipio señaló que “con la admisión a trámite resuelta por el Séptimo Juzgado de Garantía, los antecedentes serán derivados al Ministerio Público, que deberá continuar las diligencias, determinar responsabilidades y esclarecer si existió participación directa, facilitación o encubrimiento por parte de quienes tenían la obligación legal de denunciar".