A un mes de haber asumido el mando, el gobierno del Presidente José Antonio Kast enfrenta un escenario complejo en la opinión pública, según los resultados de la última encuesta Plaza Pública de Cadem.

El sondeo revela que un 52% de los encuestados considera que la actual administración ha sido peor de lo que esperaba, mientras que un 33% cree que ha estado en línea con sus expectativas y solo un 14% estima que ha sido mejor.

El estudio también muestra que la aprobación presidencial se mantiene en 42%, frente a un 53% de desaprobación, cifras que no presentan variaciones significativas respecto a la medición anterior.

Pese a ello, un 55% cree que Chile va por mal camino, mientras que un 36% opina lo contrario.

En cuanto a las expectativas, un 52% de los encuestados se declara pesimista sobre el futuro del país, frente a un 44% que mantiene una visión positiva.

Cambio en las prioridades ciudadanas

Uno de los principales hallazgos del sondeo es el giro en las prioridades ciudadanas. La economía y el empleo pasan a liderar las preocupaciones con un 65% (+24 puntos), desplazando a la seguridad, que por años ocupó el primer lugar y ahora queda en segundo con un 56% (-5 puntos).

Más atrás aparecen temas como la pobreza y desigualdad (15%) y la corrupción (12%). En tanto, otras áreas pierden relevancia, como la inmigración (10%, -11 puntos), la salud (6%, -5 puntos) y la vivienda (4%, -9 puntos).

Las áreas mejor evaluadas del gobierno son las relaciones internacionales (44%), defensa (42%) e inmigración (40%).

Sin embargo, las críticas se concentran en sectores clave: la lucha contra la delincuencia y la economía registran ambas un 54% de desaprobación, seguidas por medioambiente (56%), educación (57%) y comunicaciones (62%), esta última como la peor evaluada.

Agresión a ministra Lincolao

La encuesta también abordó la percepción ciudadana tras la agresión sufrida por la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, en Valdivia durante una visita a la Universidad Austral.

Un 79% de los consultados calificó el hecho como muy grave, mientras que un 19% lo consideró poco o nada grave.

Respecto al origen del incidente, un 46% cree que se trató de una acción organizada con motivación política, mientras que un 42% lo atribuye a una manifestación estudiantil que se desbordó.

En cuanto a posibles sanciones, existe un amplio respaldo a medidas severas: un 70% está de acuerdo con expulsar a quienes destruyeron infraestructura, un 67% a quienes intentaron agredir físicamente a la ministra y un 62% con revocar la gratuidad a estudiantes que participen en actos violentos. Además, un 50% apoya sancionar a quienes profirieron insultos.

En el mismo tenor, un 81% considera que Carabineros debió intervenir de manera inmediata durante los incidentes, mientras que un 58% estima que los ministros deberían contar con mayores niveles de seguridad.