Un asunto que la oposición le ha cobrado en varias ocasiones al gobierno del saliente Presidente Gabriel Boric ha sido el tema de la crisis de migraciones. De hecho, a propósito del cambio de mando, el diputado Frank Sauerbaum (RN), quien asumirá como director del Servicio Nacional de Migraciones (Sernamig) con la llegada de José Antonio Kast a La Moneda, ha sostenido que la actual administración no ha cumplido con la ley y solo ha expulsado a un grupo pequeño de extranjeros que mantenían órdenes de detención.

El aún director del Sernamig, Luis Thayer, ha defendido la gestión, enfatizando en que han mantenido un trabajo constante para expulsar a quienes corresponde y normalizaron el funcionamiento del servicio.

Como sea, las cifras dan cuenta de que el escenario sigue siendo desafiante, pues a la fecha se acumulan 75.352 órdenes de expulsión administrativas que siguen pendientes. Las más antiguas, de acuerdo con cifras reportadas por el Sernamig, datan de 2016.

Si bien las deportaciones no se han detenido, durante la gestión de Boric sí disminuyeron 32% respecto del periodo presidencial anterior.

Durante la segunda gestión de Sebastián Piñera se expulsaron 6.668 migrantes, mientras que en actual periodo han sido 4.544.

Desde el oficialismo señalan que en los últimos cuatro años se aumentó considerablemente (67%) el número de expulsiones administrativas, que son las que dispone la autoridad política. Antes, la mayoría de las ejecutadas (80%) eran las dictadas por los tribunales.

La imposibilidad de aumentar el número de expulsiones, según comentan desde el Servicio de Migraciones, está dada principalmente por dos factores. Primero, la mayoría de los sujetos que tienen orden dictada son de nacionalidad venezolana (el 50% de las órdenes emitidas los últimos 10 años son respecto de oriundos de ese país), y al estar las relaciones interrumpidas con dicho gobierno no habría opción de materializarlas.

Y segundo, porque el presupuesto es limitado. En 2025 el Sernamig tuvo un presupuesto para expulsiones que ascendía a $3.882.492.000 y, en promedio, la deportación de una persona cuesta $2.956.000. O sea, el año pasado se podría haber expulsado un máximo de 1.313 personas, lo que si bien revela un margen respecto de lo realmente realizado, aseguran, es menor.

Por ello, sostienen que se requieren mayores recursos y mayor capacidad en la Policía de Investigaciones (PDI), pues cuando se detiene a un sujeto con orden de expulsión pendiente solo se le puede retener por cinco días, y a veces las coordinaciones para concretar los vuelos tarda más que esa ventana de tiempo. De igual forma, agregan que la policía civil no tiene la suficiente dotación para detectar y detener personas con órdenes pendientes.

En agosto de 2023 entraron en vigencia modificaciones realizadas a la Ley 21.325, sobre Migración y Extranjería, lo que hizo que el plazo que la PDI podía mantener retenida a la persona pasara de dos a cinco días, y además se habilitó como mecanismo de notificación válido el correo electrónico y la carta certificada. Antes era obligación que fuese presencial.

En este escenario, Thayer releva el aumento de las expulsiones administrativas. “El 2025 es el año con más expulsiones de este tipo ejecutadas de los últimos 8, y el año que le sigue es el 2024. Hemos tenido una baja paulatina, sin embargo, en las expulsiones judiciales ejecutadas, porque desde 2022 la ley impide expulsar a condenados por tráfico de drogas con condenas bajas. Hemos querido cambiarlo pero no ha habido acuerdo en el Congreso", dice.

“Para que la próxima administración pueda aumentar este volumen y acercarse a materializar las casi 80 mil expulsiones dictadas, tiene tres desafíos complejos pero muy claros: aprobar el proyecto de ley que permite expulsar a traficantes, en trámite desde 2022; retomar las relaciones consulares con Venezuela para poder expulsar a ese país y aumentar los recursos y las herramientas de las policías para detectar y detener a las personas con orden de expulsión. Estos años se ha avanzado pero aún hay brechas”, subraya.

Órdenes administrativas

A la fecha hay 75.352 expulsiones administrativas que no se han ejecutado y que fueron dictadas desde 2016. De ellas, como destacan desde la actual administración, el 60% se emitió entre marzo de 2022 y febrero de este año.

Como indican desde el Sernamig, el año 2024 marca un punto de inflexión debido a la implementación del nuevo procedimiento de notificación y a la digitalización del flujo administrativo del procedimiento: ese año y el siguiente, las órdenes aumentaron exponencialmente. En 2023 se dictaron 1.465, en 2024 fueron 12.472, y al año siguiente 23.778.

Las órdenes despachadas durante 2025, según las cifras, representan el 32% del total acumulado en la década y más de un tercio de todas las expulsiones administrativas dictadas desde 2016.

De acuerdo con los registros del Ejecutivo, en aproximadamente un 90% de los casos las órdenes de expulsión se dictan por ingreso irregular, lo que corresponde a una falta y no a un delito.

“Para este gobierno ha sido una prioridad hacer más eficientes las expulsiones y fortalecer el trabajo de las policías. El inicio de cerca de 90 mil procedimientos y la firma de más de 45 mil órdenes de expulsión, junto a los cambios normativos impulsados y la incorporación de herramientas digitales para el control migratorio en terreno, dan cuenta de esa urgencia”, señala el director nacional del Sernamig.

Y agrega: “Resolvimos problemas fundamentales de la institución y estamos dejando una institucionalidad más preparada para resolver de manera efectiva los desafíos que tiene el país”.