La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este lunes, en votación general, un proyecto de ley que modifica la Ley 18.961, norma orgánica constitucional que rige a Carabineros, con el objetivo de autorizar el porte permanente de las armas de cargo por parte de sus funcionarios.

La iniciativa obtuvo 82 votos a favor, 20 en contra y 3 abstenciones, lo que permitió su avance legislativo, aunque aún resta una discusión en particular.

El proyecto establece que la institución deberá proporcionar a cada carabinero un arma de cargo, la cual será de propiedad fiscal y será entregada para su tenencia y porte permanente, tanto al interior de las unidades como fuera de ellas.

Se trata de una modificación al régimen vigente, que hasta ahora restringe el porte del arma a funciones oficiales y al horario laboral, dejando sin una base legal expresa a quienes debían enfrentar eventuales riesgos fuera de servicio.

La propuesta también consagra que el armamento será de uso exclusivo e intransferible de cada funcionario, recayendo en él la responsabilidad por su cuidado y custodia.

Las características técnicas de las armas, los requisitos para su uso y los protocolos de manejo -incluida la eventual devolución- quedarán establecidos en un reglamento que deberá dictarse una vez que la ley esté vigente. Con ello, el Ejecutivo y la institución de Orden Público tendrán la tarea de definir estándares operativos claros para una aplicación segura y uniforme en todo el país.

Disminuir la criminalidad

Durante el debate en Sala, legisladores que respaldaron la iniciativa enfatizaron que los niveles de criminalidad y violencia registran una presión creciente sobre el trabajo policial y que, en ese contexto, “no es razonable que un funcionario quede desarmado fuera de servicio”, considerando que su función tiene una naturaleza permanente y no se agota con el turno.

A su juicio, permitir el porte continuo fortalece la capacidad de reacción ante delitos flagrantes y mejora la protección personal de quienes cumplen labores de alto riesgo.

En ese mismo eje, los parlamentarios argumentaron que la reforma no implica militarizar a la ciudadanía, pues el porte permanente no se extiende a civiles, sino que se concentra exclusivamente en personal institucional, con formación, protocolos y control interno.

Otro aspecto destacado apuntó a la coherencia de la medida con la necesidad de fortalecer la dotación policial y de dotar a la institución de herramientas acordes a las exigencias actuales.

La discusión incluyó referencias al rol de Carabineros como garante del orden público y la seguridad, y a la responsabilidad del Estado de proveer condiciones adecuadas para el uso legítimo de la fuerza cuando la ley lo exige.

Desde el punto de vista jurídico, los autores del proyecto sostuvieron que el régimen actual deja un vacío de protección para el funcionario fuera de su jornada, y que si bien existen autorizaciones administrativas internas para el porte en días “de franco”, era necesario elevar esa facultad a una norma de jerarquía legal.

Pese al respaldo mayoritario, la tramitación no está cerrada. El texto regresó a la Comisión de Defensa de la Cámara debido a la presentación de indicaciones, donde se revisará artículo por artículo.